Contra la censura
Nueva ley cibernética brinda a Cuba otra manera de silenciar a los críticos, dicen los analistas
MADRID - Recientemente Cuba ha introducido nuevos controles sobre el contenido en línea contrario a los intereses nacionales, una medida descrita como "orwelliana" por los medios independientes y activistas.
El Decreto-Ley 35 se aprobó la semana pasada, luego de las mayores protestas contra el gobierno en décadas, en las que los cubanos pidieron mejores condiciones de vida en medio de las dificultades económicas y la pandemia. Los detalles de los disturbios se extendieron en parte debido a las redes sociales.
La nueva ley está dirigida a contenidos o mensajes que La Habana considere noticias falsas, ofensivas o que puedan incitar a actos “que alteren el orden público”. En virtud de ella, todo aquel que intente “subvertir el orden constitucional” será considerado un ciberterrorista.
También se ha creado un canal especial para que los ciudadanos informen sobre cualquier persona que infrinja la ley.
"Nuestro Decreto 35 va en contra de la desinformación y las mentiras cibernéticas", citó Reuters al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
El presidente cubano culpó de las protestas del 11 de julio a una campaña en línea que, según dijo, fue liderada por contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos.
Hasta ahora, las sanciones por violar las regulaciones no se han hecho públicas, pero se cree que el gobierno multaría a los infractores, dijo un periodista radicado en Cuba que solicitó el anonimato.
Medidas "orwellianas"
Medios independientes dentro de Cuba y analistas han dicho que el decreto es similar al totalitarismo descrito en la novela '1984' de George Orwell, en la que Gran Hermano controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.
“Este decreto es una forma de silenciar cualquier voz crítica en Cuba, que pudo haber existido luego de 62 años de gobierno comunista”, dijo a la Voz de América Normando Hernández, del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa. La organización con sede en Miami apoya a los medios de oposición en la isla.
Están tratando de crear el mismo mundo totalitario que describió George Orwell en 1984 o Rebelión en la granja"Bertrand De La Grange, editor jefe del portal 14ymedio
“Es una forma de acabar con toda libertad de expresión. Significa que incluso si convocas una reunión, esto puede interpretarse como ciberterrorismo. Cualquier contenido que el gobierno interprete en contra del gobierno puede ser visto como un delito”, dijo.
No se han reportado arrestos bajo la ley. Pero Hernández dijo que muchos cubanos ya temen violar la legislación y están evitando publicar en plataformas de redes sociales.
Bertrand De La Grange, editor jefe en Madrid del sitio web cubano independiente 14ymedio, dijo que el nuevo decreto es "orwelliano".
"Están tratando de crear el mismo mundo totalitario que describió George Orwell en 1984 o Rebelión en la granja", dijo a la VOA.
De La Grange consideró que el gobierno introdujo más restricciones a la libertad de expresión en respuesta a las mayores manifestaciones desde la década de 1990, que en parte fueron causadas por críticas por la alta tasa de coronavirus.
“El hecho de que el régimen esté haciendo esto demuestra que está a la defensiva. No resuelve ninguno de los principales problemas. La situación del COVID-19 es mucho peor de lo que dicen los medios oficiales”, agregó.
Hasta el sábado, Cuba tiene más de medio millón de casos confirmados y 4.500 muertes por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Su tasa de casos nuevos se estimó en 9.376 por día durante la semana pasada.
De La Grange dijo que 14ymedio y otros medios independientes habían logrado eludir los controles porque La Habana no opera un bloqueo total en internet como lo hace China.
“Este decreto es una forma de intentar castigar a quienes publican lo que el régimen llama fake news, pero es lo que sabemos que es la verdadera situación”, dijo De La Grange.
Según el nuevo decreto, la empresa estatal de telecomunicaciones puede suspender el acceso a internet a quienes infrinjan la nueva ley.
La periodista Camila Acosta dijo que a pesar de las regulaciones, La Habana no pudo evitar que millones de cubanos accedan a las redes sociales.
“Pueden acusar a periodistas independientes como yo -me han confiscado cinco teléfonos solo este año- pero no pueden controlar a millones de cubanos que acceden a las redes sociales todo el tiempo. Es imposible”, dijo Acosta, quien trabaja para el sitio web de noticias Cubanet, y para el diario español ABC.
Acosta fue arrestada luego de informar sobre las manifestaciones de julio y ha estado bajo arresto domiciliario durante seis meses mientras la policía investiga su caso.
“Esto hará que mi trabajo sea más difícil, pero han introducido una legislación anterior para atacar a los medios libres, así que esto no es nuevo. Lo nuevo es que es un intento de detener a la gente que organiza manifestaciones”, dijo Acosta a la VOA desde su casa en La Habana.
"Represión digital"
Desde la introducción de internet móvil en la isla hace poco más de dos años, plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram han permitido a los cubanos expresar sus quejas.
La Habana insiste en que permite la libertad de expresión siempre que esté "dentro de la revolución". Pero el Decreto 35 ha alarmado a los defensores de los derechos civiles de Cuba, quienes dicen que usa un lenguaje vago con respecto a la información que los usuarios de internet deben proporcionar al gobierno.
La ley establece que los usuarios deben otorgar a las instituciones de seguridad pública las "instalaciones y servicios técnicos que requieran" y entregar al Ministerio de Comunicaciones la "información que (el ministerio) determine".
Quiere fortalecer una cultura de miedo entre cualquiera que esté pensando en organizar protestas o quejarse"Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
"Tenemos que ver el contexto de esto. Cuba ya ha introducido una legislación para restringir las actividades de periodistas y activistas", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, refiriéndose a una ley aprobada en 2019. "Este nuevo decreto no se está enviando un mensaje para ellos, es enviar un mensaje a la población cubana en general".
“Quiere fortalecer una cultura de miedo entre cualquiera que esté pensando en organizar protestas o quejarse del hecho de que tiene que hacer cola durante horas para obtener lo básico en Cuba”, dijo Guevara-Rosas a la VOA.
El gobierno comunista quería “formalizar la represión digital” en un país en el que ya controla todos los aspectos de la vida, dijo Guevara-Rosas.
Legisladores estadounidenses, incluido el senador Marco Rubio, así como diplomáticos extranjeros en La Habana, han criticado la nueva medida.
“Lo que la dictadura no se da cuenta es que el pueblo cubano ha perdido todo miedo a expresar sus opiniones, se ha dado cuenta de la naturaleza despótica del régimen y no tiene miedo de protestar contra más de 60 años de represión”, dijo Rubio a la VOA.
El Senado aprobó este mes una enmienda, copatrocinada por el senador republicano de Florida, para proporcionar a los cubanos acceso sin censura a internet.
“Ahora está en manos del presidente [de Estados Unidos, Joe Biden] actuar sobre lo que ha aprobado el Congreso”, dijo Rubio.
El embajador británico en Cuba, Antony Stokes, también expresó su preocupación por el decreto, tuiteando, “El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura incorporada hoy en el Decreto Ley 35 silencian las voces legítimas y violan los convenios internacionales”.
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"Fuerza paramilitar al servicio de dictadores", así calificó a la UNEAC un escritor cubano en su carta de renuncia
El escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era denunció a la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba como un instrumento represivo del régimen comunista y fue respaldado por reconocidas figuras de la cultura cubana.
Como una "fuerza paramilitar al servicio de dictadores" calificó a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el intelectual cubano Jorge Fernández Era, en una carta pública en la que anunció su renuncia a esa institución.
Indignado por la reciente expulsión de la UNEAC de la profesora y académica matancera Alina Bárbara López Hernández, el humorista hostigado por las autoridades cubanas denunció que con esta acción la organización de escritores y artistas "se suma a capítulos tan repugnantes como las UMAP, la Parametración, la Primavera Negra, el manotazo del ministro..., que no representan otra cosa que la consecución al pie de la letra de la excluyente máxima “Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”.
En su carta dirigida a la Presidencia de la UNEAC, que actualmente ocupa la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, el escritor les increpa: "La “Revolución” que honran ustedes con semejante sanción es la misma que defienden el Partido que nos malgobierna y los esbirros que pretenden acallar voces incómodas como las de Alina. Ellos violan con descarada impunidad derechos que nos otorga la Constitución y normas legales dictadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con su complicidad, la Uneac se devela como la fuerza paramilitar que es, al servicio de los dictadores de turno".
Fernández Era recuerda que la UNEAC se ha plegado "de la manera más servil" a las acusaciones que le hacen tanto a él como a Alina Bárbara "quienes temen al debate y a la polémica y acuñan el término “contrarrevolución” a cuanto amenaza la estabilidad de la complacencia y la mentira".
La carta de renuncia del humorista recibió en redes sociales el respaldo de otros miembros del gremio intelectual y artístico. Como las académicas Ines Casal, Jenny Pantoja, Carmen Lezcano; los humoristas Omar Franco y Rigoberto Ferrera; los cineastas Ricardo Figueredo Oliva y Manuel Alejandro Rodríguez, el crítico de arte Antonio Enrique González Rojas, el escritor Jorge Angel Pérez y la investigadora Miryorly García.
En agosto de 2020, la UNEAC expulsó al escritor e investigador camagüeyano Pedro Armando Junco López, luego de que publicara una exhortación al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y llamara a Cuba un sistema autocrático.
La UNEAC expulsa a la académica Alina Bárbara López Hernández
En un documento que tituló “Sanciones que honran”, la profesora Alina Bárbara López Hernández dio a conocer que fue expulsada de la UNEAC, cuyos directivos la acusaron de criticar la revolución y alta dirigencia del régimen comunista.
La historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por causas que la intelectual calificó de “infamias”.
En una reunión a la que fue citada por el Comité provincial de la entidad, en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio, sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló “Sanciones que honran”, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
“Yo soy una científica social, soy una ensayista de literatura histórico social. La naturaleza de mis escritos, por los cuales yo entré a la UNEAC, siempre fue crítica y vengo estudiando la historia del Partido Comunista desde antes de los años 40 del pasado siglo. Tengo ensayos premiados sobre esto, uno de mis libros fue Premio Nacional de investigación cultural”, indicó en conversación con Martí Noticias.
“Ahora ellos consideran que mi labor como articulista es algo que la organización no puede aceptar cuando nunca he usado ofensas gratuitas, cuando siempre he usado argumentos, cifras, como historiadora y como filósofa que soy, pero, sencillamente la UNEAC es una organización que sabemos el modo en que se dirige desde la instancia nacional”, sostuvo.
Los directivos de la UNEAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el “movimiento del 11 de julio”.
“Debí aclararles que el 11 de julio ocurrió en Cuba un estallido social, que no fue estructurado, ni organizado por ninguna instancia ni tuvo un liderazgo reconocible; fueron manifestaciones populares espontáneas y no un movimiento”, escribió López Hernández en su texto.
“Les dije que, efectivamente, he analizado en artículos las causas del estallido social y he solicitado la libertad de los presos políticos pues me parece injusto que cumplan altas penas de prisión personas que solo se manifestaron gritando consignas o grabando videos de lo ocurrido”, afirmó.
De igual modo, los dirigentes culturales acusan a la académica de incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como Desobediencia y Atentado.
“Ambas imputaciones, una que llegó a condena por Desobediencia y otra que todavía está en fase de instrucción, son farsas judiciales que ni siquiera han sido a través de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, sino son delitos comunes que le fabrican a las personas incómodas para poder amenazarlas, coaccionarlas y evitar que sigan actuando de una manera que el gobierno considera inaceptable”, señaló.
“Por un lado, la Desobediencia en sí misma no es un delito grave, es un delito leve. La pena fue una multa y además no tengo antecedentes penales porque, precisamente, no era un delito grave, como ponen ahí en el documento infame de la UNEAC y, por otro lado, el Atentado es una acusación que está en fase de instrucción, ni siquiera se ha llevado a juicio. Por tanto, ante la ley, yo soy inocente y la UNEAC está desconociendo esos que son principios legales, al menos están recogidos en el Código Penal”, resaltó.
Otra acusaciones que hace la UNEAC a la académica es el haber hecho público el proceso disciplinario al que estaba sometida y ofender a un miembro de la organización gubernamental, así como violar, de manera grave, los estatutos y el reglamento de la UNEAC.
“Jamás intentaría apelar una decisión que parece dictada más por agentes de Seguridad del Estado que por escritores y artistas. Además, no se tomaron el trabajo de buscar asesoría jurídica profesional para, al menos, dar un cariz argumentado a las causas que esgrimen para aplicar tal medida”, apuntó López Hernández en su denuncia.
Los dirigentes de la UNEAC puntualizaron que López Hernández no puede criticar la infalibilidad del Partido Comunista de Cuba (PCC).
“No puedo criticar nada que venga del Partido porque la organización acepta, en sus reglamentos y en sus estatutos, el papel dirigente del partido”, comentó. “Yo ejerzo derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 56 de la Ley de leyes: libertad de expresión y de manifestación pacífica”.
“Le recordé que el reglamento de la UNEAC no puede desconocer a la Constitución de la República”, recalcó.
Alina Bárbara López Hernández lleva a cabo una protesta el día 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas, para demandar la elección democrática de una Asamblea Nacional para redactar una nueva Constitución, la libertad para los presos políticos "sin exilio obligatorio", el cese del hostigamiento a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión y "que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza".
Es secundada por otros activistas que se manifiestan o intentan hacerlo, el mismo día, en diferentes parques y plazas de las ciudades donde residen: la antropóloga Jeny Pantoja y el periodista y humorista Jorge Fernández Era, entre otros.
“Ellos [las autoridades cubanas] se prestaron a algo tan innoble como esta expulsión que yo considero al final una manera de honrarme. Yo ciertamente no voy a bajar la cabeza, no voy a aplaudir lo que no se puede aplaudir, voy a criticar, voy a ejercer mi derecho como ciudadana; derecho constitucionalmente establecido, por mucho que moleste”, subrayó la académica.
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) criticó la exclusión de la historiadora en una nota de prensa y catalogó el ataque contra la investigadora como una grave violación de los derechos culturales.
“Se suma a la honrosa lista de censurados por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba - UNEAC, organización que opera como brazo represivo de la Seguridad del Estado contra los intelectuales cubanos”, afirma la organización independiente.
“La obra de Alina lleva implícito su compromiso con Cuba y con el tiempo en que le ha tocado vivir, es ejercicio permanente de honestidad intelectual”, precisó en su comunicado.
Fundación para la Democracia Panamericana intercede por periodista de Santa Clara
Han solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, ex preso político del 11J.
La Fundación para la Democracia Panamericana interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista independiente cubano y ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez.
Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de dos años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a dos citaciones policiales. El 22 de julio fue enjuiciado nuevamente y sentenciado a ocho meses de privación de libertad por el delito de "desobediencia", sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Juan Carlos Vargas, el coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo a Martí Noticias que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente.
Vargas recordó que Morales Rodríguez "ha sido víctima de represalias por sus publicaciones en redes sociales y por realizar precisamente su trabajo, que es el de informar".
"Carlos no debería ser sometido a constantes violaciones y torturas. Hay que recordar que él ha realizado una huelga de hambre producto de su detención, de su prisión y por lo tanto, frente a esta persecución, el centro de denuncias realizó un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda realizar y pueda otorgarle, lo antes posible, esta medida cautelar porque un comunicador no debería ser perseguido por realizar su trabajo”, declaró el coordinador.
Estando encarcelado en la prisión La Pendiente de Villa Clara, Morales Rodríguez realizó dos huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud, al punto de tener que ser hospitalizado.
Aumentan violaciones en Cuba contra la libertad de expresión y prensa en el espacio digital, denuncia ICLEP
Los 101 incidentes violarios registrados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensanmuestran un aumento del 165,7 % en relación con el mes anterior.
El mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en Cuba estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46, señaló el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en su informe mensual.
“Hubo un alarmante incremento de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. Antes, durante y después del cumplirse el tercer aniversario, la policía política cubana la emprendió con cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión a periodistas y activistas que quisieran hacer cualquier tipo de actividad o reportar sobre este evento”, dijo a Martí Noticias Normando Hernández, director del ICLEP.
Días más tarde, para el aniversario de los asaltos al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, “la represión de la Seguridad del Estado se hizo sentir”, asegura el informe.
Los 101 incidentes violarios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165,7 % en relación con el mes anterior.
El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en nueve provincias: La Habana, Sancti Spíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río.
En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Igualmente, compila que 48 personas fueron víctimas de violaciones, “18 mujeres, 1 no binario y 29 hombres, varios de ellos con más de un incidente en diferentes momentos del mes”.
De acuerdo a la recopilación de ICLEP, sobre los comunicadores y los activistas se hizo más fuerte la represión con vigilancia y acoso en sus viviendas, cortes de internet, citaciones e interrogatorios.
La Seguridad del Estado, secundada por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fueron las protagonistas de las acciones autoritarias contra la sociedad civil.
Los periodistas Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa; y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, fueron citados a estaciones policiales de las localidades donde residen y advertidos de no reportar ningún incidente el 11 de julio.
“El día 10 de julio vino a mi casa el jefe de sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba tomarían otras medidas. Al día siguiente a las 8 y 10 más o menos llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí sentada. Nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme, Hasta que el 'carpeta'[ de la unidad policial], me dice que puedo irme, que el oficial que me iba a atender tuvo problemas y no vino".
El ICLEP también alerta sobre los asedios a Camila Acosta, José Luis Tan y Carlos Michael Morales, periodistas hostigados por la policía política.
No se pueden tolerar ni normalizar las constantes violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba, indica el ICLEP en su informe.
“El llamado desde el ICLEP es a denunciar ante la comunidad internacional cada agresión que se comete en la isla contra los periodistas, activistas, opositores y ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana”, concluye.
Periodista cubano denuncia hostigamiento de las fuerzas policiales
El periodista Juan Manuel Moreno Borrego ha padecido detenciones arbitrarias dentro de oficinas policiales sin acceso a agua, comida ni ventilación durante más de siete horas, además de la privación de servicios de internet y telefonía, así como amenazas de prisión.
El periodista Juan Manuel Moreno Borrego denunció el acoso por parte de agentes de la Seguridad del Estado y otros cuerpos represivos del Ministerio del Interior (MININT).
Moreno es director de Amanecer Habanero, un boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), asentado en Miami.
“Acoso constante, visitas constantes, lo mismo del jefe de Sector que del oficial de la Seguridad del Estado con advertencias, amenazas de que no puedo salir a la calle”, dijo el comunicador a Martí Noticias.
Agregó que, en fechas señaladas, los agentes policiales intimidan a toda la familia con la advertencia de no salir de la vivienda, “hasta nuevo aviso’, como si su casa fuera un calabozo”.
El incidente represivo más reciente tuvo lugar el 13 de julio, cuando Moreno Borrego recibió un mensaje de texto en el que se le conminaba a asistir, urgentemente, ante las autoridades policiales por estar vinculado, supuestamente, a un hecho delictivo, un robo con fuerza.
“Un mensaje de texto, a través de un número que no me responde, un supuesto oficial del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) me ordena que debía presentarme en la estación de policía de Marianao porque el poseedor de mi línea, ya sea si soy yo quien la tenga u otra persona, debe presentarse porque esa línea está envuelta en un hecho delictivo. Sería circulado si no me presentaba y detenido”.
“Resulta que eso viene de hace dos meses atrás cuando un tal oficial del DTI vino a mi casa y me explicó que en el 2021 habían cometido un robo con fuerza de un teléfono y que ese mismo día se había puesto la línea mía en ese teléfono. Revisó los emails de los teléfonos de todos los miembros de la casa y concluyó que todo estaba bien y entonces hace tres días me mandan nuevamente ese mensaje”.
La Ley del Proceso Penal de Cuba establece que las citaciones oficiales se realizan mediante una cédula o documento que debe contener la identificación de la institución y de la autoridad que la dispone, los nombres y apellidos del citado y otras generales como el número de teléfono y la dirección de su domicilio, el objeto de la citación y el lugar, día y hora en que deba concurrir el citado.
También el aviso al citado de que si no concurre sin causa justificada se le impondrá multa de hasta 100 cuotas, y si se trata de una segunda citación, será conducido y acusado por el delito que corresponda.
Moreno ha padecido además detenciones arbitrarias dentro de oficinas policiales sin acceso a agua, comida ni ventilación durante más de siete horas, además de la privación de servicios de internet y telefonía, y amenazas de prisión.
Por su parte, ICLEP instó al régimen a que cese de inmediato la persecución contra el periodista, y a garantizar su integridad física y seguridad personal.
“Las acciones contra el director de Amanecer Habanero no solo son inaceptables y condenatorias, sino que también constituyen un claro intento de silenciar su voz crítica y disidente dentro de la sociedad cubana, en franca violación de los principios más básicos de derechos humanos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y prensa”, recalcó la organización de periodistas ciudadanos.
Durante el mes de junio, ICLEP registró y documentó 38 incidentes violatorios en la isla. De ellos, 15 fueron ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 11 usos abusivos de poder estatal, 6 detenciones arbitrarias, 5 reclusiones y una agresión física.
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