Un total de 297 protestas públicas se registraron en el mes de agosto en Cuba, según un informe publicado por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
El reporte del Observatorio indica que la elevada cifra de manifestaciones es una prueba de que la ola represiva posterior a la rebelión nacional del 11 de julio en la isla no consiguió desaparecer las demostraciones de inconformidad.
Aclara que el mes de julio no se toma como referencia comparativa por haber sido el marco del levantamiento popular que convocó simultáneamente a 187.000 cubanos y totalizó 584 protestas públicas.
Asimismo, establece que las protestas continuaron creciendo en agosto, con 48 más que en junio, a razón de 9 diarias.
La tendencia al crecimiento de la cifra de protestas ocurridas en Cuba cada mes se ha mantenido desde que el OCC comenzó a registrarlas en septiembre de 2020. Desde entonces se han contado 2.109 acciones contestatarias.
Al desglosar las manifestaciones por su motivación, identifica en agosto 122 protestas relacionadas con derechos políticos y civiles.
Otras 175 demostraciones vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, fueron estimuladas por el malestar de la población ante el colapso, acelerado por la pandemia, del sistema de salud pública cubano, considera el Observatorio.
De estas 175 manifestaciones de descontento, 159, fueron generadas por la negligencia y mal manejo de la crisis del Covid19 por parte del régimen, asegura la institución.
Esto tiene “un alto significado político, al poner al desnudo a una oligarquía que a través del grupo militar-empresarial GAESA maneja la mayor parte del ingreso anual en divisas y no lo entrega al gobierno para impulsar el desarrollo, la producción de alimentos y medicinas o el equipamiento y avituallamiento del sistema de salud nacional”, enfatiza el informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El Observatorio refiere el “amplio arsenal de medidas represivas contra la población” desplegado después del 11 de julio, que incluye detenciones masivas, desapariciones forzadas, juicios sumarísimos, retención domiciliaria, torturas, amenazas de secuestro a activistas radicados en el exterior y el retiro de la patria potestad a manifestantes en el interior, militarización de las poblaciones y restricciones a la libertad de movimiento a nivel local, municipal y provincial.
