Un informe publicado por la organización Human Rights Watch (HRW) detalla repetidas transgresiones a las libertades de los ciudadanos y las constantes violaciones de los derechos humanos en Cuba, como parte del informe mundial revelado este miércoles.
El gobierno cubano, señala el reporte, todavía no reconoce a la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Los activistas han sido hostigados, agredidos y encarcelados.
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Según el informe, el régimen emplea la represión y castigo contra cualquier forma de disenso y crítica pública, además de tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo para reprimir a los opositores al régimen.
El informe de HRW destaca que el gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos.
Enfatiza que los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos.
En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva, apunta el reporte.
Las acciones para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos forman parte del modo de operar de las autoridades que a menudo realizan detenciones o amenazan para que no participen en las convocatorias.
Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días, precisa el informe.
Añade HRW que policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
Otra de la acciones distintivas en 2020 según el informe fueron las relacionadas con las restricciones de circulación debido a la pandemia y el empleo del delito de "propagación de epidemia" para penalizar el activismo.
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero, indica HRW.
"Unos pocos periodistas y blogueros independientes logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a muchos de estos sitios de noticias y blogs dentro de Cuba", resalta.
El acceso a Internet, los altos precios y las interferencias por parte del gobierno a las diferentes vías de comunicación ya sea a través de teléfonos y de redes sociales están incluidas en el informe.
"Los periodistas independientes, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante detenciones", denuncia la organización.
El informe plantea que el régimen de Cuba "no permite que organizaciones independientes de derechos humanos puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones locales creen que la cantidad real de presos políticos es mayor, pero las restricciones limitan su capacidad de documentar los casos".
Además señalan que los cubanos que critican al gobierno siguen "expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente" y que cuando son encausados, "no se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las correspondientes garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo y al legislativo".
HRW denuncia que las autoridades cubanas han seguido negando selectivamente la salida a personas que expresan críticas al gobierno y que restringen el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997, el Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana desde otras provincias. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas viajen a La Habana para asistir a reuniones.
"Las prisiones del país en general están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según informaron ex presos políticos. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica", indica el reporte.
La entidad señala que Cuba envía al extranjero a decenas de miles de trabajadores de la salud todos los años para abordar crisis a corto plazo y desastres naturales, pero lo hacen bajo normas estrictas y abusivas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y los derechos de expresión y de asociación.
En la isla, apunta el informe, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial, en el interior del país.
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