(Washington D.C.) – El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del Covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, señaló el lunes Human Rights Watch.
El 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el Covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Las detenciones ocurrieron tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes, acusándolos del delito de “propagación de epidemias”, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el Covid-19. Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre Covid-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del Covid-19.
“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”.
Entre julio y noviembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 35 personas en Cuba, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados. Human Rights Watch también consultó informes periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas impuestas a disidentes o personas que las autoridades parecen haber percibido como críticas, y corroboró videos publicados en redes sociales.
Human Rights Watch documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas. De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”. Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el Covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.
Treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas relacionadas con el Covid-19; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla (que en Cuba se llama “nasobuco”) correctamente. Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de Covid-19 en la isla. En otros dos casos, funcionarios invocaron normas relacionadas con la pandemia sin referirse a faltas específicas establecidas en la legislación cubana. Un disidente, por ejemplo, fue multado por no haber denunciado que un amigo suyo no estaba usando la mascarilla de la manera correcta.
A ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara.
La mayoría de las personas multadas en los casos documentados por Human Rights Watch —11 en total— negó haber transgredido las normas. En algunos casos, los agentes de seguridad las amenazaron con procesarlas por “desacato” debido a que negaban haber infringido las normas contra el Covid-19. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.
El delito de “propagación de epidemias” está penado con multas y hasta nueve meses de prisión. El Código Penal lo define ampliamente como “infrin[gir] las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de [...] epidemias de carácter grave o peligrosas”.
Asimismo, las autoridades cubanas han promulgado legislación específica sobre la pandemia. En mayo, el gobierno aprobó una resolución que exige el uso de una mascarilla cuando las personas salen de sus hogares. Un decreto del mes de agosto, vigente solamente en la provincia de La Habana, impone multas de 2.000 pesos cubanos (USD 77) —aproximadamente el doble del salario mensual promedio— a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o “dificulte[n] en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias”, entre otras transgresiones. Las multas se duplican si no son pagadas en un término de 10 días. Con arreglo al Código Penal cubano, quienes no paguen sus multas podrán recibir condenas de hasta seis meses de cárcel.
El 12 de abril, policías detuvieron a Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de Cienfuegos, y señalaron que no estaba usando la mascarilla correctamente. En la estación de policía, de la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla.
Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, de la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. Una persona de su familia dijo a Human Rights Watch que de la Mora Valle intentó quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios.
Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Estos incluyen la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento. Es posible restringir otros derechos, como la libertad de expresión y asociación, a causa de una emergencia de salud pública grave. Sin embargo, estas restricciones solo están justificadas cuando tienen un fundamento legal, son estrictamente necesarias y proporcionadas respecto al objetivo de salud pública, están basadas en evidencia científica, tienen una duración limitada, son respetuosas de la dignidad humana, están sujetas a revisión y no son arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación. El gobierno cubano también tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir la propagación del Covid-19 y proteger el derecho de las personas a alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Ver a continuación una selección de casos documentados por Human Rights Watch.
Detención arbitraria de Keilylli de la Mora Valle
Keilylli de la Mora Valle, perteneciente a las organizaciones Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide, fue detenida el 12 de abril, según informó a Human Rights Watch un familiar. De la Mora Valle había bajado su mascarilla para fumar un cigarrillo mientras caminaba de regreso a su casa tras haber visitado a un familiar.
En la estación de policía, un oficial la empujó. Como protesta en contra de su detención y el trato que estaba recibiendo, de la Mora Valle caminó hasta otro sector de esa dependencia y comenzó a quitarse la ropa, según ella misma manifestó en un video publicado en Facebook. Un agente la tomó del cuello, la puso en una celda y le dio puntapiés en la rodilla y en la pierna. Las imágenes de los moretones, publicadas en Facebook, coinciden con su versión de los hechos.
Los policías la dejaron desnuda y esposada, señaló, y posteriormente la llevaron a un hospital, donde un médico informó que no había sufrido lesiones.
De la Mora Valle pasó la noche en una estación policial, en una celda con una mujer que tosía constantemente, según afirmó. Fue liberada al día siguiente.
El 16 de abril, un policía le informó por teléfono que debía presentarse en la estación policial. Al llegar, le dijeron que se le acusaba de “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”, según señaló. El 5 de mayo, un policía se presentó en su domicilio con un documento anunciando que el juicio en su contra se llevaría a cabo el 7 de mayo.
Durante el juicio, de la Mora Valle no contó con la representación de un abogado. Fue juzgada a través de un procedimiento expedito, que en Cuba se denomina “sumario”, en el cual los acusados pueden ser juzgados sin representación legal. Se le impuso una condena de 18 meses de prisión.
De la Mora Valle apeló la decisión, rechazó los cargos y objetó la severidad de la sentencia. El 27 de mayo, un tribunal de apelaciones dictó una sentencia de dos páginas, a la cual Human Rights Watch tuvo acceso, en la cual rechaza sus argumentos. El tribunal consideró que estar fumando “no la exime” del uso inapropiado de la mascarilla y que, al quitarse la ropa, de la Mora Valle mostró “una falta total de pudor y un irrespeto total”. La resolución del tribunal indicó que de la Mora Valle merecía ser privada de la libertad porque no usar la mascarilla correctamente podría tener “consecuencias letales” para otras personas.
De la Mora Valle se presentó el 4 de junio para cumplir la pena. Continúa detenida a la fecha. Un familiar dijo a Human Rights Watch que no había podido visitarla debido a las restricciones por Covid-19, pero que se había enterado a través de llamadas telefónicas que de la Mora Valle había intentado suicidarse dos veces, en junio y en octubre. A de la Mora Valle “la tenían amenazada y le hacían mucha presión” los guardiacárceles, contó el familiar.
Detención arbitraria de Juan Miguel Pupo Arias
Juan Miguel Pupo Arias, de 47 años, perteneciente al Movimiento Opositores por una Nueva República, ha sido condenado por múltiples delitos desde 1994. En 2015, el entonces presidente Raúl Castro lo indultó, junto con otras 800 personas, cuando el papa Francisco visitó Cuba.
El 8 de abril, Pupo Arias había terminado de comer en una calle de la ciudad de San José de las Lajas y estaba fumando un cigarrillo, según indicó su esposa. Un policía se acercó y le dijo que se colocara correctamente la mascarilla. Entonces, llegaron varios policías más a bordo de un vehículo y lo empujaron hacia el interior del automóvil. Le dijeron que lo acusaban de “propagación de epidemias”.
Pupo Arias permaneció en una estación de policía hasta el 10 de abril, según dijo su esposa a Human Rights Watch. Ese día, fue juzgado sin un abogado defensor y condenado a seis meses de cárcel.
Su esposa, la única persona autorizada a presenciar el juicio, indicó que Pupo Arias había sido condenado por “propagación de epidemias”. Ella y el hijo de Pupo Arias afirmaron que no les habían proporcionado una copia de la sentencia. Sin embargo, en un escrito de un fiscal al cual Human Rights Watch tuvo acceso, se indica que Pupo Arias fue condenado por “desacato”. El escrito menciona “ofensas” no especificadas contra “un oficial del orden público en ocasión de cumplir este sus funciones diarias en la vía pública por la situación epidemiológica imperante por el Covid-19”.
El 29 de junio, un fiscal solicitó iniciar un juicio oral en contra de Pupo Arias por nuevos cargos de “desacato” y “atentado” relacionados con un supuesto altercado entre Pupo Arias y guardiacárceles, quienes no le dieron permiso para fumar. El escrito del fiscal dice que Pupo Arias, quien “se expresa de manera negativa ante el proceso revolucionario”, intentó infructuosamente darle una patada a un guardia.
El 30 de septiembre —pocos días antes de que Pupo Arias terminara de cumplir la condena emitida en abril— un tribunal de San José de las Lajas lo condenó por desacato y atentado contra las autoridades. Dos guardias testificaron que él había “[puesto] en descrédito su imagen pública” al llamarlos “punticos”, y que había intentado, sin éxito, patear a uno de los guardias. En la sentencia se indica que dos detenidos manifestaron que Pupo Arias no cometió ninguno de los dos actos. Pupo Arias fue condenado a cuatro años de prisión y en la actualidad se encuentra detenido.
Detención arbitraria de Mileidy y Daniel Salcedo
El 23 de abril, alrededor de las 3:00 p. m., Mileidy Salcedo, de 24 años, y su amiga María (pseudónimo), de 20, estaban conversando en La Habana cuando se les acercó un policía. María se había bajado la mascarilla porque estaba bebiendo una cerveza.
El agente indicó a otro policía que subiera a María a un móvil que se encontraba cerca y que la “llevara a la estación”, según contó Salcedo a Human Rights Watch.
Un móvil policial se detuvo en el lugar y Salcedo comenzó a filmar con su teléfono. Un policía la arrojó al suelo y la atacó a puntapiés, señaló Salcedo, ante lo cual ella también respondió con una patada. Un video de Salcedo, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, corrobora que la empujaron al suelo. Los policías se fueron en el móvil policial con María y dejaron a Salcedo tirada en la calle.
Salcedo caminó hasta una estación de policía cercana para quejarse y averiguar qué había sucedido con María. Allí, un policía la detuvo y la acusó de “atentado”, según indicó Salcedo a Human Rights Watch. Dos policías la interrogaron durante aproximadamente 10 minutos acerca de la detención de María y el forcejeo de Salcedo con el policía.
Después de retenerla dos días y negarle la posibilidad de realizar una llamada telefónica, la policía trasladó a Salcedo a una prisión en La Habana. Allí pasó ocho días incomunicada, durante los cuales un policía la despertó una vez a las 2:00 a. m. para repetir el interrogatorio. El primero de mayo le permitieron finalmente hacer una llamada telefónica. El 26 de junio, las autoridades le impusieron una multa de 500 pesos cubanos (aproximadamente USD 19) y la liberaron. Según refirió, no le dijeron por qué motivo se le había impuesto esa multa.
El padre de Mileydi, Daniel Salcedo, de 52 años, había ido a buscarla dos veces a la estación de policía, según consta en un escrito de hábeas corpus al cual tuvo acceso Human Rights Watch. Los policías negaron que ella estuviera allí y le manifestaron que él no tenía ningún derecho a reclamar. Recuerda que un policía le dijo “ustedes son gusanos”, utilizando una expresión que se usa comúnmente para referirse a los críticos del gobierno en Cuba, “y contigo no voy a hablar más”.
Daniel Salcedo nunca había sido crítico del gobierno, según dijo a Human Rights Watch, pero tras la detención de su hija contactó Berta Soler, de las Damas de Blanco, una organización no gubernamental fundada por familiares de presos políticos. La policía lo llevó a una estación policial en dos oportunidades —una vez a fines de mayo, y otra vez a principios de junio— para interrogarlo acerca de su vínculo con Soler.
Después de que Mileidy Salcedo fue liberada, un policía se presentó en la casa de la familia el 22 de agosto sin una orden de detención o allanamiento y le pidió a Daniel Salcedo su documento de identidad, según contó a Human Rights Watch. El policía lo acusó de haber organizado una fiesta, lo cual está prohibido por las normas sobre el Covid-19.
Daniel Salcedo le propuso al agente que ingresara a la casa para verificar que no había ninguna fiesta. Pero este se negó y dijo que tenía que llevarlo a la estación de policía. Aparecieron otros dos policías y dos hombres vestidos de civil. Mileidy Salcedo comenzó a grabar los acontecimientos.
Los policías la empujaron y le dijeron que no querían que los filmaran. Daniel Salcedo gritó “¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo la revolución!”. Los policías lo subieron a un auto. Su hija se subió al auto policial con él.
En la estación de policía, un agente tomó a Salcedo del cuello y lo empujó contra una pared. Otro lo golpeó en la espalda y en los brazos. Lo acusaron de “desacato” y de “propagación de epidemias”. También detuvieron a Mileidy Salcedo, quien fue liberada al día siguiente.
Durante tres días, Daniel Salcedo compartió una celda de cinco camas con otros 13 detenidos. Las camas de cemento no tenían colchones. A su hija se le negó el permiso para visitarlo y llevarle ropa.
Luego lo trasladaron a una unidad carcelaria y lo mantuvieron en una celda hacinada, junto con otros 20 internos. Los policías lo insultaban constantemente, lo acusaban de “contrarrevolucionario” y lo amenazaban con dejar que los perros de la policía lo atacaran, según refirió. La comida era “mínima y podrida”, y a veces estaba llena de insectos, mosquitos o cucarachas. Los policías le exigían insistentemente que firmara un documento en el cual reconocía su responsabilidad, pero él se negó a hacerlo.
Inició una huelga de hambre, durante la cual un médico le realizó controles periódicos. Puso fin a la huelga al décimo día, cuando las autoridades informaron que se había detectado un caso de Covid-19 en la cárcel. Durante los controles de salud, un médico le dijo que en la cárcel no había medicamentos.
Después de haber pasado 17 días en prisión se le permitió ver a su abogado por primera vez, pero solo por 10 minutos antes de iniciar su juicio. El tribunal le impuso una multa de 1.200 pesos cubanos (aproximadamente USD 47) por “desacato”, pero lo absolvió del delito de “propagación de epidemias”.
La multa equivale a aproximadamente cuatro veces su ingreso mensual. Daniel Salcedo no ha recibido una copia de la sentencia, según manifestaron Salcedo y su abogado a Human Rights Watch, quienes desconocen el motivo por el cual fue acusado de “desacato”.
Arresto arbitrario de miembros del Movimiento San Isidro y otros críticos del gobierno
El 26 de noviembre, agentes de seguridad cubanos detuvieron a 14 críticos del gobierno que estaban reunidos en la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Los críticos, muchos de los cuales pertenecían a la coalición de artistas conocida como Movimiento San Isidro, se habían reunido allí desde el 16 de noviembre para organizar manifestaciones. Pedían la liberación de Denis Solís, un músico condenado a ocho meses de prisión por “desacato”. El 17 de noviembre, después de que policías acordonaran la calle, los críticos, quienes temían ser detenidos si salían, anunciaron en las redes sociales que se “acuartelarían” en la casa. El día siguiente, varios de ellos anunciaron que empezarían una huelga de hambre. Algunos pasaron varios días sin tomar agua.
El 26 de noviembre, cerca de las 7 p. m., tres hombres vestidos de médicos que decían ser del Ministerio de Salud llegaron a la casa, según muestra un video que grabó uno de los disidentes. Los hombres señalaron que el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez tenía que volver a hacerse un test de Covid-19. Álvarez, quien había viajado de Estados Unidos a Cuba el 24 de noviembre, dijo a Human Rights Watch que estaba cumpliendo su cuarentena en esa casa junto a los demás manifestantes, aunque no está del todo claro que ello fuera consistente con las normas de aislamiento impuestas por el gobierno cubano.
Los funcionarios dijeron que el test de Álvarez había dado “inhibido”; es decir, que no era posible obtener un resultado concluyente. También señalaron que Álvarez había violado las normas al realizar el aislamiento en una dirección distinta a la que había reportado. Álvarez temía que no le dejaran volver a la casa si salía a hacerse el test, así que se negó y pidió que le hicieran la prueba allí. Los funcionarios dijeron que presentarían una denuncia, según muestra el video, y se fueron.
Unos 10 minutos más tarde, funcionarios de seguridad forzaron la puerta y arrestaron a los 14 disidentes. Les quitaron sus teléfonos, según indicaron tres de ellos a Human Rights Watch. Los oficiales dijeron que habían recibido una denuncia penal por “propagación de epidemias.”
Los oficiales pusieron a los detenidos en furgonetas de la policía. Los llevaron a una estación de policía cercana y los dejaron dentro de la furgoneta alrededor de dos horas, dijeron tres de ellos a Human Rights Watch. Ocho de los detenidos, incluido Álvarez, estaban hacinados en una misma furgoneta con poca ventilación, según dijeron dos de ellos. Un policía abría la puerta cada tanto para dejar que entrara aire.
Tres oficiales se llevaron a Álvarez para que se hiciera una prueba de Covid-19, aunque no había dado su consentimiento, según afirmó a Human Rights Watch. No se resistió.
La mayoría de los detenidos restantes no fueron sometidos a pruebas de COVID-19. Los oficiales llevaron a la mayoría a sus casas esa misma noche y les devolvieron sus teléfonos, aunque a muchos les habían borrado la información. El día siguiente, patrullas policiales se estacionaron frente a las casas de varios de ellos, según dijeron a Human Rights Watch.
Los oficiales llevaron a Otero Alcántara a casa de amigos y familiares, pero él se negó a quedarse ahí y dijo que debían llevarlo a su casa, según contó a Human Rights Watch. En cambio, los oficiales lo llevaron a una estación de policía donde lo retuvieron toda la noche. La mañana siguiente, los oficiales lo pusieron en un auto privado y le pidieron que mirara hacia abajo. Lo llevaron a una casa privada, donde un médico le hizo una prueba de Covid-19 y le dijo que estaba deshidratado. La prueba dio negativa, Otero Alcántara dijo a Human Rights Watch.
Más tarde, los oficiales lo llevaron a un hospital, aunque él nunca pidió ser hospitalizado. “No puedes negarte, tienes que hacer lo que nosotros decimos”, le dijo un funcionario. Otero Alcántara sólo pudo hacer una llamada a las 8 p. m. de ese día.
Otero Alcántara estuvo detenido en el hospital, según dijo a Human Rights Watch, en un cuarto de dos por tres metros donde siempre había tres oficiales de seguridad, incluso cuando él iba al baño o recibía visitas. No lo dejaron salir, no tuvo acceso a su teléfono y solo pudo recibir dos visitas.
El primer día en el hospital, una psicóloga y un psiquiatra trataron de convencerlo de que desistiera de la huelga de hambre, según dijo Otero Alcántara a Human Rights Watch. Mientras tanto, los oficiales de seguridad le dijeron que le pondrían un suero si se negaba a comer. El próximo día, Otero Alcántara decidió dejar la huelga de hambre por miedo a que los oficiales la usaran como una excusa para mantenerlo hospitalizado.
El primero de diciembre, cerca de las 3 p. m., los médicos le dieron el alta. Agentes de seguridad lo llevaron a una estación de policía, donde lo sometieron a un interrogatorio, dijo Otero Alcántara a Human Rights Watch. Los oficiales lo amenazaron con procesos penales, señaló. Lo liberaron cerca de las 6:30 p. m.
Otero Alcántara pasó la noche en la casa de unos amigos. Cuando salió de la casa la próxima mañana, unos oficiales se le acercaron y le dijeron que no podía salir. Él se negó. Los oficiales lo esposaron, lo pusieron en una patrulla policial y se lo llevaron a la casa de su madre.
Como su madre no estaba en su casa, lo llevaron a la casa de su abuela. Horas después, ese mismo día, Otero Alcántara le dijo a Human Rights Watch que había una patrulla estacionada afuera de la casa y que los agentes le decían que no podía salir. Otros miembros del Movimiento San Isidro estaban sufriendo restricciones similares, dijo.
Amenazas y multas arbitrarias contra Raux Denis Rodríguez Rodríguez
El 23 de abril, un policía en la ciudad de Santa Clara se presentó en la vivienda de Raux Denis Rodríguez Rodríguez, de 24 años, un miembro de varios grupos cívicos opositores, y le impuso una multa de 3.000 pesos cubanos (aproximadamente USD 120) por incumplir el Decreto 370, una norma de 2019 que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social”. El policía citó una publicación de Facebook en la cual Rodríguez señaló que el gobierno estaba “escondiendo casos de Covid”. El policía manifestó que la publicación “afectaba el desarrollo social y económico del país”, sostuvo Rodríguez.
El 5 de septiembre, dos agentes se acercaron a Rodríguez y un amigo suyo en un parque de Santa Clara y les indicaron que les pondrían una multa por no usar la mascarilla de manera adecuada. El amigo de Rodríguez estaba usando la mascarilla correctamente, según señaló Rodríguez, pero tenía el elástico roto y se le caía por momentos. Rodríguez, quien estaba usando su mascarilla correctamente, preguntó por qué lo estaban multando a él también.
Un policía le respondió a Rodríguez que tenía el “deber” de “denunciar” a su amigo o de exigirle que se colocara la mascarilla correctamente. El otro policía dijo que Rodríguez “estaba medio bocón”, según refirió Rodríguez. “Habría que darle dos o tres palos”, manifestó el policía.
Rodríguez repitió que solo estaba preguntando cuál era el motivo por el cual lo multaban. Los policías le pidieron el documento de identidad y lo detuvieron a él y a su amigo. Rodríguez no se resistió a la detención, pero gritó “¡Abajo el régimen comunista de Cuba!” varias veces. Un video publicado en redes sociales corrobora su relato.
Los policías llevaron a Rodríguez y a su amigo a una estación de policía donde un agente de seguridad dijo que los acusarían de “desacato en tiempos de Covid-19”. El agente advirtió que la condena por desacato podría aumentar durante la pandemia. Ninguna disposición de la ley cubana parece establecer tal incremento de la pena, y Rodríguez dijo a Human Rights Watch que el policía estaba intentando intimidarlo.
Ese día, el amigo de Rodríguez fue liberado con una multa de 100 pesos cubanos (aproximadamente USD 4). Rodríguez quedó detenido dos días, durante los cuales no se le permitió hacer ninguna llamada. Le impusieron una multa de 200 pesos cubanos y lo dejaron ir.
Detención arbitraria y multas contra Maykel Castillo Pérez
El 15 de abril, alrededor de las 6:00 p. m., un policía se presentó en el domicilio de La Habana de Maykel Castillo Pérez, un artista de 38 años y miembro del Movimiento San Isidro. El policía quería llevarlo a la estación de policía sin indicar el motivo, según afirmó Castillo Pérez, pero él se negó. Minutos más tarde, llegaron cuatro policías más e insistieron en que los acompañara a la estación de policía. Castillo Pérez accedió.
En la estación lo pusieron en una habitación pequeña junto a otras 28 personas, señaló Castillo Pérez. Manifestó a los policías que no quería estar allí por el riesgo de contraer Covid-19 e intentó irse.
Siete u ocho policías lo golpearon con sus puños en la espalda, el pecho y las piernas. Uno le agarró el pulgar derecho y lo presionó hacia atrás hasta fracturarlo, manifestó Castillo Pérez. A continuación, los agentes lo llevaron a otra habitación.
Le dijeron que había “violado las medidas” contra el Covid-19 y había publicado “mentiras” en redes sociales sobre las muertes relacionadas al virus. Algunos días antes, él había publicado en Facebook que una mujer había muerto en la calle de Covid-19, según manifestó. Castillo Pérez había averiguado a través de personas allegadas a la mujer, e informado en su publicación, que un hospital se había negado a brindarle atención médica.
Castillo Pérez afirmó que los policías rechazaron su pedido de realizar una llamada telefónica y que pasó la noche en una cama de concreto que no tenía colchón. No le dieron agua ni comida durante las 24 horas que pasó en la estación de policía.
Al día siguiente, un policía dijo que había “violado las normas de convivencia de Facebook” y le aplicó una multa de 3.000 pesos cubanos (aproximadamente USD 115), invocando el Decreto 370.
Los agentes lo trasladaron a una cárcel, donde lo acusaron de “desacato” y de “propagación de epidemias”. Le leyeron partes de un expediente que incluía un informe de organismos de inteligencia cubanos y le mostraron una carpeta con algunas de sus publicaciones recientes en Facebook. Entre estas, destacaron la publicación acerca de la mujer que había muerto en la calle, así como otra en la que se calificaba al presidente Miguel Díaz Canel de “ladrón”.
Durante los dos días que pasó en prisión, a Castillo Pérez no le permitieron hacer llamadas telefónicas. Lo liberaron al tercer día, después de que un policía le advirtiera que dejara de reunirse con críticos del gobierno y “que no ofendiera más a los líderes de la revolución”. Castillo Pérez dijo que, tras ser liberado, cambió su configuración de Facebook para ocultar la publicación.
Castillo Pérez ha sido detenido varias veces desde entonces, incluyendo durante la detención de 14 críticos del gobierno ocurrida el 26 de noviembre.
Acoso a Yordanis Labrada Tellez
El 3 de septiembre, un vecino de la localidad de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, le dio a Yordanis Labrada Tellez un documento que le había dejado la policía, en el cual lo citaban en la estación de policía a las 9:00 a. m. del día siguiente. Labrada, de 44 años, es coordinador de la división de Songo-La Maya de la Unión Patriótica de Cuba.
En la estación de policía, el jefe de la unidad le dio una notificación a Labrada sobre delitos por los cuales podía “ir a la cárcel en cualquier momento”, contó Labrada a Human Rights Watch. Él se negó a firmar la notificación, según manifestó, y los policías no le entregaron una copia.
El jefe de policía acusó a Labrada de “propagación de epidemias” por haber recibido visitas. Pero Labrada explicó que esas personas iban a su domicilio para comunicar quejas en contra del gobierno, puesto que esa es la oficina local de la Unión Patriótica de Cuba, una organización que el gobierno considera ilegal.
El jefe de policía le dio 15 días a Labrada para conseguir un empleo; de lo contrario, sería acusado de “peligrosidad”. De conformidad con la legislación cubana, las personas que adoptan conductas contrarias a la “moral socialista” pueden ser acusadas de “peligrosidad” y detenidas o supervisadas por las fuerzas de seguridad.
El 29 de octubre, Labrada fue juzgado sin contar con un abogado por cargos no relacionados con la citación del 3 de septiembre, según informó a Human Rights Watch su esposa, la única persona autorizada a asistir al juicio. Labrada fue condenado a 10 meses de prisión por no haber pagado multas impuestas en agosto y septiembre por colocar letreros de la Unión Patriótica de Cuba en las calles y una foto de José Daniel Ferrer, el líder de la organización, en la puerta de su vivienda.
