Citaciones policiales, amenazas y multas por tirarse fotos portando carteles a favor de una madre bajo amenazas de desalojo en Guanabo pesan sobre varios activistas de derechos humanos que apoyan a una ciudadana que pidió la ayuda de la oposición para dar visibilidad a su caso.
A María Mercedes Benítez, Coordinadora Nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales en Cuba (COPEC), le impusieron este jueves una multa de 2,000 pesos por “publicar en las redes fotos portando un cartel que pide frenar el desalojo de Antuanette Creach, y otra multa de 100 pesos por un “atentado”, según explicó a Radio Televisión Martí la sindicalista.
Ambas multas "arbitrarias" buscan intimidarla para que no se traslade a Guanabo, donde desde el pasado 14 de febrero varios activistas apoyan a Creach, madre de dos niñas.
La multa de 2,000 pesos por el Decreto 357, Artículo 72, se aplica a personas que trabajen como cuentapropistas e incurran en actividades ilícitas. Según dijo la sindicalista, la multaron inspectores estatales en la estación de policía.
La otra multa de 100 pesos fue por un “atentado contra la Seguridad del Estado”, y la aplicaron los policías, agregó.
Rodríguez dijo que negó haber trabajado como cuentapropista y las autoridades le dijeron que la multa era "por los carteles que, desde luego, donde único están es en una foto que publicamos en las redes sociales para difundir el caso de Antuanette Creach”, precisó.
También fue amenazada con detenerla si regresa a la localidad de Guanabo.
En su perfil de Facebook la sindicalista escribió: " El motivo de todo esto, luego de una detención de 3 horas en la estación policial de Zanja, en Centro Habana, y con todas las amenazas posibles, es el apoyo que junto a otros activistas, como la organización Delibera e Iliana Hernández, periodista de CiberCuba, le dan a Antuanett Creach, la joven que quieren desalojar injustamente en Guanabo. La solidaridad humana multada y reprimida".
La sindicalista calificó de “absurdas” las multas y dijo que no tiene previsto pagarlas.
Enfatizó en que “tomarse fotos con carteles en las manos para publicarlas en las redes no es un delito, y menos apoyar a una mujer a la que pretenden sacar de su casa con sus niñas".
Creach no confía en lo que dicen las autoridades de vivienda, ni la policía y teme que la desalojen de la casa de su propiedad.
En el pasado, el esposo cometió un delito [tenía en su poder unas plantas de marihuana] y la policía lo sancionó, pero no a ella, porque no encontró evidencias que la incriminaran, explicó Rodríguez.
Los opositores que apoyan a la familia creen que contra la mujer se está cometiendo un abuso y decidieron respaldarla, dijeron los coordinadores de Delibera, Lázaro Yuri Valle y Eralidis Frómeta.
