El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, transmitió hoy a su homólogo, Mike Pompeo, su rechazo a la activación de una provisión legal que endurecería el embargo a Cuba, pero le expresó su respaldo en la estrategia para frenar a Rusia.
"La relación bilateral con EE.UU. es buena, aunque no estamos de acuerdo en algunos casos como es el caso de Irán, en Cuba tampoco. Naturalmente, en materia de política de contención con respecto a Rusia estamos muy de acuerdo", manifestó Borrell a la salida de su reunión con Pompeo.
En esa cita, que tuvo como escenario el Departamento de Estado, Borrell reiteró a Pompeo el rechazo de España a la activación del título III de la ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades en la isla que fueron expropiadas hace 60 años.
"Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo 3 de la ley Burton a Cuba y ya sabe EE.UU. que, en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular", aseveró el titular español de Exteriores.
El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la
Revolución liderada por Fidel Castro.
Desde su creación en 1996, esa provisión ha sido suspendida por todos los Gobiernos cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha dado señales de que podría activarla.
Borrell explicó que Madrid se opone a la entrada en vigor del título III por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas, por ejemplo al grupo Meliá, con sede en España y que opera en la isla.
Venezuela
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue Venezuela, que vive un pico de tensión desde que el 23 de enero el líder opositor Juan Guaidó se declarara presidente interino al considerar ilegítima la reelección del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, en mayo de 2018.
EE.UU. fue el primer país del mundo en reconocer como presidente a Guaidó, que ha sido respaldado por 54 países, entre ellos España.
Desde que reconoció a Guaidó, el Gobierno ha tomado varias medidas para presionar a Maduro, incluidas sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.
Asimismo, en los últimos días, Washington pidió a compañías petroleras españolas en Venezuela que corten lazos económicos con Maduro, destacó hoy Borrell, que no detalló el nombre de las entidades, aunque indicó que el Ejecutivo español "directamente" no ha recibido ninguna advertencia de Washington.
"Pero, hay empresas petrolíferas españolas, que no voy a mencionar por su nombre, que están manteniendo una cierta actividad, y en la medida en que esa actividad pueda plantear un problema con respecto al régimen de sanciones que los americanos han establecido, naturalmente esa cuestión sí lo hemos hablado", dijo.
En Venezuela operan 94 empresas españolas de diferentes sectores como la energía (Repsol), la banca (BBVA, Santander) y los seguros (Mapfre), según figura en la web de la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio.
Rusia
Pese a las diferencias, Borrell calificó de "constructiva" la reunión y detalló que uno de los aspectos en los que coincidieron fue la contención a Rusia.
En concreto, según precisó en un comunicado el Departamento estadounidense de Estado, uno de los aspectos que Borrell y Pompeo abordaron fue la "agresión" de Rusia en el mar Negro, donde Moscú capturó en el estrecho de Kerch en noviembre barcos y marinos ucranianos.
De acuerdo al Departamento de Estado, los dos responsables de Exteriores conversaron sobre sus "esfuerzos conjuntos" en la OTAN, que celebra el 3 y 4 de abril una reunión de ministros de Exteriores en Washington, y también abordaron "la importancia de cumplir con los objetivos de gasto de defensa".
Trump ha insistido en que cada uno de los miembros de la Alianza deben situar en un 2 % de su PIB la inversión en defensa para 2024, tal y como se comprometieron hace cinco años; pero España es uno de los integrantes de la OTAN que menos porcentaje de su PIB gasta en Defensa, habiendo destinado a ese fin un 0,93 % en 2018.
