Frente al parque de Santos Suárez, en La Habana, sí hubo materiales y hasta una bomba hormigonera, una concretera y una "pipa" para reconstruir y ampliar un caserón semiderruido destinado a la familia de un coronel del MININT
Cuba: ranchitos, desalojos, demoliciones... y nuevas mansiones
Proporcionar una vivienda digna a los cubanos, es un deber del Estado. Pero en la práctica éste se ocupa más de desalojar y demoler que del deber.
Estos principios se basan en la indivisibilidad de los derechos humanos y en la participación de los más pobres y excluidos en las decisiones que afectan sus vidas.
Una transcripción de la intervención del representante de Cuba, Frank Díaz, publicada en la web del MINREX, da fe de que éste le dio la bienvenida al documento, y lo calificó de “herramienta útil para el desarrollo de acciones futuras (…) necesarias para erradicar la pobreza extrema en todo el mundo”.
Pero cuando abordó durante su turno en el hemiciclo del Palacio de las Naciones la crítica situación que enfrenta el planeta con el agua potable, Díaz sólo se estaba refiriendo a uno de los derechos específicos recogidos en el mencionado Proyecto , cuyo disfrute por quienes viven en la pobreza es –-según el texto— “particularmente limitado, o está especialmente menoscabado, y respecto de los cuales los Estados tienen con frecuencia políticas inadecuadas o contraproducentes”.
El documento abarca tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, referidos al marco específico de la pobreza extrema. Una somera lectura de esta nueva plataforma de Naciones Unidas indica que podríamos estar en presencia de otro de esos pactos de la ONU que La Habana firma, sin esperar cumplirlos.
LO QUE FIRMAN Y LO QUE HACEN
Tomemos como botón de muestra el título “Derecho a una vivienda adecuada, seguridad de la tenencia y prohibición del desalojo forzoso”.
La parte preambular toma nota de que las personas que viven en la pobreza tienen con frecuencia viviendas insalubres; por ejemplo, en barrios marginales y asentamientos irregulares, con acceso limitado o nulo a servicios básicos. Agrega que el hacinamiento, la inseguridad y la exposición desproporcionada a desastres naturales o peligros ambientales amenazan la vida o la salud de estas personas, y que muchas carecen de seguridad en la tenencia, y viven en el constante temor de un desalojo o una expropiación, sin medios para defender sus derechos en los tribunales.
Luego, pasa a enumerar los deberes de los Estados.
El primero de ellos es otorgar prioridad a la erradicación de la carencia de vivienda mediante una estrategia nacional.
El segundo, es aprobar leyes que protejan a todos los individuos, grupos y comunidades, incluidos los que viven en la pobreza, contra el desalojo forzoso por agentes estatales y no estatales.
Los principios presentados por la relatora Sepúlveda también establecen como obligaciones del Estado:
- Conceder prioridad en la asignación de las viviendas y tierras a las personas y comunidades que viven en la pobreza.
- Adoptar medidas inmediatas para conferir seguridad legal a la tenencia de las personas y familias que viven en la pobreza y que carecen de esta protección.
- Asegurar un gasto público adecuado en viviendas asequibles y promover políticas y programas que prioricen el acceso de las personas que viven en la pobreza a esas viviendas. Tales políticas pueden incluir programas de financiación de la vivienda, mejora de los barrios marginales, titularización y regularización de los asentamientos irregulares y/o subsidios del Estado para el alquiler, o compra, de una vivienda.
- Otorgar prioridad a la mejora de la infraestructura y los servicios en las zonas habitadas por personas que viven en la pobreza, incluyendo caminos transitables todo el año, agua potable, evacuación de desechos y aguas negras e instalaciones de saneamiento, servicios de atención a la salud, educación, y electricidad.
- Elaborar y aplicar políticas y programas de reducción del riesgo de desastres relacionados con la vivienda, lo cual incluye priorizar la reconstrucción de las viviendas y proveer otras posibilidades de alojamiento digno a los grupos más desfavorecidos.
Como decíamos, el gobierno cubano acaba de apoyar estos principios en Ginebra, pero ¿cómo se aplican en la isla?
DESALOJOS BRUTALES
El Centro de Información Hablemos Press, entidad independiente que elabora un informe mensual sobre violaciones de derechos humanos, preparó en junio un boletín especial sobre el incremento en 2012 de los desalojos brutales contra familias que construyen viviendas rústicas en terrenos baldíos o que, desesperadas por un techo, se cobijan en algún inmueble abandonado o sellado por las autoridades.
De enero a junio la entidad contabilizó 322 operativos de desalojo que afectaron a unas 800 familias. Muchas de ellas incluían a niños, ancianos y personas enfermas.
Hablemos Press ha reportado este tipo de operativos en la mayor parte de las provincias de la isla. Su modus operandi podría considerarse entre los tratos crueles, inhumanos o degradantes que los instrumentos internacionales de derechos humanos condenan.
Suelen acudir policías, inspectores de la vivienda y otras autoridades locales, con tractores, vehículos patrulleros, carros de bomberos, una ambulancia y un camión.
Las puertas, si las hay, son derribadas; las personas, expulsadas a la fuerza; las propiedades, extraídas y montadas en el camión; los niños, arrebatados a los padres y evacuados en la ambulancia; las viviendas, demolidas; y los “agentes estatales” suelen actuar con violencia contra los inquilinos que se resisten a perder su único amparo, como muestran los siguientes testimonios grabados por Hablemos Press.
Que estas personas ocupen ilegalmente un inmueble deshabitado, o levanten una choza o rancho sin permiso, se debe muchas veces al desprecio o la indiferencia que han enfrentado al plantear sus críticos casos a las autoridades.
La situación de la vivienda en la isla no es mucho mejor para los cubanos que al menos tienen un domicilio legal.
En un reciente reportaje titulado “En una Encrucijada: Construir por Esfuerzo Propio la Vivienda, o la Libertad”, la directora de la Agencia de Prensa Libre Oriental, APLO, Yusmila Reina, afirma que cualquier mirada superficial percibe el deterioro inmenso y deprimente de las edificaciones en Cuba, una muestra de la inefectividad de las políticas aplicadas por el gobierno, o de la ausencia de éstas.
La autora reconoce que en los Lineamientos del Partido Comunista se proponen seis directrices para el problema de la vivienda, pero las considera inviables a menos que se amplíen las libertades económicas, sociales y políticas de los cubanos para poder auto-sostener y crear su propia base habitacional; y que se inyecten capital y tecnología para la producción de materiales y la construcción de viviendas.
Según datos oficiales, el 43 % de las viviendas en Santiago de Cuba,la provincia donde reside Reina,están en un estado entre regular y malo. Pero ella asegura que la situación real es crítica; que barrios como el Distrito José Martí, con 420 edificios, cuarterías o interiores; asentamientos marginales en la periferia de ese mismo Distrito y los repartos Abel Santamaría, El Polvorín, Los Guaos, Alturas de Quinteros, Alturas de Chicharrones, VAN-VAN, Venceremos y muchos más, se encuentran en pésimo estado.
Agrega que un pase de revista por domicilios santiagueros revela que al que no le falta por construir el baño, le falta la taza o el lavamanos, o no han podido hacer la fosa; o no tienen instalación de agua; les falta terminar un cuarto u otra pieza; no tienen piso; tienen rotas las ventanas; o les falta el techo o, en el mejor de los casos, la pintura. En el peor, se trata de un espacio mínimo, una especie de caseta para guardar materiales de construcción.
Un pase de revista revela el pésimo estado de la vivienda en Santiago
A este problema de la vivienda en la provincia se une el de las carencias de servicios e infraestructuras: ausencia o deficiencias de los desagües, falta de acceso a instalaciones adecuadas de agua potable… Y están por otro lado los problemas sociales derivados del habitacional: hacinamiento y carencia de privacidad, violencia familiar, prostitución, criminalidad, pobreza y marginalidad.
En años recientes el gobierno de Raúl Castro, empeñado en arrojar lastre para que no se hunda la nave del Estado, dejó de considerar la construcción de viviendas una obra social para transferir esa responsabilidad a los ciudadanos: ellos tendrían que mejorar con esfuerzo propio sus condiciones de alojamiento.
La periodista independiente apunta que un sondeo de opiniones en los poblados santiagueros de Songo-La Maya, Dos Caminos, Palma y Contramaestre evidenció que construir o mejorar sus viviendas es una de las preocupaciones primarias de la población. Pero muchos se sienten engañados por el aplazamiento de la solución constructiva y el cambio de la política de viviendas, sin contar con ellos, de obra social a esfuerzo propio. Se sienten impotentes, pues con sus bajos ingresos no pueden levantar sus casas debido al alto precio de los materiales y la mano de obra.
La directora de la APLO subraya que la población santiaguera se encuentra en franca indefensión ante su pobreza habitacional, ya que ha agotado sus intentos a través de quejas y peticiones a todos los niveles, para que el gobierno les ayude. La única respuesta es que deben asumir sus problemas sin esperar soluciones estatales.
“¿Resulta ahora que este gobierno lucha por la independencia y creatividad de su pueblo o es que lo está abandonando a su suerte? ¿Dónde queda la aseveración constitucional cubana de que el Estado trabaja para que cada familia tenga una vivienda confortable?”, se pregunta la autora.
Bueno, no hay que exagerar: el gobierno sí trabaja para que algunas familiascubanas tengan una vivienda confortable.
CONSTRUYA SIN MISERIA, CORONEL, QUE EL MININT PAGA
En el sitio de Hablemos Press, el veterano periodista independiente Jaime Leygonier escribe que el Estado cubano no tiene materiales para construirles casas decorosas a los trabajadores o reparar el 80% de edificios deteriorados que acaban derrumbándose y aplastando a sus moradores; pero sí aparecen para lujosas ampliaciones de las casas de altos oficiales militares y dirigentes.
Los beneficiados –dice el autor-- no roban un centavo; sencillamente tienen el privilegio de construirse una mansión a expensas del pueblo, y todo aparece autorizado y pagado por el Ministerio del Interior, que aporta los materiales, los equipos y la mano de obra..
La cobertura legal –explica Leygonier-- la brinda un proyecto de entrega y reparación de casas inhabitables, por ruinosas, a oficiales del MININT, pretexto para construirse residencias que le costarían a un particular entre 100.000 dólares y medio millón. Algo que no aparece en las facturas del MININT son los costos
El autor incluye una foto (ilustración) de las obras para ampliar a dos plantas una casa de inicios del siglo XX en Santa Emilia, casi esquina a San Benigno, frente al parque de Santos Suárez. El inmueble estaba semiderruido. Los vecinos dicen que esa obra se construye para la hija y el yerno de un coronel del MININT.
El colaborador de Hablemos Press apunta que en un día fundieron el techo de placa de la segunda planta con una hormigonera que bombeaba la mezcla, dos mezcladoras de concreto, un camión pipa y numerosos obreros y operarios de esos equipos. Para trabajar, cerraron el tráfico en esa cuadra, donde hay una parada de ómnibus.
Algo parecido ocurrió hace unos años a dos cuadras de allí, en San Indalecio y San Bernardino, cuando se construyó una para el entonces coronel y fiscal militar González Peña.
Precisa el periodista que como norma, en esas construcciones trabajan reclusos, en una franca explotación de su trabajo como esclavos, pero también es legal.
La piñata no es exclusiva de los miembros del MININT. También está ocurriendo --dice el autor-- en la casa de los padres del vicepresidente y zar de las reformas Marino Murillo –un ex coronel de las FAR-- donde se reporta la entrega de rastras cargadas de costosas losas y materiales para remozar el inmueble del reparto D'Beche, en Guanabacoa. Se ignora qué organismo del Estado paga la cuenta.
Termina reiterando Jaime Leygonier que estos militares y dirigentes no roban un centavo, pues lo suyo no es oficialmente corrupción, sino derecho de elegidos, el privilegio de construir a expensas del Estado, en una ciudad –y un país-- que se derrumba sobre sus habitantes.
Rolando Cartaya (La Habana, 1952) periodista, traductor e investigador. Trabajó por varias décadas en Radio Martí desde 1989, donde fue periodista, editor y director y guionista de programas radiales. Actualmente labora en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Fue vicepresidente en la isla del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
