Apiñados para protegerse en los salones de clase cuando escucharon los disparos, los estudiantes de la escuela secundaria Apalachee escribieron mensajes de texto o llamaron a sus padres para informarles lo que ocurría y enviar lo que pensaron que podría ser su última comunicación. Una estudiante mandó un mensaje de texto a su madre para decirle que la amaba y agregó: "Lamento no ser la mejor hija".

El tiroteo en la escuela de Georgia que dejó cuatro muertos y nueve heridos la semana pasada fue la peor pesadilla de cualquier padre, y una que destaca la posible desventaja de los esfuerzos de los estados, distritos escolares y legisladores federales para prohibir o restringir el acceso a teléfonos celulares en las aulas.

Las medidas para la restricción del uso de móviles en las escuelas son resultado de las preocupaciones sobre el impacto que el tiempo frente a la pantalla tiene en la salud mental de los niños y quejas de los maestros respecto a que los celulares se han convertido en una distracción constante en el aula. Pero quienes se oponen a las prohibiciones dicen que significan cortar una línea vital que tienen los padres para asegurarse de que sus hijos están seguros durante tiroteos escolares u otras emergencias.

"El hecho es que los padres y las familias no pueden confiar en que las escuelas se comuniquen eficazmente con nosotros en momentos de emergencia, y esto ha ocurrido una y otra vez", dijo Keri Rodrigues, presidenta de la Unión Nacional de Padres, un grupo de defensa de la educación. "Hay una amplia cantidad de razones por las que los padres están profundamente preocupados sobre si van a recibir o no información oportuna respecto a si sus hijos están seguros o no".

A nivel nacional, el 77% de las escuelas de Estados Unidos afirman que prohíben los teléfonos celulares en horario escolar para uso no académico, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación. Pero esa cifra es engañosa: No significa que los estudiantes cumplan con las prohibiciones o que todas esas escuelas las hagan cumplir.

Las restricciones han sido proclamadas por gobernadores republicanos y demócratas, quienes rara vez están de acuerdo en otros temas.

En Arkansas, la gobernadora republicana Sarah Huckabee Sanders lanzó un programa para que los distritos escolares soliciten subvenciones para comprar fundas para que los estudiantes guarden sus teléfonos durante la jornada escolar. En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom ha instado a los distritos escolares a restringir el uso de celulares y sopesa si firmar una ley que obligaría a las escuelas a promulgar restricciones.

"Odiaría ver que otro tiroteo en una escuela sea la razón por la que llevemos televisores al aula y luego interrumpamos la educación de nuestros hijos", dijo Newsom el viernes. "Porque, en esencia, a eso es a lo que equivale un teléfono celular: Llevar un televisor al aula y causar una disrupción en la capacidad de tener tiempo académico de calidad".

Pero para muchos estudiantes atrapados en el tiroteo de Apalachee, el acceso a sus teléfonos fue la única forma en que pudieron comunicarse con sus seres queridos durante momentos que temían que podrían ser los últimos.

"Te amo. Te amo tanto. Ma, te amo", le escribió Julie Sandoval, estudiante de tercer año, a su madre. "Lamento no ser la mejor hija. Te amo".

Cerca de allí, reportó Sandoval, otro estudiante habló por teléfono con su madre y le dijo: "¡Están disparando en la escuela! ¡Están disparando en la escuela!".

Pero los defensores de las restricciones a los teléfonos en las escuelas advierten que permitir el acceso a los teléfonos durante tiroteos u otras emergencias podría poner a los estudiantes en un peligro aún mayor.

"Lo que es aún más importante para mí es su seguridad", dijo Kim Whitman, cofundadora del Movimiento de Escuelas Libres de Teléfonos, un grupo que aboga para que las escuelas adopten políticas que mantengan los celulares apagados y lejos de los estudiantes. "Si mi hijo estuviera hablando por teléfono conmigo y no escuchara las indicaciones del maestro porque estaba distraído con su teléfono y no estaban seguros, en mi mente ese es un escenario peor".

Whitman dijo que entiende las preocupaciones sobre mantener informados a los padres y es por eso que una parte clave para cualquier escuela libre de celulares es ser proactiva en la comunicación sobre emergencias.

Encontrar un punto medio entre la seguridad y las preocupaciones de los padres fue la base de la prohibición de los teléfonos celulares en Grand Island Senior High, la escuela secundaria más grande de Nebraska, que implementó una nueva política en enero que requiere que los estudiantes mantengan los teléfonos fuera de la vista y en sus bolsos o bolsillos, silenciados o apagados durante el horario escolar.

"Una de las preguntas esenciales que nos hicieron los padres fue: '¿Qué pasa si Sally o Johnny no tienen su teléfono y, Dios no lo quiera, ocurre un tiroteo activo o hay algún tipo de crisis en el edificio?'", dijo Jeff Gilbertson, el entonces director de la escuela quien ahora dirige la capacitación de liderazgo en la Junta de Educación del estado.

Así que la escuela ofrece capacitación sobre el cierre de emergencia para recordar a los estudiantes los peligros que pueden causar los teléfonos durante una crisis.

"Enseñamos a nuestros chicos a mantener los teléfonos en silencio. No debes hablar por teléfono cuando estamos en un cierre de emergencia porque eso revelaría tu ubicación a un tirador activo", refirió.

Los estudiantes en otros tiroteos escolares han utilizado sus celulares para alertar del hecho a las autoridades o a sus padres. Durante el tiroteo escolar de 2022 en Uvalde, Texas, en el que murieron 21 personas, una alumna de cuarto grado pidió ayuda en una serie de llamadas al 911. Los alumnos de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, enviaron mensajes a sus padres y publicaron videos escalofriantes durante el tiroteo de 2018 en que murieron 17 personas.

El tiroteo en la escuela de Apalachee fue un doloroso recordatorio para Brandi Scire de por qué compró un teléfono para su hija, quien es ahora estudiante de 10mo grado en el condado Broward, Florida. Sus dos hijos asistían a escuelas cercanas a la secundaria Marjory Stoneman Douglas cuando ocurrió ese tiroteo masivo.

La escuela del hijo de Scire realizó un cierre de emergencia y pensó que era un simulacro hasta que ella le envió un mensaje de texto a su celular. Scire compró un teléfono para su hija el año siguiente debido a eso.

Las escuelas del condado Broward ahora requieren que los estudiantes mantengan sus teléfonos guardados y en modo avión, pero Scire le ha dicho a su hija que mantenga el suyo encendido y consigo.

"No se trata de que le envíe mensajes de texto a mi hija durante el horario escolar regular ni nada de eso", explicó Scire. "Es una medida de seguridad, y lo siento: no puedo soltarla".

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea mantener su objetivo de aceptar 125.000 refugiados el próximo año, según un informe interno a los congresistas al que tuvo acceso Reuters, lo que indica que el aumento continuará si Kamala Harris gana la Casa Blanca.

El Gobierno de Biden está en camino de traer a 100.000 personas a través del Programa de Admisión de Refugiados en el año fiscal 2024, que termina el 30 de septiembre, según el documento, del que no se informó previamente. Si se consigue, sería el nivel más alto en tres décadas.

La inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones del 5 de noviembre, que enfrentarán a Harris, demócrata y vicepresidenta de Biden, con el republicano Donald Trump.

El exmandatario redujo en gran medida las admisiones de refugiados durante su presidencia de 2017 a 2021 y ha prometido una amplia represión de la inmigración si es reelegido.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que compartía la visión de Biden de un programa de reasentamiento de refugiados "que refleje la generosidad y los valores fundamentales de Estados Unidos", pero declinó hacer comentarios sobre el plan del año próximo.

La Casa Blanca, la campaña de Harris y la campaña de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios.

El Programa de Admisión de Refugiados suele estar disponible para personas que se encuentran fuera de sus países de origen y sufren persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Los solicitantes deben encontrarse fuera de Estados Unidos para poder optar a este estatus.

El primer objetivo de Biden era lograr 125.000 admisiones de refugiados en el año fiscal 2022, una meta ambiciosa que se ha mantenido inalcanzable incluso después de años de intensificar la tramitación de los refugiados.

El gobierno de Biden también ha aumentado las entradas de refugiados procedentes de América Latina, como parte de una estrategia para proporcionar más vías legales en la región en medio de niveles récord de desplazamientos.

Más de 16.000 refugiados de América Latina y el Caribe han entrado en Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, según datos del Departamento de Estado.

Refugee Council USA, una coalición de grupos humanitarios, había pedido a Biden en agosto que aumentara el objetivo en el año fiscal 2025 hasta al menos 135.000, citando las crecientes necesidades en todo el mundo.

Un juez accedió el viernes posponer hasta después de las elecciones de noviembre la sentencia a Donald Trump en el caso donde se le acusa de pagar para ocultar información desfavorable, concediéndole un aplazamiento obtenido a duras penas, cuando navega entre las consecuencias de su condena penal y la recta final de su campaña presidencial.

El juez de Manhattan Juan M. Merchan, que también pondera una solicitud de la defensa para anular el veredicto por motivos de inmunidad, retrasó la sentencia de Trump hasta el 26 de noviembre, tres semanas después que se emitan los últimos votos de la elección presidencial.

El veredicto se había programado para el 18 de septiembre, unas siete semanas antes de la elección. La nueva fecha es el martes previo al Día de Acción de Gracias.

El retraso, que es la más reciente muestra de buena fortuna legal para Trump, significa que la elección presidencial se decidirá sin que los votantes sepan si el candidato republicano irá a la cárcel o no.

Merchan explicó, en un fallo de cuatro páginas, que pospuso la sentencia “para evitar cualquier apariencia— por injustificada que sea— de que el proceso ha sido afectado, o busca afectar la próxima elección presidencial en que el acusado es candidato”.

“El tribunal es una institución justa, imparcial y apolítica”, añadió, y escribió que su decisión “debe disipar cualquier insinuación” de lo contrario.

Los abogados de Trump presionaron para obtener el retraso desde varios frentes, presentando una petición al juez y pidiendo la intervención de un tribunal federal. Argumentaron que castigar al expresidente en medio de su campaña para recuperar la Casa Blanca equivaldría a interferir en las elecciones.

La defensa de Trump argumentó que retrasar la sentencia del magnate hasta después de la elección también le dará tiempo para ponderar sus próximos pasos después que Merchan decida sobre la solicitud de la defensa de revertir su condena y desestimar el caso debido a la decisión tomada en julio por la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con la inmunidad presidencial.

En su orden del viernes, Merchan retrasó la decisión sobre el tema hasta el 12 de noviembre.

Colin Gray, de 54 años y padre de Colt Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en una publicación en redes sociales.

"Estos cargos se derivan de que el señor Gray le permitió a sabiendas a su hijo, Colt, poseer un arma", dijo el director de la GBI, Chris Hosey, en una conferencia de prensa vespertina. "Sus cargos están relacionados directamente con las acciones de su hijo, y el permitirle poseer un arma".

En Georgia, un cargo de homicidio en segundo grado significa que la persona ha causado la muerte de otra al tiempo que cometió crueldad en segundo grado con niños, independientemente de la intención. Se castiga con penas de 10 a 30 años de cárcel, mientras que el homicidio doloso y el asesinato criminal conllevan una pena mínima de cadena perpetua.

Las autoridades han acusado a Colt Gray, de 14 años, como un adulto con un cargo de homicidio por los disparos del miércoles en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en las afueras de Atlanta. Órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press lo acusan de utilizar un fusil semiautomático de asalto en el atentado, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dos profesores y causó heridas a nueve personas más.

El adolescente negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela cuando las autoridades lo entrevistaron el año pasado con respecto a un mensaje amenazador en redes sociales, según un informe del departamento policial obtenido el jueves.

La evidencia contradictoria sobre el origen de la publicación les impidió a los investigadores detener a alguien, según el informe. La jefa policial del condado Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que hubiera justificado presentar cargos en ese momento.

"No cometimos un error en esto en lo absoluto", le dijo Mangum a la AP en una entrevista. "Hicimos todo lo que podíamos hacer con lo que teníamos en ese momento".

Cuando un investigador del departamento policial del vecino condado Jackson entrevistó a Gray el año pasado, su padre dijo que el chico había resultado afectado por la separación de sus padres y que frecuentemente era molestado en la escuela. El adolescente disparaba armas con frecuencia y cazaba con su padre, que le tomó una fotografía con la sangre de un ciervo en las mejillas.

"Conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y cómo no usarlas", dijo Colin Gray, de acuerdo con una transcripción obtenida del departamento policial.

El adolescente fue entrevistado luego de que el departamento policial recibió una pista del FBI acerca de que Colt Gray, en ese entonces de 13 años, "había posiblemente amenazado con perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria mañana". La amenaza fue realizada en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre jugadores de videojuegos, de acuerdo con el reporte del departamento policial.

Una acusación presentada el miércoles por fiscales del gobierno federal de Estados Unidos alega que una compañía de medios vinculada a seis influencers conservadores, incluidos Tim Pool, Dave Rubin y Benny Johnson, fue financiada en secreto por empleados de medios estatales rusos para producir videos en inglés que "a menudo eran consistentes" con el "interés del Kremlin en amplificar las divisiones internas de EEUU para debilitar la oposición de EEUU" a los intereses rusos, como su guerra en Ucrania.

El Departamento de Justicia de EEUU no alega ninguna irregularidad por parte de los influencers, algunos de los cuales, dice, recibieron información falsa sobre la fuente de financiación de la empresa.

En cambio, acusa a dos empleados de RT, una empresa de medios estatal rusa, de canalizar casi 10 millones de dólares a una empresa de creación de contenido con sede en Tenesí para contenido amigable con Rusia.

Después de que se anunciaron las acusaciones, tanto Pool como Johnson emitieron declaraciones en las redes sociales, que Rubin retuiteó, diciendo que eran víctimas de los presuntos delitos y que no habían hecho nada malo.

"Todavía no sabemos qué es verdad, ya que estas son solo acusaciones", dijo Pool. "Putin es una basura".

En su publicación, Johnson escribió que hace un año se le había pedido que proporcionara contenido a una "startup de medios". Dijo que sus abogados negociaron un "acuerdo estándar, en condiciones de plena competencia, que luego fue terminado".

Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Están prófugos y no quedó claro si tenían abogados.

Los funcionarios estadounidenses han advertido previamente sobre el uso por parte de Rusia de estadounidenses involuntarios para influir en las elecciones de 2024, pero la acusación del miércoles es la descripción más detallada de esos esfuerzos hasta la fecha.

En un foro el jueves, el presidente ruso Vladimir Putin pareció sugerir en broma que apoyaría a la vicepresidenta Kamala Harris en las próximas elecciones estadounidenses, pero funcionarios de inteligencia han dicho que Moscú tiene preferencia por Donald Trump, informó la agencia Prensa Asociada.

Con el declive de los medios de comunicación tradicionales, como los periódicos, y los límites a la publicidad directa en las plataformas de redes sociales, los influencers desempeñan cada vez más un papel clave en la política y en la formación de la opinión pública.

Tanto el Partido Republicano como el Demócrata invitaron a decenas de personas influyentes a sus respectivas convenciones nacionales este verano. Pero con pocos o ningún requisito de divulgación sobre quién financia el trabajo de los influencers, el público está en gran medida a oscuras sobre quién está impulsando los mensajes en línea, dijo Prensa Asociada.

Aunque la acusación no nombra a la compañía con sede en Tenesí, los detalles coinciden con Tenet Media, una compañía de medios en línea que se jacta de albergar "una red de comentaristas heterodoxos que se enfocan en temas políticos y culturales occidentales".

Los seis principales influencers de Tenet Media tienen más de 7 millones de suscriptores en YouTube y más de 7 millones de seguidores en X.

(Basado en artículos de Prensa Asociada y CNN)