La Cámara de Representantes aprobó este viernes, por 212 votos contra 200, la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2025, que propone, entre otras cosas, $35 millones de dólares para el financiamiento de la democracia en Cuba.

El presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Tom Cole, dijo en un comunicado que la aprobación del proyecto de ley “supone un paso fundamental para garantizar que los estadounidenses estén más seguros en casa y en el extranjero”.

Por su parte, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, que preside del Subcomité de Operaciones Exteriores y Programas Relacionados del Departamento de Estado del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, expresó en un comunicado su satisfacción con la aprobación del Proyecto.

El representante dijo que la legislación defiende las prioridades clave de seguridad nacional de Estados Unidos al apoyar a aliados como Israel y Taiwán y contrarrestar a adversarios como la China comunista, los estados terroristas de Irán y Cuba y a las organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá.

“El proyecto de ley de financiación estatal y de operaciones exteriores para el año fiscal 2025 promueve la libertad global, manifiesta una fuerte solidaridad con nuestros aliados y se mantiene firme contra las fuerzas malignas que socavan la seguridad nacional de Estados Unidos”, expresó el cubanoamericano.

Según precisó, la legislación financia las prioridades de seguridad nacional y política exterior, reduce el gasto innecesario y al mismo tiempo defiende valores clave de Estados Unidos.

“Entre las muchas victorias, logramos una reducción del 19% del Presupuesto del Presidente y un recorte del 11% de los niveles promulgados para el año fiscal 2024”, dijo el republicano.

Díaz-Balart opinó que la aprobación en la Cámara pone al grupo en una major posición para comenzar las negociaciones con el Senado.

El miércoles, hablando ante el pleno de la Cámara, el congresista señaló que el proyecto de ley aumenta el apoyo a la libertad y la democracia del pueblo de Cuba al proporcionar $35 millones para financiamiento de la democracia y $35 millones para la Oficina de Transmisiones a Cuba.

“También limita los intentos de la administración Biden de promover el compromiso con los llamados empresarios en la cerrada economía comunista de Cuba. Permítanme ser claro: los únicos empresarios verdaderamente independientes en Cuba están en prisión”, dijo.

La Casa Blanca afirmó en una Declaración de Política fechada el 24 de junio del 2024 que si el proyecto de ley llegara al escritorio del presidente, él lo vetaría ya que, según la administración Biden, este resultaría en cortes profundos para aplicación de la ley, educación, vivienda, atención médica, seguridad del consumidor, programas energéticos y servicios de nutrición esenciales.

El Subsecretario Adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein, opinó este jueves que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece a los cubanos comunes y corrientes la oportunidad de una vida mejor.

“Hoy en día, más de un tercio de la fuerza laboral cubana trabaja en alguna de las más de 11.000 empresas privadas de la isla. El pueblo cubano todavía ve a Estados Unidos como un socio preferido. Por lo tanto, no podemos ceder espacio a Rusia o China y debemos seguir fomentando el crecimiento del sector privado”, declaró en una audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes.

El subsecretario Jacobstein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, y su bienestar político y económico.

La labor de USAID

Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Greg Howell, destacó cómo esta entidad ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas “cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno”.

“Durante casi 30 años, a lo largo de cuatro administraciones estadounidenses, la ayuda estadounidense ha ayudado al pueblo de Cuba frente al gobierno opresivo, apoyando los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y proporcionando un mejor acceso a la información”, dijo Howell.

Intercambio con funcionarios cubanos

A preguntas de la congresista republicana, María Elvira Salazar, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al Aeropuerto Internacional de Miami, esta vez invitados por la Administración Federal de la Aviación, Jacobstein reiteró que las visitas “tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación".

El funcionario mencionó que la Agencia de Seguridad del Transporte "ha coordinado con la Autoridad de Aviación Civil de Cuba durante años sobre medidas de seguridad aeroportuaria".

Salazar cuestionó si la Administración del presidente Joe Biden estaba tratando de "crear un escenario" que pudiera facilitar la salida de Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo.

“Cualquier revisión del estatus de Cuba en dicha lista, en caso de que ocurriera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, contestó el funcionario.

Los médicos cubanos enviados al exterior

La representante cubanoamericana también le preguntó a Jacobstein qué podía hacer el gobierno de Estados Unidos ante el envío a Honduras de un grupo de 96 médicos cubanos, a los que consideró como profesionales “esclavizados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.

“Seguimos instando a los países que estén considerando contratar a trabajadores cubanos a que mantengan los acuerdos transparentes y respeten los derechos humanos y los derechos laborales internacionalmente reconocidos”, respondió.

Por su parte, la congresista republicana sugirió que Estados Unidos no permita la entrada al país de cualquier funcionario del gobierno hondureño que esté involucrado en la trata de personas de médicos cubanos.

Esta misma semana, el Informe sobre Tráfico de Personas del 2024, divulgado por el Departamento de Estado norteamericano, denuncia que entre el 1ro de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, había una política o patrón gubernamental para sacar provecho del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra, que incluía las misiones médicas en el extranjero.

El Informe sobre el Tráfico Humano apunta que La Habana "continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas".

En la audiencia de este jueves, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del Subcomité, llamó a centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región.

El congresista de Texas alegó que la retórica de la Guerra Fría sólo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos.

Aunque la constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones, denuncia el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional correspondiente al 2023 presentado este miércoles por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

“La constitución declara al país un estado laico y prevé la separación de las instituciones religiosas y el estado, pero el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia (MOJ), regula la práctica religiosa. La ley requiere que todos los grupos religiosos soliciten al Ministerio de Justicia el registro oficial”, dice el reporte.

Añade que, por ley, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. El código penal estipula una sentencia mínima de seis meses, una multa o ambas para las personas que intentan oponerse por motivos de conciencia al servicio militar o la educación pública, incluidas aquellas cuyas objeciones se basan en sus creencias religiosas.

También impone “sentencias de hasta 10 años de prisión a las personas que reciben fondos de organizaciones extranjeras o para financiar actividades que se consideren estén dirigidas contra el Estado o el orden constitucional”.

El informe del Departamento de Estado hace referencia a la Lista de Vigilancia anual de la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas, en la que se informa de un aumento en la persecución gubernamental a los cristianos entre 2019 y 2023, incluido el uso de tácticas represivas contra líderes religiosos y activistas que se oponen a la ideología del Partido Comunista de Cuba mediante arrestos, exilio, multas arbitrarias y vigilancia, denegaciones de licencias, visas religiosas, libertad de movimiento y abuso físico y mental.

“Según el informe anual de CSW (Christian Solidarity Worldwide) publicado en febrero y que cubre 2022, hubo 657 violaciones de la libertad de religión o de creencias en comparación con 272 violaciones reportadas en 2021”, dice el reporte.

El reporte resalta el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado en 2022 a siete años de prisión prisión por cargos de falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público, y quien seguía en prisión al final del año. También menciona al matrimonio compuesto por Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, líderes de Yorubas Libres de Cuba, aún encarcelados.

“Fuentes de medios independientes informaron que las autoridades negaron rutinariamente la solicitud de atención médica que pidió la familia de Hernández García para el religioso, apunta.

La cancillería de EEUU incluyó en su informe los casos de tres Damas de Blanco –Sayli Navarro Álvarez, Tania Echevarría Méndez y Sissi Abascal Zamora– que seguían en prisión a finales de 2023 por su participación en las protestas públicas de 2021 contra el gobierno. El informe recuerda que, en marzo pasado, la madre de Abascal dijo a Martí Noticias que las autoridades penitenciarias habían reducido las raciones de alimentos de las tres mujeres en un 50 por ciento.

Añade que el gobierno siguió presionando a los críticos del régimen –incluidos los líderes religiosos– para que se autoexiliaran y menciona que “en noviembre, un grupo multiconfesional de líderes eclesiásticos, la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), emitió una declaración pública pidiendo reformas políticas y religiosas, incluida la protección de la libertad de religión o de creencias”.

“Los grupos religiosos dijeron que la ORA y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos religiosos y no respondieron a solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo)”, dice el informe.

Asimismo, señala que durante el año 2023 hubo informes de incidentes de robo y vandalismo de iglesias, que un clérigo describió como parte de la “creciente ola de indisciplina social y violencia social contra las instituciones religiosas” y que, en octubre, representantes de comunidades religiosas afrocubanas, musulmanas, judías y de grupos cristianos católicos, ortodoxos, protestantes y protestantes evangélicos participaron en dos mesas redondas sobre libertad religiosa.

“La Seguridad del Estado detuvo a algunos participantes cuando viajaban al evento, incluido el pastor Alejandro Hernández Cepero. Algunos grupos y organizaciones religiosos, como la organización benéfica católica Caritas, continuaron reuniendo y distribuyendo artículos de socorro, proporcionando asistencia humanitaria a personas independientemente de sus creencias religiosas”, dice el informe.

El reporte sobre libertad religiosa menciona que “en declaraciones públicas y en las redes sociales" funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el Secretario de Estado, continuaron pidiendo al gobierno de La Habana que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión o de creencias.

“En enero y julio, funcionarios del Departamento de Estado y de la embajada plantearon el caso del pastor Rosales Fajardo a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 27 de octubre, en conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental tuiteó un llamado al gobierno cubano para que libere al pastor Rosales Fajardo, quien participó en las protestas de 2021 y es el pastor del grupo no confesional no registrado Iglesia Monte de Scion”, detalla el reporte.

También recuerda que, el 29 de diciembre de 2023, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, el Secretario de Estado Blinken designó a Cuba como “País de Particular Preocupación” por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.

El régimen cubano envió recientemente otra delegación a aeropuertos de EEUU, esta vez invitados por la Administración Federal de la Aviación (FAA por sus siglas en inglés), según conoció Martí Noticias por documentos internos del MINREX a los que tuvo acceso.

La visita fue confirmada por la FAA, que declinó dar detalles sobre el itinerario de los funcionarios cubanos y remitió a La Habana para comentarios sobre la visita.

Este viaje es distinto al que provocó una intensa polémica en Miami, que fue gestionado por la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) y que llevó a que funcionarios cubanos recorrieran lugares del Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 20 de mayo.

Hermetismo sobre reunión en EEUU

“El encuentro tuvo lugar en mayo, pero habrá que contactar con las autoridades cubanas para obtener información sobre sus itinerarios”, dijo la FAA en un breve comunicado a una serie de preguntas enviadas por Martí Noticias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió una solicitud de comentarios de Martí Noticias.

De acuerdo con los documentos obtenidos en exclusiva por este medio, la Administración Federal de Aviación invitó a funcionarios del régimen cubano al Centro de Control de Tráfico Aéreo de la Ruta de Miami, Florida “como parte del Acuerdo de Operación Miami/La Habana y Houston/La Habana”.

El Minrex afirma en una nota oficial enviada a la Embajada de EEUU en La Habana que durante el encuentro se firmaría una “Carta de Acuerdos” sobre control de tránsito aéreo entre la Comisión Federal de Aviación y el Instituto Cubano de la Aeronáutica Civil.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron con este medio bajo condición de anonimato por no estar autorizados a revelar conversaciones entre ambos países, dijeron que la invitación a los cubanos tenía como propósito “discutir el movimiento continuo seguro y eficiente de las aeronaves” entre ambas terminales aéreas norteamericanas y Cuba.

Una delegación de 15 funcionarios estadounidenses, entre ellos ejecutivos de los aeropuertos de Miami y Houston encargados de Soporte de Espacio Aéreo y Procedimientos, así como de la Oficina del Hemisferio Occidental y la Oficina de Asuntos Internacionales de la FAA, recibieron a los cubanos, según pudo conocer Martí Noticias por funcionarios estadounidenses.

¿Quiénes viajaron desde Cuba?

De acuerdo con los documentos del Minrex obtenidos por Martí Noticias, los funcionarios cubanos que viajaron a Estados Unidos fueron Orlando Nevot González, Jorge Fermín Centella, Michel Mederos Reigoza y Jorge Luis Martínez Rizo.

Orlando Nevot González ha trabajado como Director de Navegación Aérea del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba y en el pasado ha viajado a Estados Unidos como parte de delegaciones oficiales de la isla, muestran reportes en la prensa estatal.

Michel Mederos Reigoza, por su parte, ha sido supervisor del Centro de Control de Tránsito de la República de Cuba, mientras que Jorge Luis Martínez Rizo trabaja para la Empresa Cubana De Aeropuertos Y Servicios. De Jorge Fermín Centella apenas se puede rastrear información pública, pero un correo electrónico empresarial lo vincula al Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

La prensa oficial cubana no ha publicado información sobre el viaje de los funcionarios a Miami.

Polémica por las visitas de funcionarios cubanos

Políticos cubanoamericanos , entre ellos el congresista Carlos A. Giménez, quien preside la Subcomisión de Seguridad Nacional de Transporte y Marítimo de la Cámara de Representantes, dijo en mayo que era “increíble” que se invitara a conocer las instalaciones estadounidenses a agentes de un régimen que está en la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Tras la visita de los funcionarios cubanos al Aeropuerto de Miami, el senador cubanoamericano Marco Rubio y Giménez presentaron el proyecto de Ley de Aeropuertos Seguros frente a los Enemigos (SAFE, por sus siglas en inglés) ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, respectivamente.

El senador calificó de “absurdo” que Estados Unidos haya recibido a funcionarios de países actualmente designados como Estados patrocinadores del terrorrismo.

“Debemos asegurarnos que esta Administración no permita que agentes extranjeros se enteren de nuestras medidas de seguridad destinadas a mantener seguros a los norteamericanos”, dijo Rubio.

Rubio y Giménez ya habían aprobado una ley para impedir la visita de funcionarios cubanos al cuartel de la Guardia Costera de Estados Unidos.

“Ahora tenemos que otra vez avanzar otro proyecto de ley para prohibir que la TSA no le enseñe a naciones que patrocinan el terrorismo nuestros métodos de seguridad. Eso no sé por qué lo tenemos que hacer, porque el sentido común dice que no lo hagas, pero parece que lo tenemos que hacer”, dijo Giménez.