La madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo denunció este sábado las críticas condiciones de vida que enfrentan sus dos hijos en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, en Bainoa, Jaruco, donde ambos sufren problemas de salud, y alertó a otros familiares de presos políticos a mantenerse activos por su liberación.

La mujer supo el miércoles que su hijo ha estado enfermo, con fiebre, pero no fue hasta verlo en prisión este sábado, durante la visita reglamentaria, que corroboró su real estado. Entre lágrimas, Martha contó en una transmisión en vivo en redes sociales que el joven ha bajado más de 10 libras de peso en menos de dos semanas.

El preso político sufre de fiebre, inapetencia y náuseas. Según el diagnóstico de médicos que lo vieron en prisión el viernes, tendría "bronquitis aguda", lo que, señaló la madre, requiere tratamiento con antibióticos, alimentación adecuada, higiene y reposo.

La mujer denunció las condiciones en las que su hijo permanece en prisión. Al negarse a trabajar en protesta por su injusto encarcelamiento, Jorge Martín Perdomo pasa horas encerrado junto a otros reos en el anfiteatro de la prisión, un lugar con filtración de aguas albañales y en medio del sofocante calor del verano, describió Martha.

En el lugar, añadió, hay un baño sin puerta con la suciedad acumulada de días, que no se limpia, y los reos no pueden ni sentarse en el piso, mojado del agua contaminada.

Por otro lado, su hijo Nadir padece de una enfermedad que requiere cuidados especiales, incompatibles con el régimen carcelario, denunció. Desde hace un tiempo, Nadir, al igual que Jorge, "está con arqueadas (náuseas), y ¡que a mí no se me metan cosas en la cabeza!", dijo Martha.

Una endoscopia reciente arrojó que Nadir tiene el hígado inflamado, detalló la madre.

"Por eso les digo a los familiares de los presos políticos: manténgase activos con sus presos en cárceles, porque nos matan a nuestros hijos.

Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021, en su caso, en el pueblo de San José de las Lajas, en Mayabeque.

Marta ha denunciado en varias ocasiones que sus hijos han sido torturados en prisión. "Mi familia cambió por completo con el encarcelamiento de mis hijos, es demasiado fuerte, es muy desgastante, pero mientras me quede sangre en mis venas, seguiré luchando por ellos”, aseguró el año pasado en una entrevista con Martí Noticias.

Entre el 1ro de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 739 violaciones a reclusos relacionadas con problemas de salud y falta de atención médica.

Según la organización, son frecuentes en las prisiones cubanas los brotes de tuberculosis, dengue, sarna, diarreas, enfermedades respiratorias y de la piel, así como plagas de roedores, chinches y otros insectos, "que por lo general no son debidamente tratadas por las autoridades penitenciarias".

La represión contra los artistas e intelectuales en Cuba se abordó en la Universidad Internacional de Florida en un panel con la participación de reconocidas artistas y activistas cubanas exiliadas.

Tania Bruguera, Camila Lobón, Carolina Barrero, Katherine Bisquet y Lía Villares encabezaron la charla basada en la importancia del movimiento artístico cultural como un detonante para la población cubana que ha salido a las calles a protestar durante los últimos años.

En el foro con estudiantes y catedráticos de la Universidad Internacional de Florida en Miami titulado “Arte, Censura y Resistencia en Cuba”, las panelistas denunciaron la persecución contra artistas de la isla que debieron marcharse al extranjero y la represión contra otros que todavía permanecen en prisión como los líderes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel (Osorbo) Castillo Pérez.

La curadora de Arte Carolina Barrero dijo que "es en la obra de arte donde a veces se cuestionan las narrativas propias del totalitarismo y el artista arroja semillas de luz sobre esa oscuridad que quieren articular los aparatos y los sistemas tiránicos".

La censura es definida por estos intelectuales como elemento consustancial de los regímenes totalitarios y consideran que en Cuba se utiliza para neutralizar la esencia contestataria que surge de manera espontánea entre la población.

Por otra parte advierten sobre la expansión del modelo monolítico ideológico cubano en la región.

"Es una realidad que se replica y se repite en países como Venezuela y Nicaragua", dijo Barrero.

Por su parte, la artista Lía Villares afirmó que "no se pueden seguir repitiendo las narrativas que quieren hacer estas dictaduras en Latinoamérica y con la dictadura cubana a la cabeza".

El movimiento cultural de Cuba considera que este tipo de manifestación a través de la lucha no violenta se ha traspasado a la ciudadanía, una pieza clave de impulso para el reclamo civil ante el gobierno de La Habana.

Desde fuera de esa nación, el exilio de artistas cubanos asume la responsabilidad de apoyo a la libertad de su pueblo.

La poeta cubana Katherine Bisquet habló de la necesidad de "tratar de reconstruir esa memoria, a través de mi trabajo como escritora, como investigadora, hacer ese recuento de los crímenes y toda la violencia del Estado y recoger toda la narrativa editada y anulada y volverla a exponer, construirla".

La represión hacia los intelectuales se intensificó con la aprobación del Decreto 349 en abril de 2018, una ley que restringe la libertad de expresión de los artistas y les exige obtener permiso del gobierno para actuar tanto en espacios públicos como privados.

El opositor y exprisionero político cubano Jorge Cervantes salió de Cuba esta semana al exilio, según una comunicación enviada a familiares y amigos en la que explica que fue expulsado del país directamente desde la prisión.

Cervantes, quien ha sido una figura clave dentro de la disidencia en la isla, anunció su salida del país a través de un mensaje.

En el texto, fechado el 10 de septiembre de 2024, el opositor se dirigió a sus “hermanos de lucha, amigos presentes y futuros, familiares y a todo el que le pueda interesar”, y explicó que el régimen cubano le propuso la deportación como alternativa a seguir encarcelado, una oferta que aceptó.

“Ya estoy fuera de mi patria, en un lugar que no debo mencionar ahora, analizando hacia dónde voy”, escribió Cervantes.

Añadió que fieles amigos lo están ayudando y que está por decidir su próximo paso. Indicó además que fue custodiado por las autoridades desde la cárcel hasta el avión, sin que su familia supiera nada hasta ahora.

El opositor concluyó su mensaje con la promesa de que, cuando lo considere oportuno, se dirigirá a las redes sociales para explicar su situación en detalle.

Alba Verdecia Gracia, madre de Cervantes, habló este jueves con Martí Noticias desde la provincia de Las Tunas. En la entrevista, explicó que aún no ha tenido comunicación directa con su hijo, y que fue la esposa de este quien le pasó un escrito informándole sobre su deportación.

Según Verdecia, la Seguridad del Estado cubano subió a su hijo a un avión y lo dejó en un país latinoamericano, sin precisar cuál. “Lo dejaron botado en un país latino, sin saber nosotros en qué país es”, lamentó.

La madre del opositor explicó que Cervantes está siendo ayudado por un compañero de lucha mientras decide hacia dónde ir. La incertidumbre sobre su paradero preocupa profundamente a su familia, especialmente a su madre, de 84 años, quien expresó su tristeza por la situación en la que se encuentra su hijo por pensar diferente.

Jorge Cervantes ha sido un opositor destacado dentro del movimiento disidente cubano. Ocupó el cargo de coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y luego fue coordinador del grupo opositor “Cuba Primero” en Santiago de Cuba. Su activismo le ha costado múltiples detenciones y un constante acoso por parte de las autoridades cubanas.

El 12 de marzo de 2024, Cervantes fue arrestado tras un allanamiento en dos de sus viviendas, donde las autoridades decomisaron sus pertenencias y las de su familia. Fue trasladado inicialmente a la Unidad de Instrucción Penal en Santiago de Cuba, y después a la cárcel de Aguadores, donde protagonizó una huelga de hambre de 10 días en protesta por su detención.

La acción llevó a su traslado a la prisión de Boniato, también en Santiago de Cuba, donde permaneció bajo investigación por supuestos delitos contra la seguridad del Estado, hasta su salida del país.

La madre de Cervantes lamentó la situación en la que se encuentra su hijo, y criticó duramente al gobierno cubano por su trato hacia quienes piensan diferente.

“Que cada cual piense como quiera y no como quiera otro”, expresó Alba Verdecia Gracia. La mujer concluyó que no existe ninguna causa que justifique el arresto ni la deportación de su hijo.

El régimen cubano ha utilizado el exilio forzoso como una forma de represión, y para debilitar la oposición interna, han denunciado activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental a este problema.

A finales de agosto, Yosandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Güinera (La Habana). En junio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico.

“En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”, advirtieron en un comunicado el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).

Justicia 11J y el CDPC han registrado, desde el 1 de enero de 2024, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).

Se trata de las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado, Yanet Pérez Quevedo y Lizandra Góngora; y los prisioneros Abel Lázaro Machado Conde, Ismael Rodríguez González, Yasmany González Valdés, Fray Pascual Claro Valladares, Daiver Leyva Vélez y Omar Ortega, también condenados por manifestarse o ejercer el activismo y la libertad de expresión. Sus casos han sido visibilizados por sus familiares con denuncias en redes sociales y ante organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según Naciones Unidas, que estableció las Reglas Nelson Mandela para recomendar a los Estados miembros cómo tratar a los reclusos, las autoridades deben facilitar con frecuencia la asistencia médica necesaria para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”, para prevenir el suicidio.

El régimen de La Habana ha ratificado su “compromiso” con las Reglas Mandela. En 2020, la representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, la embajadora Loipa Sánchez Lorenzo, aseguró que su gobierno sigue “determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad” para el tratamiento a las personas privadas de libertad.

No obstante, el equipo legal de la ONG Cubalex advierte que “la negación de la atención médica a los reclusos en Cuba constituye una violación de las Reglas Mandela”.

Según Cubalex, en las prisiones “el personal médico debería realizar exámenes periódicos para detectar estrés, lesiones y otros problemas en los reclusos, comunicándolos a las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, en el contexto cubano, estos profesionales actúan bajo la influencia del poder estatal, impidiendo el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los reclusos. Esta complicidad del personal médico con las violaciones de derechos humanos contribuye a un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante”.

La prisión puede ser el “detonante”

“La prevalencia de enfermedades mentales en la población penitenciaria es alta, incluyendo abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad sociopáticos, bipolaridad, estrés post traumático y adicciones en general. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y/o disfunciones mentales en esta población sea una prioridad”, dijo a Martí Noticias la psicóloga cubana residente en EEUU María de los Ángeles García.

Según la especialista, hay una “mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales en esta población”, por lo que se deben garantizar “tratamientos multifactoriales, con enfoque en proyectos educativos, psicológicos y socioculturales”.

José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó para un artículo del diario El Mundo sobre suicidios de reclusos que “la prisión puede ser el detonante: los factores de riesgo que trae una persona se añaden a estar encerrado, al delito, al sentimiento de culpa, al desarraigo”.

El suicidio, entendido como el comportamiento de planificación, conductas autolesivas, ideación, intentos y suicidio consumado, sigue siendo a día de hoy un importante problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en todo el mundo. Entre la población reclusa, la prevalencia de la conducta suicida se incrementa si la comparamos con la población general debido a la influencia de numerosos factores y al impacto psicológico que conlleva la estancia en prisión, según se explica en esta investigación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.

A la experiencia punitiva de la prisión se le suman las complejas circunstancias personales de cada preso, según estudios, y los especialistas hacen hincapié en la raíz multicausal del suicidio, así como la necesidad de prestar atención a cada uno de los casos de manera individualizada.

“Por ello, la primera evaluación psicológica que pasa un reo es al entrar en prisión. En la misma línea, se le presta atención cuando sus circunstancias penitenciarias cambian. Por ejemplo, cuando se le imputa una nueva causa, su condena aumenta o se le sanciona en aislamiento. Pero también cuando está a punto de quedar en libertad”, se advierte en este reporte del medio Público.

Los investigadores Pablo Cifuentes, de la Universidad de Chile, y Gergő Baranyi, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), advierten en otra investigación que las personas ingresan con problemas de salud mental preexistente a las prisiones. “Ingresan con psicosis, con comorbilidades de adicciones y cursan con depresiones. Además, muchos de ellos tienen trastornos de personalidad y todo eso eleva el riesgo de suicidio en estas personas”, argumentan. Eso se suma a los factores que impone el mismo sistema penal: la separación de las familias, las adversidades, el trato cruel entre pares, etcétera.

Justicia 11J y el CDPC advierten en su pronunciamiento que, en el caso de los presos políticos cubanos, a las consecuencias psicológicas que puede tener el encierro se añaden las difíciles condiciones de habitabilidad de las cárceles y “la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”.

“Para nosotros es muy preocupante que continúen presas cientos de personas por motivos políticos, en penales que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. La desatención de problemas de salud prexistentes o adquiridos en la cárcel, los abusos físicos y la arbitrariedad de los procesos penales a que están sometidos los activistas y manifestantes en Cuba, configuran un escenario muy opresivo que puede ser el detonante para el suicidio”, respondió el grupo Justicia 11J, consultado por Martí Noticias.

Es el caso de Fray Pascual Claro Valladares, sentenciado a 10 años por las protestas en la ciudad camagüeyana de Nuevitas de agosto de 2022, quien intentó suicidarse tras conocer su condena. El incidente provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares para su protección.

Según la CIDH, el intento de quitarse la vida acometido por Claro Valladares “fue manejado con negligencia [por las autoridades], sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.

Por su parte, Justicia 11J y el CDPC han exigido “la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen”, afirman las organizaciones en el citado comunicado.

Los suicidios en Cuba: una de las tasas más altas de América

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en 2023 en un informe de balance sobre la situación del Sistema de Salud que las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” —como se registra oficialmente las estadísticas del suicidio— están entre las primeras 10 causas de defunción en la isla.

Desde los años 80, Cuba presenta uno de los índices más altos de muertes autoinfligidas en el área de América Latina y el Caribe.

Aunque existen pocos datos y no pueden ser verificados por entidades independientes, según los más recientes de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), desde 2019 se registró un aumento de las muertes por suicidio en la isla. Ese año se registraron 1.467 casos y para el 2020 ocurrieron 1.556 muertes por suicidio.

En 2021 las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” provocaron el deceso de 1.789 cubanos, para una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes.

Tras el aumento de las tasas de suicidio en el país, el Ministerio de Salud Pública cubano implementó en 1989 el Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. Según la doctora Beatriz Corona Miranda, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este Programa “se somete constantemente a nuevas versiones y revisiones con el propósito de disminuir lo más posible la morbilidad por intento y la mortalidad por suicidio”.

No obstante, las cifras no han disminuido en la isla, sumida en una crisis generalizada. Los presos políticos se encuentran entre las personas vulnerables ante las constantes violaciones de derechos humanos.

Puede conocer más del tema en este Explicador de Martí Verifica.

Los cubanos protestaron en las calles, al menos en 137 ocasiones, durante el período que va de enero a junio de 2024, de acuerdo al informe semestral del centro de asesoramiento legal Cubalex.

Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes: “En marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión, con la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas, y las multas a los manifestantes”, indicó a Martí Noticias, Giselle Morfi, miembro del equipo de Cubalex.

“Estas protestas fueron reprimidas, tanto físicamente como en el mundo virtual, como un claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia”, dijo la experta.

La jurista destacó la táctica del régimen de implementar leyes como mecanismos para disuadir a la sociedad y a las personas de que “ejerzan sus derechos fundamentales. Por ejemplo, la Ley de Comunicación Social”.

Muertes bajo custodia de las autoridades

El reporte denuncia que en el primer semestre de 2024, ocurrieron al menos 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.

En este sentido, Morfi aludió al informe de Cubalex publicado el 10 de julio de este año, que “reflejó que entre enero del 2022 y enero del 2024 se registraron 56 muertes en custodia”.

“Es una situación que amerita la atención de los medios de prensa, de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, lo que está pasando en las prisiones de Cuba, que es que las personas están muriendo”, apuntó.

“En violación de lo establecido en las Reglas Mandela, emplean de forma arbitraria y discrecional la reclusión en celda de castigo, excediendo además el tiempo estipulado para esta práctica disciplinaria", detalla la organización que tiene su sede en Miami.

El informe advierte del empleo que hacen los mandos penitenciarios de reclusos y reclusas comunes para hostigar a los presos políticos, “favoreciendo episodios de violencia física y sexual".

Cubalex documentó 1.876 incidentes represivos, un promedio de diez por día, que “afectaron no solo a opositores políticos, activistas y periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, defensores de derechos de comunidades vulnerables, usuarios de redes sociales y artistas".

Los arrestos ilegales a menudo implicaron desapariciones forzadas y maltratos, tanto físicos como psicológicos: "La coerción y las amenazas durante detenciones y citaciones, incluyendo la fabricación de cargos penales y amenazas de muerte, son prácticas comunes".

Del mismo modo, la represión se materializó a través de la violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público; bravuconadas por parte de agentes policiales y el acoso en espacios digitales y telefónicos.

Los operativos de vigilancia y detención domiciliaria “fueron frecuentes, mientras que los cortes de internet y el bloqueo de sitios web continuaron restringiendo severamente la libertad de expresión”, según Cubalex.

“Este entorno de represión sistemática y violaciones continuas erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la desesperanza en la población, socavando las posibilidades de cambio pacífico”, señala el informe.

“Las violaciones de derechos humanos han estado presentes, sistemáticamente, de manera generalizada durante este semestre y el llamado es a una respuesta internacional que presione al Estado cubano, a cumplir con sus obligaciones internacionales, de proteger a la ciudadanía, de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de garantizarlos, de evitar que sucedan las violaciones de derechos humanos y que se sancionen a todos los responsables y se protejan a las víctimas” , subrayó la abogada.