El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció que la isla optó el domingo por abrumadora mayoría convertirse en estado de Estados Unidos en un referendo no vinculante efectuado en medio de una profunda crisis económica que ha causado un éxodo de puertorriqueños hacia territorio continental estadounidense.
Casi medio millón de electores apoyaron la estadidad, más de 7.600 a la libre asociación con independencia y casi 6.700 a la independencia, según resultados preliminares. Como la afluencia en las urnas fue de apenas 23%, los detractores pusieron en duda la validez de la votación, que varios partidos habían boicoteado.
Sin embargo, el Congreso federal de Estados Unidos tiene la última palabra en cualquier cambio a la condición política de la isla.
Como sea, esa circunstancia no coartó al gobernador Roselló para anunciar que su gobierno seguirá adelante con el objetivo de convertir a la isla en el estado 51 de Estados Unidos al declarar que Puerto Rico votó a favor de la estadidad. El gobernador dijo que decidió crear una comisión que buscará que el Congreso valide el resultado del plebiscito.
En cualquier democracia, la voluntad expresada de la mayoría en un proceso electoral debe prevalecer siempre, apuntó.
Sería altamente contradictorio que Washington exija democracia en otras partes del mundo y no responda al derecho legítimo de la autodeterminación ejercida hoy en el territorio estadounidense de Puerto Rico, agregó.
El nivel de votación fue el más bajo desde 1967 en comparación con otros procesos electorales en Puerto Rico, según Carlos Vargas Ramos, del Centro de Estudios Puertorriqueños en la Universidad Hunter de Nueva York. Señaló que incluso entre los electores que apoyan que la isla se convierta en estado de Estados Unidos, la afluencia fue menor este año en comparación con la consulta de 2012.
Los partidarios de la estadidad no parecieron entusiasmados con el plebiscito, a diferencia de hace cinco años, dijo Vargas. El principal partido opositor en Puerto Rico rechazó el resultado a favor de la estadidad.
La escasa participación envía un mensaje claro, declaró Aníbal José Torres, miembro del partido. La gente rechazó el referendo al boicotear un acontecimiento intrascendente, apuntó.
El referendo se efectuó en el 100mo aniversario de la fecha en la que Estados Unidos concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, aunque no pueden votar para elegir presidente y solo tienen un representante legislativo con poderes de voto limitados.
Entre quienes esperan que Puerto Rico pueda convertirse en estado está el empresario José Alvares, de 61 años. “Ahora es el momento de conseguirlo”, apuntó. “Hemos trabajado muchos años en un modelo socioeconómico que no nos ha respondido necesariamente”, dijo Alvarez.
Muchas personas creen que la condición territorial de la isla ha contribuido a su recesión económica que ha durado 10 años y causado que casi medio millón de puertorriqueños hayan emigrado a territorio continental estadounidense. Las dificultades económicas en Puerto Rico derivaron principalmente de un fuerte endeudamiento durante décadas y la eliminación de incentivos fiscales federales.
Puerto Rico está exento del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos, pero continúa pagando Seguridad Social, Medicare (asistencia médica para los ancianos) e impuestos locales y recibe menos financiación federal que los demás estados del país.
Debido a esas desigualdades y la actual crisis, María Quiñonez, de 66 años, votó por primera vez en el referendo, el quinto sobre la condición territorial de Puerto Rico. “Tenemos que votar porque las cosas no van bien”, apuntó. “Si fuéramos un estado, tendríamos los mismos derechos”, afirmó.
Quiñones dijo que muchos de sus parientes figuran entre el casi medio millón de puertorriqueños que han emigrado en la última década a territorio continental de Estados Unidos en busca de un empleo y un costo de vida más asequible. Puerto Rico, de 3,4 millones de habitantes, tiene una tasa de desempleo de 12%.
Quienes se han quedado en Puerto Rico sufren los nuevos impuestos y pagos más altos por los servicios públicos. En la isla, los alimentos son 22% más caros y los servicios públicos 64% que en territorio continental estadounidense.
Quienes se oponen a la estadidad se dicen preocupados de que la isla pierda su identidad cultural y advierten que Puerto Rico tendrá mayores dificultades financieras porque se verá obligada a pagar millones de dólares en impuestos federales.
(AP)