El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó hoy a Venezuela sobre las alegaciones de que los más de 3.000 detenidos durante las protestas del pasado febrero sufrieron torturas o tratos crueles y degradantes.
Por primera vez desde hace doce años, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre hoy y mañana revisará si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante su presentación inicial, el jefe de la delegación, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó rotundo que la "Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos".
"En nuestro país contamos con un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos", aseveró el Ministro.
Una afirmación que fue rebatida minuciosamente a través de preguntas específicas por Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela.
"Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?", cuestionó.
Varias ONG nacionales e internacionales han denunciado reiteradamente dichas violaciones, que se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país, norma que el viceministro presentó profusamente.
El relator recordó que la "ley doméstica" establece la prohibición de la tortura cuando la persona está "bajo custodia de las autoridades", pero preguntó qué normas se aplican cuando la persona no está oficialmente detenida.
¿Si se alegan torturas sin estar en custodia se investiga?, cuestionó.
En la misma línea, el experto dijo que le consta que se han denunciado "muchas más" de las 183 violaciones a los Derechos Humanos y 166 casos de malos tratos oficialmente registrados, "¿es así?, ¿cuántas?"
Precisamente, otra experta, Felice Gaer, recordó que "solo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los Derechos Humanos en la última década cuando en el mismo periodo ha habido más de 5.000 denuncias".
Por otra parte, Modvig cuestionó que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura no sea independiente del Gobierno, dado que casi la mitad de sus miembros son representantes del Ejecutivo.
"De sus 13 miembros, 6 son representantes del gobierno y por lo tanto surgen dudas respecto a su independencia".
En la misma línea, el relator cuestionó sobre la independencia de los médicos que examinan a las supuestas víctimas, "¿cómo se les escoge? ¿quién les paga?", así como de los servicios forenses que examinan las evidencias.
Además de Modvig, los expertos Abdoulaye Gaye, Essadia Belmir y Gaer preguntaron sobre el sistema judicial y cuestionaron que pueda ser independiente cuando hay "al menos" un 15% de sus miembros que
son contratados temporales que pueden ser relevados en cualquier
momento.
"El caso de la juez María Lourdes Alfioni es increíble, es la primera vez que yo escucho algo así. ¿Una juez detenida, agredida y violada por ejercer sus funciones?", aseguró Gaye.
"¿Ustedes no creen que este caso socava la independencia del resto de magistrados?, preguntó Gaer, a su vez.
El experto Alessio Bruni ahondó en el "total abarrotamiento del sistema penitenciario" y citó el caso de una cárcel creada para acoger a 700 reos y donde viven 7.000.
El presidente del Comité, Claudio Grossman, preguntó si es correcto que el 60% de los 53.000 reos no hayan sido aún juzgados y criticó este retraso del sistema judicial.
Por su parte, Belmir recordó los documentados ataques sexuales a las reas y las mujeres en detención.
Gaer también se refirió al caso de "presos de alto perfil como Leopoldo López" y criticó, entre otras cosas, que se les mantenga en confinamiento aislado.
Todos exhortaron a Venezuela a extender una invitación al Relator contra la Tortura y se cuestionaron porqué no han aceptado ninguna de las peticiones de visita de los ocho relatores que lo han solicitado.