El Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) rechazó por unanimidad este martes un recurso de hábeas corpus preventivo presentado por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) contra la posibilidad de ser enviado a prisión mientras continúa apelando su condena por corrupción y lavado de dinero.
En declaraciones a la prensa, la defensa de Lula alegó que existía un "riesgo inminente de constreñimiento ilegal" y argumentó que, aunque la autoriza, una posición del Tribunal Supremo Federal no obliga al cumplimiento de la pena en situaciones similares a la del ex presidente. Según la argumentación, el hecho de ser reo primario, de la tercera edad y con dirección fija debería bastar para que la justicia lo autorizara a recurrir en libertad, como lo hizo en el transcurso de todo el proceso.
Pero los cinco jueces que debían decidir sobre el recurso de amparo en la Quinta Sala del STJ, uno de los más altos tribunales brasileños, votaron en contra.
El ponente, Felix Fischer, argumentó que el hecho de que el juez Sergio Moro y el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) no hayan determinado la detención preventiva de Lula a lo largo del proceso no significa que hayan dado un salvoconducto para que el ex presidente no fuese preso en las etapas posteriores de la acción.
Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en ─en relación con un apartamento triple que le fue regalado en la zona turística de Guarujá. La condena fue confirmada en segunda instancia en enero por una corte de apelaciones menor. Después de pronunciar la sentencia condenatoria, los miembros del TRF-4 determinaron enviar al expresidente a prisión poco después de que concluyera la tramitación ─en el propio tribunal─ de los recursos de la defensa.
La decisión se basa en una posición del Supremo Tribunal Federal de octubre de 2016, según la cual la pena puede comenzar a cumplirse tras la condena en segunda instancia de la Justicia (como es el caso del TRF-4).
El habeas corpus preventivo presentado por la defensa de Lula tenía por objetivo evitar el encarcelamiento, pero después de la votación del TSJ el martes, el ex mandatario podría verse forzado en cuestión de semanas a empezar a cumplir una sentencia de 12 años en prisión, aun cuando apele ante tribunales superiores.
El político izquierdista, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 ha dicho que quiere competir otra vez por la presidencia en las elecciones de octubre de este año, y lidera todos los sondeos de intención de voto.
Sin embargo, es probable que se le impida participar en las elecciones bajo una ley que prohíbe la candidatura de quien tenga una condena criminal que haya sido confirmada en segunda instancia.
Lula enfrenta otro seis procesos por corrupción.
(Reuters)