El pasado mes Human Rights Foundation, una organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, lanzó un informe sobre el caso de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Aunque los informes de esta temática suelen ser duros, este documento en particular es de lectura imprescindible para aquellos que tengan interés en los temas cubanos. No solo por los datos que revela sobre el caso Payá sino por todo lo que tiene que ver con el contexto actual de la isla.
Resulta impactante el retrato de la Cuba de hoy que define ese informe donde se abordan los pormenores del proceso en torno a la muerte de los opositores cubanos hace ya más de tres años. El informe deja sin lugar a dudas que una investigación independiente es totalmente necesaria y que como más tiempo pase sin permitirse esa investigación por parte del régimen cubano más se confirmará su implicación directa en los hechos.
Lo interesante del informe es constatar sobre todo que es difícil que se haga justicia a corto plazo, no solo en el caso de Payá sino en cualquier otra cuestión que tenga que ver con asuntos políticos. El diagnóstico del sistema judicial cubano es escalofriante, dado que el informe arroja los elementos clave que hacen imposible la existencia de justicia en el país. Es perder el tiempo pensar que con el régimen actual puede haber justicia. Eso es imposible. Mucho tendría que cambiar el régimen para que eso fuera posible.
El sistema judicial cubano es una estructura jurídica orientada a blindar una opción política y protegerla de cualquier posible contestación. La justicia en la isla lleva necesariamente el apellido de "socialista" y eso implica que todo lo que se desvía debe quedar excluido.
Los abogados solo pueden ejercer si lo hacen en el marco de un bufete colectivo controlado por el Estado y su código de ética establece que su objetivo es aplicar la justicia socialista siguiendo los postulados de Fidel Castro.
Es fundamental llamar la atención sobre la actual situación del sistema judicial cubano, algo de lo que poco o nada se habla en los medios cuando abordan la "transformación" cubana.
Parece imposible creer que algo va a cambiar y mejorar cuando la justicia funciona como funciona actualmente en esa isla. Debería ser una preocupación primordial el reclamar cambios en este ámbito. Porque la justicia no puede estar orientada exclusivamente a proteger a un grupo de poder como lo está ahora.
De acuerdo que los países deben ser soberanos, pero en el caso de dictaduras debemos plantearnos seriamente si esa soberanía está secuestrada o no por un reducido grupo en el poder. El mundo no ha resuelto todavía un protocolo para contribuir al desalojo de esos grupos de poder egoístas que mantienen a poblaciones enteras secuestradas. El castrismo es el paradigma de esta clase de gobiernos.
Para leer el informe de HRF, pinchar aquí.