Cristina Fernández está pagando un 31 por ciento más por la compra del gas importado tras la cancelación del contrato de Repsol por la expropiación
La multimillonaria Repsol se prepara para poner en marcha su ofensiva legal en contra Argentina, tras la aprobación formal por parte del Congreso del país de expropiarle el 51% de sus acciones, destacaron Europa Press y Google Noticias.
Aunque Argentina es el país con más casos abiertos por querellas en instituciones internacionales con 49 reclamaciones, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington basado en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.
La compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal para exigir el precio justo por las acciones expropiadas y una indemnización por los daños.
Según las fuentes Repsol considera que el precio justo de su demanda asciende a 10.500 millones de dólares aunque la Casa Rosada sugirió que no pagará esta cifra.
La petrolera anunció además que emprenderá "todas las acciones legales a su alcance", en tanto los accionistas minoritarios de YPF pueden ver afectados los valores de sus propiedades al cotizarse en la Bolsa de Nueva York debido a que pasaron de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública.
La publicación digital ElMundo.es destaca que en la actualidad el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está pagando un 31 por ciento más por la compra de gas importado debido a que la petrolera española le canceló el contrato de suministro tras la nacionalización.
Aunque Argentina es el país con más casos abiertos por querellas en instituciones internacionales con 49 reclamaciones, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington basado en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.
La compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal para exigir el precio justo por las acciones expropiadas y una indemnización por los daños.
Según las fuentes Repsol considera que el precio justo de su demanda asciende a 10.500 millones de dólares aunque la Casa Rosada sugirió que no pagará esta cifra.
La petrolera anunció además que emprenderá "todas las acciones legales a su alcance", en tanto los accionistas minoritarios de YPF pueden ver afectados los valores de sus propiedades al cotizarse en la Bolsa de Nueva York debido a que pasaron de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública.
La publicación digital ElMundo.es destaca que en la actualidad el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está pagando un 31 por ciento más por la compra de gas importado debido a que la petrolera española le canceló el contrato de suministro tras la nacionalización.