Detenidos durante o después de las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara, continúan enfrentando procesos judiciales cargados de irregularidades y algunos de ellos en delicado estado de salud, informa el activista y comunicador independiente Guillermo del Sol.
“La situación de los detenidos se mantiene inamovible, ya algunos tienen petición fiscal", declaró el opositor, quien critica el proceder del Ministerio de Justicia con los detenidos, a quienes "se le están violando todos los derechos".
"Un oficial del Departamento de Cárceles y Prisiones de la prisión El Pretensado, aquí en Santa Clara, me comunicó que de la cabecera provincial solamente, hay alrededor de 100 detenidos tras las protestas populares del 11 de julio”, advirtió Del Sol.
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Reportaje de Tomás Cardoso
En la capital de Villa Clara está el caso de la enfermera Amanda Dalay Matamoros Cabrera, de 23 años de edad, y acusada de provocar lesiones a cinco policías durante la protesta que se realizó el 11J frente a la 5ta. Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
“Ella se encuentra en la prisión de mujeres de Guamajal y el fiscal le pide un año de prisión por cada uno de los policías, supuestamente lesionados, su mamá falleció estando ella detenida”, dijo el periodista.
También en la ciudad de Santa Clara sigue detenido en la prisión provincial La Pendiente, el joven cuentapropista Ariel Núñez Martínez, comenta Del Sol.
“Un joven que lo conozco personalmente, una persona que padece una insuficiencia arterial vascular y que ha sufrido trombosis”, señaló el opositor.
Mientras que en el municipio de Caibarién, el activista llama la atención sobre el estatus de cinco detenidos que permanecen detenidos en la prisión provincial La Pendiente, en la cabecera provincial.
“El abogado que debía representar a Javier Delgado Torna, de 53 años de edad, cardiópata, diabético y discapacitado y a Carlos Michael Morales, que se nombra Camilo, este señor renunció a representarlos al cabo de 60 días de haber firmado un contrato y cobrado el dinero, ellos dos aún no tienen petición fiscal. Tenemos también la situación de Isel Fumero, que trató de defender a una mujer durante las protestas mientras la esteban golpeando y está acusado de atentado, nos queda también el joven Magdiel Rodríguez y José Rada Paret, este último con niños pequeños, que también está acusado del delito de atentado. El proceso judicial se está llevando en Santa Clara y no en el municipio de Caibarién, que fue donde ellos participaron en las protestas, donde fueron detenidos, y de donde son naturales”, en otra violación más del Ministerio de Justicia, alertó el activista.
Finalmente el opositor le hace un llamado a los familiares de los detenidos para que colaboren con la sociedad civil independiente con la identificación de los que permanecen presos.
“Yo le agradezco mucho a todas las personas que están colaborando tratando de identificar a los detenidos, pero desgraciadamente hay muchas personas todavía que no se dan cuenta de la situación que tienen sus parientes detenidos”, enfatizó Guillermo.