La Habana - Dos testimonios de ciudadanos cubanos que fueron deportados desde Estados Unidos hacen más de quince años, confirmaron que el futuro de los también catalogados como “excluibles”, que estarían arribando a la Isla durante los próximos meses, no ofrece garantías de una calidad de vida digna o de respeto a sus derechos civiles.
El relato de Roberto Molina Ruiz, ciudadano que vivió veintiún años en Estados Unidos y devuelto a la Isla hace diecisiete años, devela que los excluibles, sin distinciones particulares, serán objeto de limitaciones, persecución policial, actas de advertencia y, en el peor de los casos, hasta encarcelamiento.
“He cumplido condenas carcelarias en dos ocasiones: por peligrosidad y por asedio al turismo. Este último un delito que ni siquiera figura en el código penal”, denunció este ciudadano de 65 años de edad y vecino del municipio Cerro.
En Estados Unidos Molina Ruiz trabajaba como taxista. Fue condenado, y posteriormente clasificado como “excluible”, por atropellar a una menor de edad.
“Después de casi veinte años de haber sido deportado, todavía recibo órdenes de apercibimiento cuando sucede cualquier evento como la visita de los Papas, de John Kerry y Barack Obama”
Al inicio de su deportación tuvo que trabajar para el Estado cubano obligatoriamente. En aquella ocasión se presentó ante las instancias municipales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para indagar sobre si tenía derecho a la jubilación. Le dijeron que no podría clasificar para ese estatus en tanto no acumularía los años de trabajo necesarios.
“Entonces decidí sacar provecho de mi inglés fluido, de mis conocimientos sobre Cuba y de mis amistades en Estados Unidos que me recomendaban como guía turístico a norteamericanos que venían de turistas a Cuba”, dijo Molina Ruiz.
Sus relaciones con extranjeros se extendieron, pero también la persecución y la vigilancia policial. En estos momentos tiene restricción de movimiento y una amenaza de volver a ser procesado y encarcelado por “estado peligroso”.
Molina Ruiz teme seriamente por su vida si lo vuelven a encarcelar. Su salud es pésima y las condiciones de encierro en las cárceles cubanas, denunciadas por organizaciones internacionales y medios independientes en la Isla, reflejan cifras escandalosas de muertes por negación de asistencia médica, entre otras violaciones a los derechos de los reclusos.
La categoría de “excluibles” incluye a aquellos cubanos que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, posterior al éxodo masivo del Mariel en 1980, y que cometieron delitos.
Pero Luis Herrera Paz, ciudadano de 57 años de edad y vecino del municipio Centro Habana, se encontraba entre los presos que cumplían largas condenas de privación de libertad en el Combinado del Este, y que el régimen cubano obligó a emprender este éxodo para deshacerse de aquellos que Fidel Castro consideraba “lacras sociales”.
“En mi caso personal, aunque fui obligado a emigrar, fue mejor cualquier incertidumbre de futuro en Estados Unidos que una cárcel en el comunismo”, contó Herrera Paz que también estuvo entre los amotinados de la cárcel Atlanta y fichado de inmediato como excluible. A su retorno fue directamente encarcelado durante más de cinco años, y liberado bajo licencia extrapenal.
Padre de una menor de 12 años de edad, Herrera Paz recibe por su condición médica –padecimiento esquizofrénico-paranoide– una chequera del MTSS de apenas 165 pesos mensuales [aproximadamente 7 dólares]. Para sustentar a su familia está obligado a realizar labores catalogadas por el régimen como ilegales.
“Después de casi veinte años de haber sido deportado, todavía recibo órdenes de apercibimiento cuando sucede cualquier evento como la visita de los Papas, de John Kerry y Barack Obama”, cuestionó Herrera Paz.
El apercibimiento, recogido en el Artículo 41del código penal, refleja “la sanción de prohibición de frecuentar medios o lugares determinados”, pero solo es aplicable “cuando existan fundadas razones para presumir que la presencia de un sancionado en determinado lugar puede inclinarlo a cometer nuevos delitos”.
Las deportaciones de aquellos considerados “excluibles” es resultado del acuerdo migratorio bilateral que firmaron el expresidente Barack Obama y el general Raúl Castro en enero de 2017. En opinión de Herrera Paz, las presiones del actual mandatario estadounidense, Donald Trump, acelerarían este proceso.
A inicios de febrero de este año, el presidente Donald Trump amenazó con fuertes sanciones, aranceles y recortes de ayuda financiera a once países que no cooperan con las autoridades migratorias estadounidense en la aceptación de los emigrantes deportados, entre los cuales se encuentran Cuba, China, Irán y Vietnam.
En el caso cubano, Washington considera actualmente a La Habana como un “gobierno recalcitrante” que se niega a aceptar a sus nacionales de vuelta.
Tanto Molina Ruiz como Herrera Paz, coincidieron en que la condición de ser un “excluible” es infinita ante los ojos del régimen cubano. Ambos se conduelen con aquellos otros cubanos que llegarán a Isla bajo esa condición, y en un escenario económico y política complejo.
Cifras publicadas por el Nuevo Herald advierten que hasta el pasado 9 de diciembre la cifra de ciudadanos cubanos que aguardan con ser deportados desde Estados Unidos a Cuba asciende a 37 218.