La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a través de un comunicado, exigió una vez más la liberación inmediata “de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria”, y resaltó que “es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física”.
En ese marco, expresó especial preocupación por la integridad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, prisionero político del régimen, y cuya salud parece haberse deteriorado de manera acelerada durante las últimas semanas.
La Secretaría General señaló que continúa el permanente seguimiento de la situación política y social en Cuba, con especial atención en la condición de los presos políticos encarcelados por el régimen.
“En este sentido, la vulneración de sus derechos fundamentales y sus detenciones arbitrarias constituyen una flagrante violación a los derechos humanos en el país, lo cual va en contra de todos los instrumentos internacionales en la material”, dice el comunicado.
La OEA urgió a Cuba a permitir de inmediato la visita al país de una Misión Humanitaria del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos que pueda constatar el estado y la situación de los presos políticos en el país, añadiendo que “la presencia de una misión humanitaria resulta esencial en un contexto como el presente”.
Ferrer, está detenido desde el domingo 11 de julio cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Su esposa, Nelva Ismarays Ortega, expresó a Radio Martí recientemente preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables en las que se encuentra Ferrer que, según dijo, se enfrenta a diversos padecimientos y a la falta de alimentación e higiene adecuada.
El más reciente informe de la ONG Cuban Prisoners Defenders asegura que el régimen de Cuba ha encarcelado en los últimos 12 meses a 805 personas por motivos políticos, sin embargo advierte que la cifra puede ser todavía mayor.
La agrupación defensora de los derechos humanos con sede en Madrid asegura que de estos 805 algunos ya han sido excarcelados y que 712 permanecían en prisión.