La vivienda: de problema personal a conflicto con el Estado

El asunto de la vivienda en Cuba ha pasado de ser un problema personal a convertirse en un conflicto con el Estado, aseguró a Radio Televisión Martí el especialista en Resolución de Conflictos, Juan Antonio Blanco, Director Ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, institución que acaba de publicar un informe sobre este tema.

Informe sobre viviendas en Cuba como conflicto con el Estado

Dicho así podría parecer un acto reduccionista o tendencioso pero cuando se escuchan los detalles y se atiende a los pormenores caemos en la cuenta de la solidez del planteamiento.

En muchos países arreglar una vivienda, comprarla o alquilar otra y mudarse es un problema personal, porque las personas tienen varias opciones para darle solución.

“La distinción es muy sencilla entre lo que es un conflicto y lo que es un problema cuando usted tiene una dificultad, digamos que no le gusta la vivienda en la que está o la vivienda está deteriorada, tiene filtraciones y usted tiene opciones personales para resolver ese problema. Por ejemplo, usted puede alquilar otra vivienda, usted puede vender esa. Usted puede obtener dinero en crédito para repararla u obtener dinero en crédito para comprarse una nueva. Entonces es un problema personal suyo, porque son de usted todas las opciones a escoger para resolver el problema. Ahora cuando hay un Estado totalitario que se mete en el medio y que decide que ellos son los únicos que pueden proveer la solución de su problema, pero además no los resuelven, entonces ya lo que era un problema personal se convierte en un conflicto con un Estado que ni le permite resolver el problema ni tampoco aporta la solución al problema. Esa es la situación de los cubanos”, dijo el experto.

En el caso cubano, el Estado es dueño de todos los recursos constructivos, de todas las entidades financieras que propiciarían los créditos, de todos los terrenos disponibles para construir, de todos los mercados de herramientas y materiales constructivos, lo que lo convierte, de hecho, en el monopolio de las supuestas soluciones. Solo que las soluciones no aparecen, y el conflicto se eterniza, continúa el reporte de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Veamos algunos datos: el fondo habitacional de Cuba, según cifras oficiales, es de 3.824.861 viviendas, por lo que, si la isla cuenta con una población de 11.338.138 habitantes, ello supone un déficit habitacional de 929 mil 695 viviendas. Sin embargo, en agosto de 2019, un reportaje publicado por el medio oficialista Cubadebate reconoció que existe un déficit habitacional que asciende a más de un millón 331 mil casas.

A ello habría que añadir que las autoridades de la Vivienda en Cuba contabilizaron al cierre de los datos del 30 de agosto tras el paso de la tormenta tropical Laura daños en 3839 casas, de los cuales 115 son derrumbes totales, 231 derrumbes parciales, 320 techos totales y 3095 son averías parciales de techos.

En 2008 los huracanes Gustav, Ike y Paloma, destruyeron 63,247 viviendas. Luego Sandy y Matthew, en 2012 y 2016 derrumbaron o dañaron severamente 42,338. Después en 2017 llegó Irma y derrumbó, le llevó el techo o destruyó parcialmente 158,554 viviendas. En 2018, otra tormenta, Alberto dañó o destruyó total o parcialmente 1,557 viviendas.

El informe de la Fundación puntualiza: “El monopolio estatal constructor edifica muy pocas viviendas y entrega cada vez menos materiales a los particulares. El resultado es que las familias damnificadas son concentradas en albergues colectivos improvisados donde habitan miserablemente. Solo en La Habana hay 170,000 personas en albergues. Muchos albergados han muerto de viejos esperando por una vivienda prometida por la “revolución”, pero que nunca llega”.