Presos políticos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio en Cuba con serios problemas de salud sobreviven en las precarias condiciones de las cárceles cubanas, donde enfrentan abusos y otras violaciones a sus derechos, alertaron familiares y activistas a Martí Noticias.
En la prisión de Boniato en la ciudad de Santiago de Cuba, se encuentra sin alimentación adecuada, ni acceso a medicamentos y asistencia médica especializada, el preso político Jorge Luis García García, condenado por participar en la manifestación en el municipio santiaguero de Palma Soriano, informó su hermano, Daniel García García, que acaba de visitarlo.
“Las condiciones allí son muy difíciles, la alimentación es muy mala, incluso mi hermano pasó unos días con fiebre la semana pasada, y lo único que pudo aliviarle fue un baño de agua, porque no había ningún tipo de medicamentos para darle", detalló.
El hermano del preso político comentó que "días atrás eran las 8:30 de la noche (...) y no le habían dado nada de comida, lo único que le dieron fue un huevo hervido y una calabaza. Y que él dice que el calor es insoportable, que le dan una pastilla de jabón al mes y no le alcanza, porque sudan tanto. Él me lo dijo: mi hermano aquí nos estamos muriendo de hambre, es una injusticia lo que están haciendo”, contó su hermano.
Your browser doesn’t support HTML5
Tomás Cardoso conversó con familiares y activistas sobre la situación de tres de estos presos
Jorge Luis García García, de 47 años de edad, cocinero de profesión del restaurante El Chelín, quien fue detenido dos días después de la manifestación y cumple 13 años de condena, fue golpeado durante la detención tras la protesta en el poblado de Palma por miembros de las brigadas especiales, provocándole lesiones en la zona del cuello y el tórax.
"Tiene los ganglios de esa zona inflamados y creciendo, y ni una biopsia le han practicado para determinar si son cancerosos, porque según el reeducador no hay recursos médicos en el penal, pero tampoco lo llevan a un hospital", se ha quejado su hermano.
Por su parte el también preso político, el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, quien pasó más de un mes internado en el hospital Arnaldo Milián Castro, en la ciudad de Santa Clara, ya fue regresado para la prisión, dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
“Fue sacado de la sala de penados y regresado a la prisión de Guamajal, es otro que se encuentra en un estado de salud bastante deplorable”, recordó Del Sol.
Amnistía Internacional reclamó recientemente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata del prisionero de conciencia, de 52 años de edad, que sufre padecimientos crónicos, entre ellos diabetes e hipertensión, y fue sentenciado a siete años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia, por su participación en las protestas en el poblado de Placetas, en el territorio Villareño.
Mientras que Javier Delgado Torna sigue en la sala de penados del hospital Arnaldo Milián, donde su hija Adriana Delgado tiene que acudir para llevarle todos los medicamentos que logra resolver en la calle, ante la escasez de fármacos en ese centro de salud.
Ya la familia hizo una petición al Tribunal Municipal de Santa Clara, solicitando su liberación por razones de salud, explicó el activista.
“Se puso el recurso de súplica el viernes, y estamos a la espera que el abogado acabe de dar una respuesta. Vamos a ver que dice el tribunal, no sabemos exactamente cuántos días hábiles necesitan, y entonces hay que esperar a ver qué resultado van a dar. Pero, bueno, sabemos que al final de todo esto quien rige y quien decide no es el tribunal, porque el tribunal es un subordinado es un subordinado de la seguridad del estado, que es quien al final decide sí Javier va a seguir en prisión o si lo van a retornar a la casa”, argumento el comunicador.
Delgado Torna cumple 3 años y medio de condena por participar en la manifestación en el poblado de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, sancionado por el presunto delito de desórdenes públicos, y sufre de una cardiopatía agresiva, además es diabético e hipertenso, y ha tenido que ser hospitalizado en varias oportunidades durante el tiempo que lleva encarcelado.
Hace un año que se otorgó la licencia extrapenal por 12 meses, y al cumplirse el término fue regresado al penal de Guamajal, a pesar de su precario estado de salud, la pasada semana el Tribunal Municipal, rechazó la apelación de la familia y dictaminó que el preso político debe cumplir el término de la condena en la sala para penados del mencionado hospital.