Los gobiernos de las Américas y Europa deben priorizar la situación de derechos humanos en Nicaragua durante la cumbre Unión Europea–Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), señalaron 160 víctimas nicaragüenses en una carta firmada por 29 organizaciones nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos.
Los gobiernos deberían crear un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense para garantizar una respuesta multilateral de alto nivel que ayude a contribuir a una transición democrática en el país, indicaron los firmantes.
La iniciativa ha sido respaldada por nicaragüenses en el exilio y expresos políticos de diversos sectores, incluyendo prestigiosos escritores, como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, reconocidos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, expresos políticos, incluyendo Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Dora María Téllez y Juan Sebastián Chamorro, y defensores de los derechos humanos, tales como Bianca Jagger y Tamara Dávila. Además, cuenta con el apoyo de 20 organizaciones nicaragüenses y 9 organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos.
“La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”, dijo Juanita Goebertus, directora de las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de las Américas, junto con la Unión Europea y sus Estados miembros, deberían establecer un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense para coordinar una respuesta internacional efectiva hacia Nicaragua y promover, junto con la sociedad civil nicaragüense, una transición democrática en el país”.
Desde la brutal represión a manifestantes en abril de 2018, el presidente Daniel Ortega ha perseguido a cualquiera que sea percibido como crítico del gobierno. Los firmantes de la carta incluyen decenas de nicaragüenses que han sufrido durante años los abusos del gobierno. Muchos han sido detenidos y procesados arbitrariamente, expulsados y privados arbitrariamente de su nacionalidad y sus bienes.
Un informe publicado a principios de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua documentó evidencias sólidas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos.
Según la organización nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, sesenta y cuatro personas continúan detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluyendo el obispo Rolando Álvarez, un firme crítico del gobierno. El gobierno también ha restringido drásticamente el espacio de la sociedad civil. Desde comienzos de 2018, las autoridades han cancelado el estatus legal de más de 3.500 organizaciones no gubernamentales aplicando una legislación abusiva. Asimismo, no se ha permitido a ningún organismo internacional de derechos humanos ingresar al país desde que el gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a fines de 2018.
Varios gobiernos de América Latina, así como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), han condenado públicamente los abusos del gobierno nicaragüense. Sin embargo, la respuesta internacional ha carecido de la coordinación necesaria y de un esfuerzo sostenido para impulsar de manera efectiva la liberación de los presos políticos, la rendición de cuentas y que se adopten pasos hacia el restablecimiento de la democracia, señalaron las organizaciones y las víctimas nicaragüenses en la carta.
Los gobiernos de América Latina, de todo el espectro político, deberían liderar los esfuerzos para crear un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense que contribuya a una transición hacia la democracia. Este mecanismo debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia para ejercer presión, de forma privada y pública, a fin de frenar los abusos, proporcionar vías para la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas de la represión e impulsar elecciones libres y justas.
“Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua”, dijo Goebertus. “El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”.
(Comunicado de prensa de Human Rights Watch)