El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió esta semana la apelación de la sentencia dictada contra cuatro jóvenes cubanos por la jueza Melody González Pedraza, quien se encuentra en una cárcel de inmigración pidiendo asilo en el sur de Florida.
“El tribunal dispone la celebración de la vista de apelación de la causa número 2 de 2024 de la radicación del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada a las 09.00 de la mañana del día 9 de agosto de 2024 en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, con la reproducción de todas las pruebas que fueron practicadas en el juicio de primera instancia”, asegura la sentencia a la que Martí Noticias tuvo acceso.
“Asimismo, se dispone practicar de oficio las declaraciones de los testigos capitán Miguel A Martínez Martínez, del primer teniente Ricardo Domínguez Hernández, teniente coronel Jorge Luis Alfonso Bermúdez y Ramón Benítez Morales. Dispóngase la presentación de los acusados, cítese al fiscal, defensores y testigos. Sustánciese por los trámites del procedimiento ordinario. Notifíquese la presente resolución a las partes”, agrega.
La jueza González Pedraza firmó una sentencia judicial de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los cuatro condenados superan los 30 años de edad.
Las otras dos magistradas del Tribunal, consignadas en la sentencia expedida el 8 de mayo de 2024, fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez.
Las pruebas en el juicio se sustentaron en la retractación de la confesión de uno de los acusados y los dichos de la Seguridad del Estado. Cuba es un Estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones.
Martí Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza donde impone cuatro años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un cuarto acusado, identificado como Adain Barreiro Pérez, lo condena a tres años de prisión, todos por el delito de atentado.
Tras condenar a los jóvenes, González Pedraza viajó a EEUU siendo beneficiaria del programa de Parole Humanitario, pero cuando las autoridades le rechazaron su pedido de entrada por sus violaciones a los derechos humanos pidió asilo y está a la espera de una audiencia frente a un juez de inmigración.
Diversas organizaciones de derechos humanos han pedido la liberación incondicional de los jóvenes, tras la confesión de González Pedraza, quien dijo que fue presionada para encarcelarlos.
El abogado Santiago Alpízar, quien dirige Cuba Demanda, una ONG enfocada en promover “una transición a la democracia en Cuba”, dijo que este auto del tribunal “admite el escrito de nulidad que sugerimos” tras la confesión de la jueza Melody González.
“Es importante que los abogados de la defensa de manera firme y profesional se fijen en los detalles de las pruebas de descargo que se han presentado en el juicio”, dijo Alpízar.
“Por ejemplo en la confesión de uno de los acusados hay dos caligrafías lo cual es imposible de creer que el mismo acusado tenga dos tipos de letra. También está la confesión de la jueza que afirmó en una entrevista con Diario de Cuba que admite haber cometido un acto de injusticia”, agregó.
Alpízar también apuntó que hay testigos que afirman que al menos dos de los acusados no se encontraban en el país el día de los hechos.
El abogado dijo que está preocupado porque, a pesar de las pruebas presentadas y el esfuerzo de la defensa, los jóvenes todavía continúan en detención.
“Eso me indica que el Tribunal Provincial de Villa Clara y el juez a cargo intentarán ratificar la condena de la jueza Melody González y eso es muy preocupante”, dijo el licenciado.