El joven Daniel Roque Palacio, conocido como Milenio, permanece detenido desde el pasado lunes en el Departamento Técnico de Investigaciones de Consolación del Sur, en Pinar del Río, acusado de “daños a la propiedad del Estado”.
“Le dieron una cita para presentarse el lunes en la misma unidad, y cuando fue lo dejaron detenido. Hace aproximadamente tres meses lo habían detenido también, porque la policía lo considera sospechoso de lanzar una piedra a un CUPET de acá de Consolación”, informó a Radio Televisión Martí la psicóloga y activista Yahima Díaz.
El 4 de agosto de 2022, un grupo de personas tocaron calderos y arrojaron trozos de hielo contra la tienda CUPET (Unión Cuba-Petróleo) de Consolación del Sur, y rompieron la vidriera del establecimiento. Por este hecho fue arrestado entonces Roque Palacio, de 29 años de edad, y liberado tres días después bajo proceso investigativo.
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Reportaje de Yolanda Huerga
“No tienen prueba de nada, solo algo que es completamente circunstancial, y para nada es veraz ni creíble. Es una huella de olor. No sé cómo lo conectan con una huella de olor cuando el perro no lo olió a él, no fue donde estaba él”, precisó Díaz.
“Es parte de la impunidad con la que trabaja el sistema legal en Cuba y la policía. Están tratando de utilizar a Daniel en represalia por su actividad política, para presionarlo, para intimidarlo”, recalcó.
Lee también Varias localidades pinareñas alistadas para la Marcha Cívica por el Cambio en CubaRoque Palacio fue uno de los firmantes de la carta enviada a las autoridades de Consolación de Sur, donde reside, para informar sobre la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 20 de noviembre de 2021 que, finalmente, no se llevó a cabo.
“En ese momento, sufrió mucha represión. Tuvo que abandonar su trabajo, tuvo que salir de una casa que tenía alquilada por presiones que comenzó a ejercer la Seguridad del Estado con los dueños. Daniel es muy frontal con la dictadura y, para ellos, un hombre del temple de Daniel representa un peligro”, afirmó la activista.
El régimen no solo calificó de ilegal la Marcha, sino que le declaró la guerra a sus organizadores, y la catalogó de “provocación”, y de ser parte de la estrategia de Estados Unidos contra Cuba.