El régimen de La Habana reconoció que al menos 39 menores de edad fueron condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021, en un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU).
“Se ha hecho público un vergonzoso informe de Cuba al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en respuesta a un demoledor informe sobre Cuba de este comité, en su examen periódico del año pasado”, dijo este lunes a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización no gubernamental con sede en Madrid.
“Numerosas de las acusaciones que hace el Comité, gravísimas, ni siquiera han tenido respuesta por parte de Cuba. Lo que sí hace el régimen es reconocer lo que Prisoners Defenders ha venido denunciando: que más de 3 decenas de niños han sido detenidos, torturados, sometidos a proceso penal y condenados por el regimen de la familia Castro”, subrayó.
Larrondo indicó en Twitter que las autoridades cubanas no detallaron "los detenidos con menos de 16 años, de los que sólo dice (el informe) que se les aplican 'medidas de carácter administrativo, reorientación y educación especializada".
De acuerdo al reporte de Cuba al Comité de los Derechos del Niño, "se han sancionado 488 personas, incluyendo 39 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos".
"Todos han sido sentenciados a la pena de privación de libertad, si bien algunos han sido "beneficiados" con subsidios de pena (sustitución provisional de la privación de libertad con otra pena, siempre bajo amenazas", enfatizó, por su parte, la organización defensora de los presos politicos cubanos.
Según un fragmento del informe del régimen cubano a ONU publicado por Prisoners Defenders en la red social, 11 menores están internos en campamentos de trabajo forzado, 11 están condenados a trabajo correccional sin internamiento y otros 11 más en limitación de libertad. Seis tienen sanciones de privación de libertad en cárceles de la Isla.
Entre los cargos imputados por los tribunales cubanos a los niños está el de sedición.
“Este delito ha sido considerado ilegítimo por parte, tanto de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] como de Naciones Unidas”, subrayó Larrondo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en 2018 a Cuba “adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, derogar las figuras penales que, como el delito de sedición y el delito de incitación previstos en los artículos 100 y 125 del Código Penal, respectivamente, resultan incompatibles con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación”.
El régimen cubano acepta, en su respuesta al Comité de los Derechos del Niño, haber imputado a los menores otros delitos que han sido condenados por los mecanismos internacionales de derechos humanos “como son el desacato, el atentado, los desórdenes públicos y también el sabotaje por haber sido juzgados por tribunales militares frente a menores civiles. Todos los menores, además, son torturados por el régimen”, recalcó Larrondo.
Cuban Prisoners Defenders reportó en su informe correspondiente al mes de abril la existencia de, al menos, 1.048 presos políticos en la Isla.