Cuba y Venezuela son, entre 15 naciones del hemisferio occidental consultadas para un estudio de acceso a la información pública, los únicos dos países donde ni siquiera hay una ley para garantizar ese derecho, según los resultados de la investigación, en la que intervino el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
“El informe señala al gobierno cubano en varios aspectos, todos ellos relacionados con la falta de transparencia y la falta de libertad de expresión”, le dijo el martes a la periodista de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco el asesor legal y vocero de OCDH, Yaxys Cires Dib.
La falta de acceso a la información pública es un tema que trasciende la actual crisis por la pandemia del COVID-19, declaró Cires Dib.
“En Cuba no existe una ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder libremente, de manera transparente, a la información pública”, dijo el abogado. “Y por ejemplo, en tiempos como estos, es muy importante saber dónde compra el Estado, a qué precio compra los bienes y servicios, a quién se los compra, cuáles son los procedimientos para esas adquisiciones”.
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Al existir un hueco negro en ese sentido, los contribuyentes carecen de las herramientas necesarias para ejercer la fiscalización pública a la que debe someterse cualquier estado, indica Cires Dib.
“Resulta particularmente preocupante la situación de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde las organizaciones informan la ausencia absoluta de información vinculada a las compras y contrataciones”, reza el documento Acceso a la Información en Contexto de Emergencia Sanitaria, elaborado por el grupo Alianza Regional.
Lee también Organismos regionales convocan a evento sobre libertad de expresión en tiempos de COVID-19Menos de la mitad de los 15 países consultados “registra políticas nacionales vigentes para mejorar el acceso al agua durante la emergencia: Bolivia, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y Brasil, y sólo en Uruguay y Costa Rica consideran que la información disponible para acceder a esas políticas es sencilla y clara”, explica el informe.
Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua niegan el acceso de los medios independientes a las conferencias de prensa donde las autoridades actualizan la situación de la pandemia localmente, denuncia el estudio.
“Tampoco hay información sobre cuestiones sociales como la violencia de género”, dice el experto legal de OCDH. “Uno escucha que mataron a una mujer en tal pueblo, o que golpearon a otra, pero no hay una cifra publica y transparente en ese y en otros aspectos”.
Además de los casos de Cuba y Venezuela, donde no hay legislación al respecto, en más de la cuarta parte de los países investigados (Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua) la norma existe formalmente, pero según los grupos independientes que participaron en la consulta, “es incumplida de manera sistemática”.
En otro 27 por ciento de las naciones sometidas al estudio (Paraguay, República Dominicana, Brasil y Uruguay) los ciudadanos no cuentan con un órgano que garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, indica el documento.
Lee también Un periodista independiente denuncia acoso por reportar sobre la escasez y el hambre en GuantánamoEl estudio de Alianza Regional denuncia también la aplicación del Decreto-Ley 370 para silenciar a los cubanos.
“También genera un alerta el Decreto-Ley 370 de Cuba, que permitió al gobierno extremar la censura a periodistas y comunicadores sociales independientes por medio de citaciones a estaciones policiales, en las que les amenazan para que no hagan más publicaciones en las redes sociales o medios independientes que contengan información contraria a la línea oficial en la crisis del COVID-19”, destaca el informe.
Es la aplicación arbitraria de una ley a aquellas personas que, subraya Cires Dib, todo lo que piden es que exista una información transparente.