Las autoridades de Bielorrusia llevaron a cabo "una represión generalizada y sistemática de la disidencia y de la difusión de información sobre abusos de derechos humanos" el año pasado, señaló la ONG Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2024.
El gobierno bielorruso atacó a defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, políticos de la oposición, trabajadores de la cultura, sindicalistas, activistas y otras personas que se consideraba que no estaban de acuerdo con la agenda oficial, denunció el Informe Anual. “A principios de noviembre, al menos 1.462 personas estaban entre rejas por cargos de motivación política, según el principal grupo bielorruso de derechos humanos, Viasna”.
"Durante el año pasado las autoridades bielorrusas redoblaron sus esfuerzos para crear un vacío de información en torno a una represión furiosa, aislando a los presos políticos del mundo exterior e intimidando a sus abogados y familiares para que guardaran silencio", dijo Anastasiia Kruope, investigadora adjunta para Europa y Asia Central de HRW. "La represión generalizada continúa en un vacío de información cada vez mayor".
Las autoridades bielorrusas “mantienen cada vez más a presos políticos recluidos en régimen de incomunicación y los someten a tortura, aislamiento en celdas de castigo y otras formas de malos tratos”.
Lee también Bielorrusia impone largas penas de prisión a Tsikhanouskaya y otras cuatro figuras de la oposiciónDesde febrero, las autoridades han impedido que Maria Kalesnikava, Siarhei Tsikhanouski, Viktar Babaryka, Mikola Statkevich y otros presos políticos destacados se comuniquen con sus abogados y familiares, precisó HRW. “Decenas más se enfrentaron a severas restricciones para comunicarse con el mundo exterior. Durante el año pasado, al menos dos presos políticos murieron en colonias penales debido a enfermedades no tratadas”.
Otro problema señalado en el Informe Anual “es que el trabajo de derechos humanos seguía siendo ilegal de facto en Bielorrusia y ni un solo grupo de derechos humanos podía registrarse oficialmente en el país. En junio, el Tribunal de la ciudad de Minsk condenó a una destacada defensora de los derechos humanos, Anastaisia Loika, también conocida como Nasta Lojka, a siete años de prisión en represalia por su labor de derechos humanos tras un juicio a puerta cerrada”.
Asimismo, durante el año pasado, “las autoridades bielorrusas tomaron varias medidas importantes para atacar a los bielorrusos en el exilio en represalia por su activismo e intentar desacreditarlos. En julio entraron en vigor enmiendas legislativas a la Ley de Ciudadanía, que permitían a las autoridades despojar de la ciudadanía a personas bielorrusas en el extranjero, aunque no tuvieran otra ciudadanía, si habían sido declaradas culpables de participación en una organización extremista o de grave perjuicio a los intereses de Bielorrusia. Según la legislación bielorrusa, los bielorrusos exiliados pueden ser juzgados en rebeldía sin garantías de juicio justo”.
En septiembre, “Bielorrusia suprimió la autoridad de los consulados y misiones diplomáticas para expedir, sustituir o prorrogar pasaportes o documentos de identidad de bielorrusos en el extranjero. Esto expuso a los bielorrusos exiliados al riesgo de apatridia y obligó a algunos a regresar a Bielorrusia, donde se enfrentaron a detenciones arbitrarias y enjuiciamientos por motivos políticos”, denunció la ONG.
Además, las autoridades utilizaron una variedad de “cargos falsos” para enjuiciar a presuntos críticos. Tales cargos incluían "difamar" a Aliaksander Lukashenko, el jefe del país, o al gobierno bielorruso o símbolos estatales, y "extremismo" y "terrorismo".
El Informe Anual agregó que tres años después de las protestas de agosto de 2020 que siguieron a unas elecciones presidenciales amañadas, “las autoridades no han investigado de manera efectiva miles de denuncias individuales de detenciones masivas y arbitrarias; el uso excesivo de la fuerza; tortura; y otros malos tratos infligidos a manifestantes. En febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de derechos humanos cometidas por las autoridades bielorrusas tras las elecciones de 2020, y concluyó que algunas podían constituir crímenes de lesa humanidad”.
HRW aseveró que las autoridades “continuaron con los enjuiciamientos en relación con las protestas pacíficas de 2020 y contra quienes se manifestaban en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania y el papel de Bielorrusia en el conflicto armado”.
“Bielorrusia siguió siendo el último país de Europa y Asia Central en aplicar la pena de muerte. En marzo entraron en vigor nuevas enmiendas al derecho penal que introducían la pena capital por alta traición cometida por funcionarios y militares del Estado. La última vez que las autoridades llevaron a cabo una ejecución fue en julio de 2022 y la última vez que dictaron una condena a muerte fue en octubre de 2023”.
Al concluir, Human Rights Watch advirtió que “continúa la crisis humanitaria en las fronteras de la Unión Europea con Bielorrusia. Durante el año pasado, muchas personas migrantes que intentaban cruzar a la UE, incluidos niños, fueron rechazados repetidamente por las autoridades polacas, lituanas y letonas, y se encontraron atrapados en el lado bielorruso de la frontera, corriendo el riesgo de morir y sufrir abusos por parte de las autoridades bielorrusas, que las obligaron repetidamente a volver a intentar cruzar”.