El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.
“Yo creo que este es un movimiento del régimen que, sin duda, se circunscribe en la búsqueda de nuevos mecanismos para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o, sencillamente, de linchamientos en los medios de propaganda, donde, desde hace muchísimo tiempo, se cataloga como mercenario a cualquiera que disienta de la política oficial”, indicó el abogado Eloy Viera Cañive desde Canadá.
“Lo que hace es contribuir a la ampliación del inventario de herramientas con las que cuenta el régimen para practicar la represión por motivos políticos y además se encadena con otros intentos regionales, como pudieran haber sido el de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que también han tratado de tener leyes de este tipo que criminalicen los financiamientos como principal objetivo para desarticular la sociedad civil crítica a los gobiernos de turno”, explicó.
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Reportaje de Yolanda Huerga
Se trata del Artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado" del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular:
"Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".
“La introducción de esta nueva figura saca la discusión del ‘mercenario’ del conflicto bilateral entre Cuba y Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea me refiero al financiamiento: la Ley 88. Esta nueva formulación establece que no sólo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado nacional o extranjero, o sea, es sancionable casi cualquier cosa”, explicó Viera Cañive.
Juan Pappier, experto de Human Rights Watch, consideró que el lenguaje de la propuesta es ambigua, lo que permitiría al régimen abusar de esta nueva herramienta legal.
De ser aprobado el Código Penal presentado, el sistema comunista de la Isla tendría otro recurso para encarcelar a periodistas independientes y opositores, activistas, a otros actores inconformes con las políticas del Estado cubano o a cualquiera que según el criterio oficial promuevan “actividades contra el Estado”.
En silencio ...
“Es una maniobra que pretende hacer, además, en silencio, porque al mismo tiempo que se promueve la consulta del Código de la Familia, el Gobierno maneja también la aprobación de una de las normas medulares para legitimar la represión, que es precisamente el Código Penal”, apuntó el jurista Viera Cañive.
La “propuesta” de reglas penales emplea términos generales que profundizan la inseguridad jurídica y que permitirían al sistema coercitivo cubano describir como “financiamiento” hasta la más simple muestra de apoyo.
“Adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender como financiamiento desde una recarga telefónica hasta el envío de una remesa; pasando, por supuesto, por el acceso a grants y fondos de mayor calado”, subrayó Viera Cañive.
Durante más de seis décadas, el régimen ha utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.
“Esto que estamos viendo es muy grave. Existía la amenaza, porque la Ley 88, la Ley Mordaza sigue vigente, pero esto es un recrudecimiento aún mayor de esta Ley 88 y además la intensificación de la represión contra todo el posicionamiento independiente”, denunció desde la capital cubana, la periodista independiente Camila Acosta.
Las autoridades cubanas solo reconocen a los periodistas oficialistas y califican a los independientes como "mercenarios”, acusándolos de “usurpación de funciones”.
“La oposición, la disidencia, toda la sociedad civil independiente, como hemos visto, han florecido en los últimos años. Pues esta es la respuesta: aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, hace peligrar a la dictadura”, puntualizó la comunicadora.
“No basta que seamos profesionales, que enfrentemos esta situación con la verdad. Para ellos, el que mostremos al mundo la realidad cubana, es suficiente para ir contra nosotros”, recalcó Acosta.
En la mayor parte del mundo, no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto de organizaciones como individuos para desarrollar proyectos dentro de la Sociedad Civil.
Es un hecho común el soporte de organismos internacionales y gobiernos a las organizaciones de derechos humanos de cualquier zona del orbe para consolidar sus operaciones, desplegar iniciativas y fortalecer sus capacidades.
“Yo he estado en conferencias sobre los derechos que tienen grupos, personas en particular, a recibir financiamiento para desarrollar sus ideas, expandir su mensaje, etc. Claro, permitir esto dentro de Cuba sería como permitir la competencia política", señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.
“El castrismo va, una vez más, a demonizar, pero esta vez asentándolo en su paquete de leyes espurias que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento, con toda la ambigüedad que le va a permitir hacer una selección de quiénes irán a la cárcel o quiénes aparecerán con multas y creo que esto tiene como objetivo, lograr que la oposición, o lo que queda de oposición, o nuevos actores que surjan, tomen la decisión de irse o de, finalmente, estar tranquilos aquí dentro porque la espada de Damocles de ir preso está más que probada por estos días”, expresó.
“La gran ironía es que el castrismo no quiere que se financien proyectos que cuestionen su legitimidad, su eficiencia. Sin embargo, el castrismo debe su supervivencia al primer mundo, a las democracias, al exilio que vive en el capitalismo. Ojalá que este reciente intento por sofocar posturas democráticas sirva para que muchas democracias rompan, diplomáticamente, con el castrismo, retiren sus embajadas y comiencen una campaña para que las empresas extranjeras, que dentro y fuera de Cuba están aportando ganancias a la dictadura, tengan que parar porque están siendo cómplices del avasallamiento de este pueblo por 63 años ya”, concluyó Fuentes.