La organización opositora Corriente Martiana pidió a los representantes especiales de la ONU que hagan un llamado urgente al régimen cubano, para que ponga fin a la imposición de multas arbitrarias contra quienes informan sobre la situación que atraviesa el país por el coronavirus.

Declaraciones de Moisés Leonardo Rodríguez, defensor de los derechos humanos

Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la iniciativa, afirmó que la aplicación del Decreto Ley 370, que ilegaliza la diseminación de información que el gobierno considera perjudicial para los intereses del país, puede llevar a la cárcel a miembros de la sociedad civil en medio de la pandemia y poner en riesgo sus vidas.

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"Recientemente, un grupo de actores de la sociedad civil, en un acto de rebeldía, como se señala en el documento, se negó a pagar las multas del violador Decreto 370", declaró Rodríguez.

"La ley cubana dice que el impago de multas puede conducir a prisión. Ante este temor, donde sí peligra la integridad de las personas si son llevadas a la cárcel, decidimos hacer un comunicado pidiendo un llamamiento urgente, una acción concreta, efectiva, que pare esta situación".

Amplió que si estas personas son encarceladas, "caerían en un grupo de alto riesgo de contagio, no solo de COVID-19, sino de otras enfermedades que son frecuentes en las cárceles cubanas, como es el caso de la tuberculosis y otras".

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El texto enviado a la ONU solicita "una acción urgente, concreta y efectiva de vuestra organización y otras regionales así como organizaciones internacionales de derechos humanos y Estados miembros de NU, ante esta nueva ola represiva contra actores de la sociedad civil no reconocida, en su mayoría periodistas independientes".

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Precisa que el acoso de las medidas represivas del régimen, pueden "provocar daños a su integridad y (a) la propia vida y (...) atenta, de hecho, contra su libertad, dignidad y derechos".

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La carta subraya que es un hecho que los multados por el ejercicio del derecho de informar "no han incurrido en violación alguna de las normas internacionales del sistema de Naciones Unidas para los derechos humanos ni de ninguna otra organización regional como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

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En las últimas semanas, un creciente número de periodistas independientes y miembros de la sociedad civil han sido objeto de detenciones, multas y amenazas por reportar o comentar en medios de prensa o redes sociales sobre la situación que enfrenta Cuba por la pandemia de coronavirus.

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El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresa que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de investigar y recibir información y difundirla, sin límites de fronteras, por cualquier medio de expresión.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)