Doce mujeres, prisioneras políticas o ex prisioneras políticas, protagonizan la campaña “Cubanas Libres Ya” que desarrolla el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington DC.
El presidente de la organización, Carlos Quesada, explicó a Radio Televisión Martí que el objetivo de la campaña es visibilizar las violaciones a los Derechos Humanos de las presas políticas cubanas.
“La campaña resalta como el gobierno cubano criminaliza, basado en el código penal, a activistas por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de asociación. De hecho la mayoría de las compañeras que están en prisión o estuvieron en prisión fueron acusadas de delitos como desacato o ataque a la autoridad”, indicó el directivo.
Quesada subrayó la necesidad de que sea priorizada la excarcelación de las mujeres que están recluidas por delitos de opinión ante la propagación del COVID-19 por toda la Isla.
“Hemos hecho un llamado a las autoridades cubanas para que liberen a las prisioneras políticas por razones humanitarias también, en el marco de la crisis actual que se vive con el coronavirus en Cuba y en el mundo entero”.
En relación a esto, la institución recordó las precarias condiciones que tienen las cárceles cubanas, que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones ante organismos internacionales. Además denunció que el régimen no ha ofrecido asistencia médica en muchos casos a los prisioneros políticos.
“Precisamente esa es la razón por la cual el 17 de abril Marta Sánchez, se declaró en huelga de hambre ya que muchas de las “internas” que estaban con ella en la Prisión para Mujeres El Guatao de la provincia de Artemisa, fueron liberadas bajo libertad condicional y ella fue una de las pocas que mantuvieron encarceladas por su activismo social en la Isla”, afirmó Quesada.
[Familiares de Sánchez dijeron este martes a Radio Televisión Martí que la opositora abandonó la huelga de hambre el 19 de abril]
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió recientemente a los gobiernos, que toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente o por haber expresado opiniones disidentes, incluyendo los prisioneros políticos, sean puestos en libertad para disminuir la población penitenciaria.
