El militar jubilado fue beneficiado estos días por un fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la declaratoria "en rebeldía" firmada por un tribunal de sentencia de La Paz en octubre de 2012.
El militar que en octubre de 1967 capturó vivo en la selva de Bolivia a Ernesto Guevara consideró este lunes que un proceso por nexos con mercenarios que le sigue la justicia es, en realidad, una represalia por la muerte del comandante guerrillero argentino-cubano.
El general retirado Gary Prado Salmón, de 73 años, en silla de ruedas por una posterior herida de bala en los 80, es investigado por supuestos nexos con mercenarios de derecha encabezados por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto a tiros por la policía en abril de 2009.
Consultado en entrevista exclusiva por el diario El Deber si el juicio es una represalia, Prado Salmón afirmó: "sí, por ahí viene la cosa". "No hay una base para acusarme, la única razón en que uno puede pensar es algún sentimiento de venganza de los sobrevivientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) que andan metidos en el Gobierno", sostuvo.
El militar jubilado fue beneficiado estos días por un fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la declaratoria "en rebeldía" firmada por un tribunal de sentencia de La Paz en octubre de 2012 en el juicio conocido como caso de terrorismo. Prado Salmón fue declarado entonces en rebeldía y sancionado por su ausencia al proceso judicial instalado en Tarija (sur), a 710 km al sur de Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos, y de donde el militar no puede desplazarse por razones de salud, según alega.
"Había la intención de hacer un juicio histórico por la muerte del Che y, claro, uno de los que iba a parar en el juicio era yo, pero como vieron que eso no tenía base, aprovecharon esta otra coyuntura", señaló.
Por esta misma causa, el ex jefe militar fue castigado en 2010 por la jueza Betty Yañiquez con una detención domiciliaria. En esa época, el captor de Guevara señaló que la acusación "es un invento (...) un acoso político".
La justicia investiga a 39 sospechosos del caso terrorismo, al menos una decena de ellos preventivamente en la cárcel y otros con detención domiciliaria. Rózsa Flores fue muerto a tiros en 2009 junto a dos de sus compañeros, un irlandés y un húngaro, y luego todos fueron acusados por el gobierno de Evo Morales de haber planeado una guerra civil para separar a Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y feudo de la oposición de derecha.
Según las autoridades, el grupo fue contratado por prósperos empresarios de Santa Cruz, entre ellos el líder cívico Branko Marinkovic y otros acaudalados dirigentes, que escaparon de Bolivia.
El general retirado Gary Prado Salmón, de 73 años, en silla de ruedas por una posterior herida de bala en los 80, es investigado por supuestos nexos con mercenarios de derecha encabezados por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto a tiros por la policía en abril de 2009.
Consultado en entrevista exclusiva por el diario El Deber si el juicio es una represalia, Prado Salmón afirmó: "sí, por ahí viene la cosa". "No hay una base para acusarme, la única razón en que uno puede pensar es algún sentimiento de venganza de los sobrevivientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) que andan metidos en el Gobierno", sostuvo.
El militar jubilado fue beneficiado estos días por un fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la declaratoria "en rebeldía" firmada por un tribunal de sentencia de La Paz en octubre de 2012 en el juicio conocido como caso de terrorismo. Prado Salmón fue declarado entonces en rebeldía y sancionado por su ausencia al proceso judicial instalado en Tarija (sur), a 710 km al sur de Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos, y de donde el militar no puede desplazarse por razones de salud, según alega.
"Había la intención de hacer un juicio histórico por la muerte del Che y, claro, uno de los que iba a parar en el juicio era yo, pero como vieron que eso no tenía base, aprovecharon esta otra coyuntura", señaló.
Por esta misma causa, el ex jefe militar fue castigado en 2010 por la jueza Betty Yañiquez con una detención domiciliaria. En esa época, el captor de Guevara señaló que la acusación "es un invento (...) un acoso político".
La justicia investiga a 39 sospechosos del caso terrorismo, al menos una decena de ellos preventivamente en la cárcel y otros con detención domiciliaria. Rózsa Flores fue muerto a tiros en 2009 junto a dos de sus compañeros, un irlandés y un húngaro, y luego todos fueron acusados por el gobierno de Evo Morales de haber planeado una guerra civil para separar a Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y feudo de la oposición de derecha.
Según las autoridades, el grupo fue contratado por prósperos empresarios de Santa Cruz, entre ellos el líder cívico Branko Marinkovic y otros acaudalados dirigentes, que escaparon de Bolivia.