La familia del preso político del #11JCuba, Andy García Lorenzo, entregó una queja a las autoridades en la que denuncia el "hostigamiento sistemático" en su contra por denunciar las "injusticias cometidas" contra el manifestante pacífico y exigir su liberación.
Roxana García Lorenzo, hermana del opositor, informó en su cuenta de Facebook que acudió este miércoles junto a Jonatan López, su novio, a entregar la carta al gobernador de Villa Clara, Roberto López Díaz.
En la misiva, dirigida también a la Delegación Provincial del Ministerio del Interior, se detallan los daños y perjuicios provocados por el accionar violento de las fuerzas represivas en contra de su familia.
“Está en nuestros principios éticos, así como en el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho humano universal e inalienable, defenderlo y denunciar las violaciones contra él”, señala la misiva, en referencia a Andy García Lorenzo.
El documento ilustra el último acto represivo del que fueron víctimas, al ser interceptados y detenidos por un agente de la Seguridad del Estado en Santa Clara y conducidos a la Unidad Provincial de Procesamiento Penal, cuando se dirigían al tribunal donde se llevaba a cabo el juicio contra Andy y otros manifestantes del 11 de julio.
Lee también Familia de Andy García Lorenzo en la mirilla de Seguridad del Estado; ahora van a por su negocioDespués de un interrogatorio, y amenazas de ser llevados a prisión, fueron liberados con multas y sin sus teléfonos celulares.
Los firmantes denunciaron que el hostigamiento en contra de la familia les causa graves daños y afecta su salud mental.
“Nos dijeron a Jonatan López y a mí que nos darían una respuesta. Mientras tanto, seguimos exigiendo la libertad de mi hermano y de todos los presos políticos", dijo en Facebook Roxana García Lorenzo.
Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio de 2021 por manifestarse pacíficamente en Santa Clara, durante las demostraciones de descontento popular que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado.