Grupos del exilio y funcionarios cubanoamericanos redoblaron este miércoles sus esfuerzos para que el presidente Donald Trump implemente en su totalidad una ley que permite demandar por daños a compañías extranjeras que invierten en bienes comerciales expropiados por el régimen cubano.
Esta nueva acción es continuación de la carta pública enviada recientemente a Trump en la que más de veinte grupos del exilio cubano le pidieron la "implementación completa" de los Títulos III y IV de la Ley de Libertad Cubana.
A esta petición se sumaron ahora cuatro alcaldes, entre estos los del condado de Miami-Dade y de la ciudad de Miami, Carlos Giménez y Francis Suárez, respectivamente, y cuatro comisionados (concejales) del sur de Florida.
El pasado 16 de enero, Trump se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en implementar parcialmente el Título III de la Ley de Libertad de Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, de 1966, que permite a los estadounidenses a quienes les fueron confiscadas sus propiedades en Cuba poder demandar al régimen cubano.
Pero la implementación completa del Título III daría luz verde a demandas por "daños a compañías no cubanas que invierten en bienes comerciales que fueron expropiados o confiscados" a sus dueños legales, dijo a Efe Orlando Gutiérrez, directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos opositores de dentro y fuera de la isla.
El impacto de esta medida tendría consecuencias graves, por ejemplo, en las compañías de cruceros estadounidenses que "invierten en los muelles de La Habana o Santiago", ya que podrían afrontar demandas por daños en los tribunales de Estados Unidos, agregó Gutiérrez.
El alcance de la medida podría alcanzar también a cadenas hoteleras como la estadounidense Marriot o el grupo español Meliá, compañía que, según el activista cubano, "han invertido en propiedades y hoteles robados" por el régimen cubano.
En ese contexto judicial, los bienes de estas compañías, entre otras posibles, localizados en territorio estadounidense "podrían estar sujetos a una reclamación por daños causados" y al fallo consecuente de un juez federal.
Gutiérrez se mostró convencido de que la "presentación de demandas de mucho peso sería inmediata por parte de cubanoamericanos y estadounidenses", de activar Trump esta ley en su totalidad.
Recordó Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, que los Títulos III y IV de esta ley "cubren a todo el que haya perdido una propiedad comercial, no residencial, con un valor superior a los 50.000 dólares y que esté siendo utilizada por el régimen castrista".
Hay unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos cubanoamericanos que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas, como Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.
Estados Unidos además ha "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola y Palmolive, que pueden también acogerse al Título III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.
El pasado 4 de marzo el Gobierno Trump abrió la puerta para demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que hacen parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.
Se prevé que el Gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta, "sin precedentes", de esta facultad, de treinta días, que anunció recientemente.
Esta medida ha sido suspendida consecutivamente cada seis meses por los Gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump durante sus primeros dos años de Administración.
El pasado 21 de marzo el director para EE.UU. de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, señaló que el Gobierno de Cuba estaría dispuesta a negociar un acuerdo de compensación a los reclamantes de propiedades nacionalizadas reconocidos por los Estados Unidos.
Sin embargo, impuso como condición que Washington acepte discutir sobre las indemnizaciones a Cuba por daños causados por su Gobierno.
"Lo que Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de reclamaciones extranjeras de EE.UU", explicó Fernández de Cossío.
El funcionario especificó que se refería a los 5.913 exiliados cubanos que han interpuesto demandas reconocidas por tribunales estadounidenses.
(EFE)