Al menos un centenar de personas protestaron la mañana del jueves en varios puntos de la ciudad de Santa Clara para exigir que no se apliquen restricciones a dos mercados locales donde las autoridades quieren impedir la venta de productos importados.
“¡Queremos la candonga! ¡Queremos comercio!”, se oye gritar a varias personas frente a la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular en un video publicado en Facebook por Sady Rivera Castillo.
Candonga era el nombre por el que se conocían los mercados informales callejeros frecuentados por los cubanos en Angola.
Un funcionario que se dirige a los manifestantes pide silencio y dice que los van pasar a todos "al salón", pero de inmediato se oyen voces de "no, no, a la calle". Alguien dijo entonces: "Al Partido", refiriéndose a la sede del Partido Comunista en la provincia, y al llegar allí se escuchan gritos de "Queremos trabajo, queremos trabajo".
El nombre oficial que tiene esa modalidad de comercios es “áreas comunes”.
Según el periódico Vanguardia, hay 53 en toda la provincia de Villa Clara, pero las dos más populares están en Santa Clara, la primera conocida como “Los Framboyanes”, que está a un costado de la Universidad de Ciencias Médicas, y “Las Flores”, en las inmediaciones del Hospital Provincial Arnaldo Milián.
En 2009, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, les dieron licencia para vender productos elaborados por ellos mismos. Poco a poco los comerciantes incorporaron productos comprados en Panamá y en otros países, y esta semana las autoridades locales intentaron poner freno a esas ventas.
“El arroz, el… todo el mundo vende y nadie paga impuestos ni patente ni nada”, dice un hombre que habla con los que parecen ser funcionarios locales en otro video publicado por Rivera Castillo. “Entonces nosotros que pagamos tenemos derecho”, manifiesta después.
Lee también "Descarados, se van chillando goma" así abuchearon en Regla a comitiva de Díaz-CanelDe acuerdo con el periodista independiente y cuentapropista Joel Espinosa Medrano en entrevista con el presentador y periodista Tomás Cardoso, los comerciantes fueron convocados el miércoles al teatro de la sede provincial de la ANAP, y allí representantes de las máximas instancias del gobierno les dijeron que a partir del jueves solo podrían vender lo que establece su licencia, no productos importados.
“En la reunión yo me paré y dije que a nosotros tenían que habernos rendido [cuentas] y habernos dado una respuesta, no decirnos: “Ya no pueden vender más nada”.
En uno de los videos publicados por Rivera Castillo se ve un hombre que, después del diálogo entre comerciantes y funcionarios, pide que le presten atención y dice: “Mientras se resuelve el plazo podemos seguir vendiendo solo lo que estábamos vendiendo que sea legal”, y la respuesta a coro de los que lo rodean es: “!Noo, nooooo!”.
“¿Y quien nos respalda a nosotros que no vamos a correr ningún riesgo?”, pregunta alguien. “Sobre la base de lo legal”, se oye decir a un hombre que habla del lado de los funcionarios presentes, y de inmediato se escuchan reacciones de rechazo.
A la reunión del miércoles en el teatro de la ANAP acudieron funcionarios del gobierno, el Partido Comunista, el Ministerio del Interior y la Fiscalía provincial, según Espinosa Medrano. El ultimátum a los cuentapropistas fue: a partir del jueves, el que venda productos importados recibirá una multa y le decomisarán las mercancías.
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¿Por qué protestan los comerciantes de las “candongas”?
“Hay una situación bastante grave creada, porque hay cientos de miles de dólares invertidos ahí”, explicó Espinosa Medrano.
De acuerdo con el periodista independiente, varios cuentapropistas se quejaron en la reunión porque les permitieron salir al exterior, comprar las mercancías, “todo fue legal, comprado con factura”, e invertir en los quioscos, para ahora decirles que no pueden vender lo que adquirieron legalmente, sin contar que pagan impuestos.
En las “candongas” se vende de todo, incluso jeringuillas y medicamentos (“si querías un avión, un avión encontrabas”) y entre los que van a comprar allí hay desde miembros del Ministerio del Interior hasta empresas estatales, indica Espinosa Medrano.
“En muchas ocasiones los directivos estatales mandaban a sus trabajadores a adquirir, de una forma que hasta ayer era legal, artículos, piezas de repuesto, necesidades que tenían para empresas estatales”, relata.