Salir de Nicaragua para una reunión que sostuvo con la CEPAL en Chile significó el destierro para la activista y feminista María Teresa Blandón, quien al abordar un avión para regresar a su país de destino, le fue denegado el ingreso.
La línea aérea Avianca le informó que el Gobierno de Nicaragua le prohibía su entrada al país, sin dar mayores detalles, dijo Blandón a la Voz de América.
El gobierno nicaragüense busca así "castigar a quienes hemos denunciado la violación sistemática de derechos humanos y exigimos la salida del régimen Ortega-Murillo, y un cambio de rumbo para el país”, señaló la activista, quien dice sentirse desterrada y a quien meses atrás el gobierno le canceló la ONG La Corriente, que dirigía y apoyaba a mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos.
A inicios de junio, la periodista nicaragüense Tifani Roberts, de la cadena Univisión, dijo que se le negó el ingreso al país cuando intentaba retornar para ver a su familia. La aerolínea Avianca le indicó que el gobierno de Nicaragua la había rechazado.
El 27 de septiembre, las autoridades migratorias prohibieron el ingreso al país del religioso Guillermo Blandón, párroco de una iglesia en Boaco, quien regresaba de un viaje por Israel, y al vicerrector de la Universidad Centroamericana, UCA, Jorge Huete. Blandón no está relacionado con la activista María Teresa Blandón.
Periodistas, activistas de derechos humanos, sacerdotes y opositores al presidente Daniel Ortega han denunciado que les han impuesto la misma prohibición de regresar a su propio país, una práctica que recuerda la que utiliza el gobierno de Cuba, aliado de Ortega, como arma política, dijeron analistas consultados por la VOA.
Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad y Derechos Humanos, dijo que el gobierno cubano le impide la entrada a los disidentes, y mencionó el ejemplo de Anamely Ramos, líder del movimiento San Isidro de Cuba, a quien las autoridades de la isla no le permitieron retornar tras visitar Estados Unidos en febrero pasado.
Algo similar vivió la periodista Karla Pérez, cuyo caso hizo titulares cuando en marzo de 2021 el gobierno de La Habana le impidió entrar a la isla por sus vínculos con opositores. Actualmente Pérez vive en Costa Rica, donde obtuvo refugio.
El gobierno cubano también le impidió el regreso a la isla a la opositora Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien estaba en tratamiento médico en Estados Unidos, denunció el Centro para una Cuba Libre (CFC) en junio. De acuerdo con el CFC, la opositora llegó al aeropuerto con sus documentos en regla para regresar a su país y una representante de la aerolínea le dijo que no podía abordar el vuelo por instrucciones de Cuba.
De acuerdo con el exdiplomático e historiador cubano Guillermo Belt, en la isla desde hace años el Partido Comunista ha impuesto la práctica de no dejar entrar a ciudadanos críticos del gobierno. Esta práctica viola un derecho humano, que es el derecho a la nacionalidad y a retornar a su propio país, dijo.
Regresar a su propio país "es un derecho que tenemos todos, y que no está sujeto a una autorización del gobierno", dijo Belt. “Yo diría que esto que está poniendo en práctica ahora la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua se parece muchísimo al sistema que impera en Cuba”, señaló.
Prohibiciones para salir del país
En Cuba antes de una reforma migratoria de 2012, se debía realizar una solicitud para viajar al exterior, que era otorgada a discreción de las autoridades. Ahora el gobierno de la isla aplica las llamadas “regulaciones” a determinados ciudadanos, como personal militar y funcionarios con acceso a información sensible, así como a personal de salud y otros profesionales. Los “regulados” tienen que pedir permisos especiales para salir del país que no siempre son autorizados.
En Nicaragua las autoridades han impuesto una medida similar, denunciaron activistas.
En las universidades se debe informar con un mes de anticipación sobre la salida del país de estudiantes y profesores, según una misiva del Consejo Nacional de Universidades dirigida a rectores de universidades.
De acuerdo con la misiva, los avisos de “las salidas por asuntos personales, tales como turismo, visitas a familiares, vacaciones” de los estudiantes se deben hacer con 30 días de anticipación.
La medida se ha extendido a funcionarios y trabajadores de entidades del Estado, según un empleado del Ministerio de Gobernación que habló bajo condición de anonimato.
“Nos prohíben salir, debemos informar minuciosamente a dónde vamos”, dijo.
El Gobierno de Ortega no se ha pronunciado sobre esta medida. Las autoridades de Emigración y Extranjería de Nicaragua y la oficina de la vicepresidencia no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario de la Voz de América.
[Con la colaboración de la periodista de VOA Yeny García, desde Miami]