Las autoridades de Estados Unidos alertaron sobre la imposibilidad de cobrar los beneficios de seguridad social mientras las personas estén de visita o permanezcan en Cuba por largos períodos de tiempo.

“Las regulaciones del Departamento del Tesoro prohíben hacer pagos si el beneficiario está en Cuba o Corea del Norte, sea ciudadano o residente legal de Estados Unidos”, explicó María Ortega, vocera de la Administración de Seguridad Social (SSA) para el distrito Sur de la Florida.

La aclaración de la SSA abarca los pagos de Seguridad Social identificados como OASDI (jubilación, incapacidad o beneficio como sobreviviente), y los de Ingreso Suplementario (SSI) en beneficio de personas que cumplen prolongadas estancias en la isla, entre ellas los llamados repatriados.

Aunque no hay estadísticas disponibles sobre casos que involucran a cubanos y cubanoamericanos por presuntas infracciones en el cobro de beneficios de seguridad social, el tema ha escalado en los medios locales del sur de la Florida tras el incremento en espiral de los viajes familiares a Cuba durante la última década y el alza de las cifras de repatriados, luego de la reforma migratoria que implementó el régimen de Raúl Castro en el 2013.

Solo el pasado año, las solicitudes de repatriación alcanzaron las 11,176, según datos divulgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

Muchas de las personas que deciden radicarse en Cuba son beneficiarios de la seguridad social y han optado por mantener residencia en Estados Unidos para no perder el ingreso mensual que les permite su solvencia económica en la isla. Un reciente caso legal que implicó a un residente de Miami disparó las alarmas sobre un comportamiento cada vez más extendido en la comunidad.

“Es importante que las personas que reciben pagos de seguridad social y planifican viajar fuera de EEUU, deben informarlo antes de salir, con las fechas de salida y regreso, para dejarles saber si se afectan sus beneficios de SSI”, recomendó Ortega.

Viajeros a Cuba

La funcionaria señaló que si se trata de ciudadanos estadounidenses que viajan o permanecen en Cuba por más de 30 días consecutivos, solo podrán recibir sus pagos de seguridad social una vez que regresen a Estados Unidos o viajen a un país donde pueda enviárseles legalmente el dinero.

En el caso de los residentes legales, no pueden recibir pagos de seguridad social por los meses que estuvo en Cuba.

Respecto a la ayuda suplementaria o SSI, la persona no es elegible para recibirla si está fuera de EEUU por más de 30 días consecutivos, sea ciudadano o residente legal.

Se considera viajar fuera de EEUU el ausentarse de alguno de los 50 estados de la nación, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas. Las personas que viajan por más de un mes o viven en Puerto Rico no pueden recibir SSI.

La Oficina del Inspector General (OIG), encargada de procesar las alegaciones de fraude contra la SSA, declinó comentar a Martí Noticias si investiga actualmente casos de viajeros a Cuba por supuestas violaciones en el cobro de beneficios de seguridad social. “Ni confirmamos ni negamos que tengamos abiertas investigaciones sobre este asunto”, dijo Andrew M. Cannarsa, director de Comunicaciones de OIG, con sede en Baltimore.

Otras aclaraciones de la SSA/OIG incluyen:

• Los pagos retenidos a ciudadanos estadounidenses pueden recuperarse una vez que arriben a EEUU o demuestren estar en un país que no sea Cuba ni Corea del Norte. Las personas deben tener una cuenta internacional para transferencias directas (direct deposit) y tener registrada con la SSA su dirección en el extranjero.
• Los residentes legales no tienen derecho a reclamar pagos retroactivos de seguridad social si permanecen en Cuba por más de 30 días consecutivos.
• Si la persona es deportada o expulsada de Estados Unidos, sus beneficios de seguridad social serán suspendidos. La SSA no reanudará los pagos hasta que la persona sea legalmente admitida con residencia permanente en EEUU.
• A las personas que están encarceladas tras un proceso judicial se les retira la ayuda suplementaria.
• No hay ninguna restricción legal que prohíba el uso de beneficios de seguridad social para propósitos de viaje.
• Por lo general, el plan Medicare no cubre los servicios de salud que se reciban fuera de Estados Unidos.
• Para comunicar cambios a las autoridades de Seguridad Social pueden hacerlo por internet, por teléfono o visitando la oficina local de SSA.
• Si no se cumple con informar los cambios, es posible que ocurra un sobrepago. Si no se comunican los cambios a tiempo o si intencionalmente se suministra información falsa, la ley autoriza a la SSA a cesar el pago de beneficios.

El caso Valdés

No existe un acuerdo interagencias federales para facilitar que la SSA reciba información sobre los beneficiarios de seguridad social que viajan al exterior, de manera que cualquier irregularidad tiene que ser rastreada a partir de las alegaciones de empleados de la SSA y los Servicios de Determinación de Discapacitados (DDS), o por denuncias de ciudadanos privados y reportes anónimos.

Fue justamente una llamada anónima la pista que llevó tras los pasos de Carlos Alberto Valdés, un residente de Miami que por dos años se agenció los pagos de ayuda suplementaria de su tío, identificado en la acusación como F.R/G., y con permanencia en Cuba por largas etapas.

Valdés, de 49 años, cobró en total $18,253 dólares usando la cuenta bancaria conjunta que estableció con su tío, naturalizado norteamericano y ausente de Estados Unidos entre el 7 de enero de 2014 y el 20 de julio de 2016.

El regreso de F.R.G. a Miami se produjo tras iniciarse una investigación de la SSA en julio del 2016. Valdés le informó que retornara a Miami y ambos comparecieron a las oficinas locales de la agencia para restaurar el subsidio del anciano, argumentando que su ausencia había sido solo por unos meses.

Sin embargo, los pasaportes estadounidense y cubano de F.R.G. mostraban sus espaciadas entradas y salidas desde 2010. Tan pronto el SSI le fue restaurado, salió rumbo a Cuba, el 7 de agosto de 2016, de acuerdo con la acusación federal.

Valdés fue acusado en un tribunal federal de Miami de cobrar el dinero del tío y usarlo en gastos personales en supermercados, tiendas y restaurantes.

Fue sentenciado por un tribunal federal de Miami a 15 años de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario, y tendrá que devolver todo el dinero estafado.

El siquiatra fraudulento

​La OIG recibió más de 153 mil denuncias a lo largo del país el pasado año. De acuerdo con el más reciente reporte semianual de SSA/OIG (octubre de 2017 a marzo de 2018), durante el primer semestre del presente año fiscal se registraron 89,449 alegaciones, la mayoría de ellas por supuestas irregularidades en pagos por incapacidad (20,307) y subsidios de SSI (10,886).

“La mayoría de los casos que la OIG investiga involucran supuestos fraudes por incapacidad. Como promedio, alrededor del 80 por ciento de los casos abiertos están relacionados con sospechas de discapacitación fraudulenta”, señaló Cannarsa.

Teniendo en cuenta las crecientes quejas de violaciones en los pagos por incapacidad, la SSA, OIG y el estado de Florida inauguraron en 2015 una unidad especial en la lucha contra el fraude en esta categoría de beneficios. La entidad está radicada en Miami y busca combatir los abusos que causan millonarias pérdidas en los programas federales y estatales para discapacitados.

Méndez Villamil. Foto tomada de psychsearch.net

Unos de los casos más escandalosos contra los beneficios por incapacidad en Miami tuvo como protagonista al siquiatra Fernando Méndez Villamil, sentenciado a 12 años de cárcel y tres años de probatoria en julio de 2016. El doctor Méndez-Villamil se declaró culpable por emitir falsos dictámenes médicos, y defraudar a la SSA y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), con un desfalco de $50.6 millones.

La investigación iniciada por OIG descubrió que un alto número de los pacientes de Méndez-Villamil, de 49 años, recibían pagos por incapacidad. Significativamente, las evaluaciones médicas para confirmar la discapacitación de sus pacientes ante la SSA habían sido certificadas por el propio Méndez-Villamil.

Tras las sospechosas coincidencias, el investigador Albérico Crespo contactó a representantes de la SSA para reevaluar a los pacientes del siquiatra y comprobar si realmente estaban discapacitados.

Strippers discapacitados

Luego de entrevistarse uno por uno con todos los pacientes, la pesquisa arrojó que muchos de ellos trataron de simular discapacidad mental mediante actos estrafalarios, pero no estaban realmente incapacitados.

Siguiéndoles la pista, Crespo encaró los falsos testimonios de los “discapacitados”, que resultaron ser personas bien diferentes en su ámbito familiar y en sus motivaciones sociales. Incluso, dos pacientes que Méndez-Villamil había declarado incapacitados para trabajar, laboraban a tiempo completo como strippers en un club nocturno.

Se calcula que desde 2009, Méndez-Villamil ayudó entre 3,500 y 3,800 personas a obtener pagos fraudulentos de incapacidad. La oficina del siquiatra en el suroeste de Miami estaba inhabilitando hasta 10 personas por semana, cobrándoles por la evaluación hasta $3,500 dólares en efectivo.

Varios registrados con discapacidad por Méndez-Villamil presentaban la evaluación médica para eludir el examen requerido en el proceso de obtención de la ciudadanía estadounidense.

Los investigadores hallaron que los tres empleados de la oficina de Méndez-Villamil no solo conspiraron en la distorsión de las evaluaciones médicas, sino que también ellos estaban diagnosticados con impedimentos sicológicos severos: Maritza Expósito, de 57 años, Yomara Vila, de 45, y Arnaldo Oscar Jiménez, de 57.

El trío recibió sentencias que van de cuatro años a seis meses de cárcel, tres años de probatoria y la obligación de restituir unos $34 millones desfalcados.

Jiménez, residente de Hialeah, iba a Cuba cada dos meses y extendía sus visitas por tres semanas, aunque en su entrevista con el investigador declaró que “no salía de su casa” y solo se levantaba de la cama “para tomarse un vaso de leche”.

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