Estados Unidos exigió nuevamente la libertad incondicional de los seis ejecutivos de la empresa CITGO, arrestados hace cuatro años en Venezuela en un proceso irregular.
“Hoy es el cuarto aniversario desde que los ciudadanos estadounidenses Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Pereira, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano viajaron a Venezuela para una reunión de negocios de CITGO Petroleum y no han podido regresar a sus hogares”, declaró este domingo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
Today marks a grim four years of the inhumane, unlawful, and unacceptable imprisonment of the #CITGO6 by the Maduro regime. The regime must immediately release them and send them home to the United States.
— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) November 21, 2021
“Tras ser invitados a Venezuela, agentes de seguridad enmascarados detuvieron a los seis y los encarcelaron bajo cargos engañosos sin un proceso transparente o la posibilidad de un juicio justo”, subrayó el texto difundido por el gobierno estadounidense.
“Mientras se acerca un cuarto feriado de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), seguimos exigiendo su libertad incondicional y la excarcelación de todos los ciudadanos de Estados Unidos arrestados ilegalmente en otros países”, indicó el comunicado.
El secretario de Estado Antony Blinken continuará insistiendo en la libertad de estas personas. “A las autoridades venezolanas que los ha encarcelado, pedimos que puedan regresar a Estados Unidos para que se puedan reunirse con sus familias”, concluyó el texto.
En 2017, Venezuela les acusó de haber firmado contratos que
"comprometían el patrimonio nacional y el futuro" de CITGO, que es una filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, "sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional".
El año pasado, los seis fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión, y aunque en abril se les permitió cumplir esa condena en arresto domiciliario, en octubre volvieron a ser trasladados a la cárcel.
El regreso a prisión de los exdirectivos en octubre se produjo, según sus abogados, como represalia por la extradición desde Cabo Verde a Miami de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.