El reporte del Departamento de Estado de EEUU sobre las prácticas de derechos humanos en el 2021 señala que “los problemas significativos de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno; desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias”.
Al presentar el informe este martes, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que entre los hallazgos más alarmantes en el reporte de este años se encuentra el aumento del encarcelamiento de ciudadanos críticos del gobierno.
“Hoy, más de un millón de presos políticos se encuentran recluidos en más de 65 países, entre ellos más de 600 personas encarceladas injustamente en Cuba por participar en protestas pacíficas en julio pasado”, expresó el Secretario de Estado.
El informe también señala serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; represalias contra miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, así como la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra las personas que critican al gobierno y serias restricciones a la Internet.
El informe menciona, además, las severas restricciones al derecho de reunión pacífica y denegación de la libertad de asociación en Cuba, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes, severas restricciones a la libertad religiosa y a la libertad de circulación interna y externa.
El reporte subraya la imposibilidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, incluidas restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción gubernamental grave; la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; y la ilegalización de los sindicatos independientes.
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El reporte afirma que Cuba es un estado autoritario y que el Ministerio del Interior (MININT) controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. Las unidades especializadas de la rama de Seguridad del Estado del ministerio son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente.
Expresa, además, que “hubo informes fidedignos de que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y el número de presos políticos aumentó drásticamente, muchos de ellos en prisión preventiva en condiciones extremadamente duras y degradantes”.
El informe recuerda que el 11 de julio estallaron protestas pacíficas espontáneas en toda la isla exigiendo el fin de la represión y contra la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades básicas del pueblo.
“Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y detenciones... Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión”, señala el informe.
Menciona también que, en octubre pasado, las autoridades negaron el permiso para una protesta prevista para el 15 de noviembre y amenazaron a los organizadores.
“El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes; solicitó largas penas de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos; y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo”, detalló el reporte.