La lista de sanciones incluirá la negación de visas de entrada a Estados Unidos, la congelación de bienes y una prohibición para realizar transacciones financieras en este país, según un comunicado de la oficina de Ros-Lehtinen
Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó el jueves una iniciativa para que el Gobierno imponga una serie de sanciones, incluyendo la negación de visas, contra funcionarios de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que estén implicados en graves abusos de los derechos humanos.
Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida, y Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, quieren que se apliquen sanciones a funcionarios gubernamentales de países del ALBA, o personas que actúen en su nombre, si el Ejecutivo de Estados Unidos determina que están implicados en "graves abusos de los derechos humanos" en esos países.
La lista de sanciones incluirá la negación de visas de entrada a Estados Unidos, la congelación de bienes y una prohibición para realizar transacciones financieras en este país, según un comunicado de la oficina de Ros-Lehtinen.
El ALBA es un proyecto de integración regional impulsado por Venezuela y Cuba en 2004, al que se sumaron Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica, y Antigua y Barbuda.
La medida, que debe ser aprobada en ambas cámaras del Congreso, pide que la Casa Blanca entregue un informe al Legislativo sobre personas implicadas en la censura u otras actividades "que prohíben, limitan o penalizan la libertad de expresión y de asociación pacífica " de los ciudadanos en los países del ALBA, o que limitan el acceso a la prensa o medios de radiodifusión.
También pide que el Departamento de Estado presente una "estrategia integral" para asegurar que los Gobiernos del ALBA actúan de forma democrática, y se comprometan a efectuar cambios constitucionales para garantizar elecciones "libres y justas" y para respetar las libertades civiles básicas y los derechos humanos en sus países.
Esa estrategia, además, debe alentar a esos países a demostrar progresos en el establecimiento de sistemas judiciales y concejos electorales independientes.
La medida bipartidista, contenida en 23 páginas, también pide que Estados Unidos, mediante su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA), "defienda, proteja y fortalezca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "para promover la protección de los derechos humanos en todo el hemisferio occidental".
En el comunicado conjunto, Ros-Lehtinen señaló que, según el informe más reciente del Departamento de Estado sobre derechos humanos, los regímenes en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia "continúan oprimiendo a su gente y violando los derechos humanos".
La medida presentada este jueves, explicó Ros-Lehtinen, exige cuentas a los "opresores".
Las elecciones en Venezuela y Nicaragua son un recordatorio de que los principios democráticos siguen bajo amenaza en el continente, agregó.
Por su parte, Sires dijo que la iniciativa ayudará a avanzar el principio de que los pueblos del continente deben ejercer libremente su derecho a "la democracia, el imperio de la ley y la libertad de expresión".
Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida, y Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, quieren que se apliquen sanciones a funcionarios gubernamentales de países del ALBA, o personas que actúen en su nombre, si el Ejecutivo de Estados Unidos determina que están implicados en "graves abusos de los derechos humanos" en esos países.
La lista de sanciones incluirá la negación de visas de entrada a Estados Unidos, la congelación de bienes y una prohibición para realizar transacciones financieras en este país, según un comunicado de la oficina de Ros-Lehtinen.
El ALBA es un proyecto de integración regional impulsado por Venezuela y Cuba en 2004, al que se sumaron Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica, y Antigua y Barbuda.
La medida, que debe ser aprobada en ambas cámaras del Congreso, pide que la Casa Blanca entregue un informe al Legislativo sobre personas implicadas en la censura u otras actividades "que prohíben, limitan o penalizan la libertad de expresión y de asociación pacífica " de los ciudadanos en los países del ALBA, o que limitan el acceso a la prensa o medios de radiodifusión.
También pide que el Departamento de Estado presente una "estrategia integral" para asegurar que los Gobiernos del ALBA actúan de forma democrática, y se comprometan a efectuar cambios constitucionales para garantizar elecciones "libres y justas" y para respetar las libertades civiles básicas y los derechos humanos en sus países.
Esa estrategia, además, debe alentar a esos países a demostrar progresos en el establecimiento de sistemas judiciales y concejos electorales independientes.
La medida bipartidista, contenida en 23 páginas, también pide que Estados Unidos, mediante su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA), "defienda, proteja y fortalezca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "para promover la protección de los derechos humanos en todo el hemisferio occidental".
En el comunicado conjunto, Ros-Lehtinen señaló que, según el informe más reciente del Departamento de Estado sobre derechos humanos, los regímenes en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia "continúan oprimiendo a su gente y violando los derechos humanos".
La medida presentada este jueves, explicó Ros-Lehtinen, exige cuentas a los "opresores".
Las elecciones en Venezuela y Nicaragua son un recordatorio de que los principios democráticos siguen bajo amenaza en el continente, agregó.
Por su parte, Sires dijo que la iniciativa ayudará a avanzar el principio de que los pueblos del continente deben ejercer libremente su derecho a "la democracia, el imperio de la ley y la libertad de expresión".