El gobierno cubano continúa persiguiendo a sus ciudadanos por expresar sus opiniones, informó Share America, una plataforma del Departamento de Estado.
El 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos salieron a la calle para exigir pacíficamente el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Los cubanos volvieron a intentarlo sin éxito en noviembre. En el último año, el régimen ha detenido a más de 1.300 ciudadanos, lo que ha resultado en más de 550 sentencias hasta el momento. La mayoría de los detenidos fueron condenados a prisión.
“Tristemente, este año hemos visto una continuación de la implacable ola de represión en Cuba. Semanas antes del 11 de julio de 2022, vimos cómo el gobierno cubano detenía, arrestaba y limitaba sistemáticamente la capacidad de activistas y periodistas para salir de sus casas como táctica para disuadir el posible activismo político. Hemos oído hablar de la ralentización de Internet. Este fin de semana vimos informes de que el gobierno cubano desplegó policías y militares en todo el país para intimidar a los ciudadanos para que no se organizaran en las fechas próximas al aniversario del 11J”, dijo el 12 de julio el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, durante un encuentro con los medios.
El régimen cubano ha condenado a 550+ manifestantes a más de 4.000 años combinados de cárcel u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 julio 2021. Al aproximarse el aniversario #11J, los manifestantes detenidos deben ser devueltos a su hogar con sus familias https://t.co/Om3t79upLH
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 29, 2022
El gobierno cubano también condenó y sentenció a trabajos forzados a menores que tenían 16 y 17 años en el momento de su detención y que ya han pasado casi un año en prisión. Más de 25 niños menores de 16 años han sido sometidos a la acción disciplinaria del gobierno.
El régimen cubano dictó penas de prisión de hasta 25 años para los manifestantes, mientras que los fiscales solicitaron penas de 30 años por “delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y desorden público".
Los familiares de los manifestantes del 11 de julio que han hablado con diplomáticos o con la prensa sobre los casos de sus seres queridos denuncian el acoso rutinario de los agentes de la Seguridad del Estado cubano. Han sido acosados con regularidad en sus domicilios, obligados a presentarse repetidamente a entrevistas en las oficinas de seguridad y vigilados y detenidos de manera habitual.
En mayo, los jueces condenaron a dos años de prisión al padre de un manifestante menor de edad que se expresaba abiertamente.
En junio, las autoridades cubanas impidieron a dos madres de manifestantes del 11 de julio viajar a Europa para reunirse con funcionarios de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.
Los abogados de los manifestantes y los activistas de los derechos humanos informan de que los jueces restringen severamente el testimonio de los acusados y sus testigos en los juicios.
¿Su delito? Estar en desacuerdo con su gobierno, pedir la protección de los derechos humanos y exigir pacíficamente medicamentos y alimentos.
La organización Human Rights Watch informa que las cárceles cubanas están sobrecargadas, con presos obligados a trabajar 12 horas diarias y castigados si no cumplen las cuotas de producción.
Estados Unidos apoya las declaraciones de Canadá, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos que condenan la opresión del gobierno cubano sobre sus ciudadanos.
“Todas y cada una de las voces que se alzan ante esta represión marcan la diferencia en la vida de los injustamente perseguidos”, dijo Nichols.
(Artículo de Share America)