El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos respondió esta semana a una queja de las activistas cubanas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, a quienes las aerolíneas American y Southwest Airlines impidieron abordar vuelos con destino a la isla, citando una directiva del régimen de La Habana.
El DOT informó que ha dado un plazo de 60 días a las aerolíneas "para emitir una respuesta sustantiva" a Ramos y Ruiz Urquiola, que será revisada por el organismo federal.
"Si la revisión de nuestra queja y la respuesta de las aerolíneas @AmericanAir y @SouthwestAir revela violaciones potenciales de sus reglas, aplicarían acciones para garantizar el cumplimiento de las reglas - que pudiera incluir penalizaciones civiles", señaló en Twitter la también activista Salomé García Bacallao, junto a una copia del documento enviado por el DOT.
García Bacallao, miembro de la organización Justicia 11J, recordó que tanto American como Southwest Airlines operan vuelos hacia Cuba gracias a licencias de excepción del embargo emitidas por el Departamento del Tesoro de EEUU y un acuerdo entre el DOT y el Ministerio de Transporte de Cuba. Dicho acuerdo, recalcó, "no les da impunidad para violar leyes domésticas".
La activista cita, además, un Memorando de Entendimiento firmado el 16 de febrero de 2016 entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba que señala que "las leyes aplicables sobre admisión a los vuelos son las del país donde inicia el viaje".
Ruiz Urquiola fue impedida la semana pasada, por tercera ocasión, de viajar de regreso a la isla, donde reside legalmente y la espera su madre, una de las damnificadas por el huracán Ian a su paso por el occidente de Cuba. En Twitter, García Bacallao compartió un video con el testimonio de la activista.
Ramos también ha sido impedida de viajar a Cuba, tras intentar en dos ocasiones abordar un vuelo de la aerolínea estadounidense American Airlines. En una comunicación enviada a Radio Televisión Martí, American Airlines respondió que los "requisitos de ingreso y la admisibilidad de los viajeros son determinados por las autoridades de cada país y no por las aerolíneas".
El régimen cubano prohíbe la entrada al país a sus ciudadanos bajo la Ley de Migración vigente, que en su Artículo 24.1. establece que la entrada al territorio nacional es inadmisible para las personas que tienen "antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente"; o para quienes están "vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte"; o los que organicen, estimulen, realicen o participen en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano"; y, finalmente, "cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen"; o tengan prohibida la entrada al país "por estar declarado indeseable o expulsado".
Tanto Ruiz Urquiola como Ramos han argumentado en varias ocasiones que no son terroristas, ni han violado ninguna ley para que las autoridades cubanas les impidan entrar a su país. También han criticado que el régimen cubano practique con impunidad una política de destierro como castigo a opositores, defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes, sin una condena directa de organismos internacionacionales.
"Las prácticas de destierro en pleno siglo XXI son una aberración. Todavía estamos en espera de una condena rotunda de la ONU y otros organismos internacionales a la dictadura cubana por perpetrarlas, y de acciones concretas que exijan a empresas, gobiernos, ect., la no complicidad en la ejecución de las mismas", escribió la profesora de arte en su cuenta de Facebook.
"Yo voy a seguir hasta que se haga justicia por mis amigas desterradas y por cada violación del #DerechoARegresar a nuestro país. La madre de Omara Ruiz Urquiola espera para reconstruir su hogar", concluyó García Bacallao en Twitter.
La activista alertó a ciudadanos cubanos sin residencia en EEUU que hayan sido víctimas de una violación similar, a que tramiten su queja con la oficina de protección al consumidor del DOT.