Autoridades del gobierno municipal de San Juan y Martínez, Pinar del Río, demolieron en la mañana del viernes la casa de veraneo del matrimonio compuesto por Omar González Marante y Yanisleidys Hernández Miranda, ubicada en la playa Boca de Galafre, según denunció la mujer a Radio Televisión Martí.
Unos 50 hombres, entre efectivos policiales, funcionarios del Poder Popular Municipal, obreros de la Empresa Eléctrica y otros, participaron en la demolición de la vivienda, construida hace ya cerca de 4 años.
“Demolieron la casa estando familiares: mi suegra, mi niña, estábamos todos en la casa. Nos sacaron las cosas en camiones y demolieron la casa”, lamentó ella.
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Yanisleidys Hernández Miranda explica cómo demolieron su vivienda en Pinar del Río
Según explicó Hernández, “en Boca de Galafre hay más de trescientas y pico… cuatrocientas casas y todas, todas son ilegales”.
Desde el 26 de abril pasado una inspección de la Empresa Eléctrica le hizo saber que le retirarían el servicio de eléctrico bajo contrato de la entidad y poco después, comentó, procedieron a llevarse el reloj metrocontador.
Ante la pregunta de por qué sólo son los -por ahora- afectados, Hernández cree que fueron sus quejas ante oficinas del Partido Comunista, Gobierno municipal y puntualmente las denuncias ante medios independientes.
“No sé si será porque yo quiero hacer justicia, porque he denunciado y he ido a todas las entidades pertinentes y no me han hecho caso…”, aclara.
En entrevista con el opositor Rolando Pupo Carralero, Presidente Nacional del partido Cuba Independiente y Democrática (CID), el mismo informó que presentaron una acción como parte de su proyecto de Defensoría del Pueblo, ante la amenaza de las autoridades pero no fructificó.
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Denuncia Rolando Pupo Carralero
“¿Si quieren hacer valer la ley, por qué no hacen una investigación y le tocan la puerta a la misma Empresa Eléctrica, a la Empresa del Tabaco; a todas esas personas que han contribuido a que esas personas construyan en esa playa. Ellos son intocables, entonces la cogen con los infelices”, valora.
Una permisibilidad de las autoridades facilitó la contratación de servicio eléctrico, agua potable y desagües desde las casas a las fosas de desechos, comenta Pupo.
“Estaban habitables, estaban de lo más bien. Entonces ¿cómo se entiende que una vivienda que no tenga el (permiso de) 'habitable' pueda tener un servicio eléctrico?”, indaga Pupo.
Una publicación en Facebook del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ilustró con fotos lo sucedido.
“El gobierno cubano está demoliendo en estos momentos la vivienda de Yanisleidys Hernández por 'ilegal'. Solo se demolerá la suya por haber denunciado el caso al activista del OCDH Lázaro Luis Ruiz Echevarría”, señaló la organización con sede en Madrid, España.
Hernández recalcó -en entrevista anterior a los hechos- para el OCDH: “suponemos que es un ‘encarne’ personal por eso mismo, porque nosotros hemos querido defender nuestros derechos; porque dicen que eran ilegales, pero ilegal está toda la playa, y no se está hablando de moler la playa, se está hablando de demoler una sola casa”.
En Boca de Galafre no hay instalaciones turísticas estatales, ni para nacionales ni para extranjeros, aseguraron los residentes.
“Esa playa es de aquí… como decimos nosotros, de los pobres. Incluso ahí hay casa de dirigentes y no se ha hablado de tocarlas ni de nada. El mismo Barreto (Ernesto Barreto Castillo, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río) tiene casa en la playa, el director de la Empresa eléctrica tiene casa en la playa, sus trabajadores (también), el Director de (la Empresa) de Tabaco en San Juan (San Juan y Martínez) tiene casa en la playa”, acusó.
El matrimonio de Hernández y González, relató ella a Radio Televisión Martí, construyeron la vivienda con la venta de un automóvil particular de su esposo y otros ahorros, lo que sumó “aproximadamente de diez mil a ocho mil dólares”, pero lo han perdido todo.
“Es una cosa muy difícil, es duro que tanto sacrificio tú lo veas que te lo estén tumbando en la cara, y por una injusticia”, concluyó.
Radio Televisión Martí comunicó personalmente con el señor Barreto Castillo, pero nadie respondió a la llamada.