El periodista independiente camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre, detenido el martes tras una citación de la Seguridad del Estado, fue liberado en la tarde del miércoles pero seguirá bajo investigación acusado de actividades "contrarrevolucionarias", según dijo a Radio Martí.
Fernández Izaguirre explicó que lo detuvieron en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, en un calabozo sin ventanas y con doble puerta en el que "hacía un calor enorme" y todo el tiempo había encendido un bombillo, por lo que "no se sabía si era de día o de noche".
Cada cierto tiempo, el periodista era conducido a una sala en la que en lugar de un interrogatorio tenía lugar una sesión de "amenazas", entre ellas la de que estaría allí detenido "hasta que a ellos les diera la gana".
El periodista es acusado de "usurpación de funciones legales por hacer periodismo", pero los oficiales dijeron que la acusación "todavía está en proceso" y que siguen investigando.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la detención de Fernández Izaguirre, colaborador del portal 14ymedio y de la revista La Hora de Cuba.
"El presidente de la SIP, Christopher Barnes y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, coincidieron en que este nuevo encarcelamiento evidencia que la represión del régimen continúa, tal como denunció la organización en su asamblea general de octubre en Miami", señaló la organización en un comunicado.
La esposa del también defensor de la libertad religiosa, Yusleysi Gil Mauricio, dijo al periodista Tomás Cardoso, de Radio Martí, que el martes un oficial le informó que Fernández Izaguirre podría estar hasta "cuatro días incomunicado", y su caso pasar luego a la Fiscalía, pero un día después fue liberado.
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Ante la demanda de más información sobre la situación de su esposo, tres oficiales se reunieron con la joven en un encuentro en el que abordaron "asuntos personales", además de inquietudes por su trabajo como periodista.
Gil Mauricio ripostó que estaba allí para interesarse por su esposo, no para tratar asuntos personales con la Seguridad del Estado, pero uno de los oficiales insistió en preguntarle si ella sabía "en lo que andaba" su esposo.
Los agentes dijeron, además, que un testigo sería trasladado desde Nuevitas a la ciudad de Camagüey para que testificara en contra de Fernández Izaguirre en un proceso sustentado en el artículo 149 del Código Penal sobre la usurpación de la capacidad profesional.
Lee también Periodista sacó a la luz un problema de 10 años y la Seguridad del Estado quiere encausarloSe trata de Yoelis Romero Lamorú, quien con anterioridad había grabado un diálogo con agentes de la Seguridad del Estado sobre un reportaje realizado por Fernández Izaguirre en el que se denuncia la situación de su comunidad, y había consentido en su difusión en las redes sociales.
El pastor y activista cubano exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Lleonart, dijo a Radio Martí que Solidaridad Cristiana Mundial y el Instituto Patmos han publicado declaraciones a favor de Fernández Izaguerre, un caso que, aseguró, ambas organizaciones seguirán muy de cerca.
Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EEUU estarían también al tanto de la situación del joven religioso, añadió el pastor.
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La semana pasada, el periodista camagüeyano entró a engrosar la larga lista de ciudadanos cubanos con prohibición de salida del país, dijo Lleonart. Con su nombre, los regulados ya suman 204.
La representante legal de CSW, Anna Lee Stangl, expresó en un comunicado la preocupación de la organización por el caso del joven religioso cubano.
Lee Stangl destacó que "Ricardo se ha dedicado a investigar y documentar las violaciones de la libertad de religión o creencias experimentadas por personas de todas las religiones en todo el país", y que en lugar de "criminalizar este trabajo pacífico de derechos humanos", el régimen de La Habana debería enfocarse en "defender los derechos de sus ciudadanos a practicar su religión o creencia sin la interferencia del Estado".
La organización, con sede en Londres, instó además al gobierno cubano a levantar la prohibición de viajar a líderes religiosos y defensores de derechos humanos en la isla.