Decenas de cubanos continuaban protestando este martes en la capital de Trinidad y Tobago, Puerto España, frente a la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para exigir una reunión con funcionarios de la entidad.
Otras exigencias de los manifestantes son recibir ayuda, ser reasentados en un tercer país y no ser deportados a Cuba.
El martes en la madrugada, mientras se llevaba a cabo la manifestación, varios cubanos fueron asaltados.
Manifestantes entrevistados por Radio Martí dijeron que tres de ellos fueron encañonados por dos hombres armados, que les despojaron de sus teléfonos celulares.
Señalaron que la policía levantó un reporte en torno al incidente y planeaba revisar las grabaciones de seguridad del recinto de la ONU.
La agencia de prensa EFE reportó que los cubanos sufrieron el robo de sus teléfonos móviles, dinero en efectivo y otros bienes personales.
El procurador general de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, calificó los hechos de "horribles" y recalcó que el robo no tiene nada que ver con las protestas.
"Hemos vivido este hecho feo (del robo) y se complica la situación", dijo Hinds, a la vez que aseguró que el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, "y el Gobierno están haciendo todo lo que está en su mano para mantener la seguridad y cumplir con nuestras obligaciones internacionales".
El procurador recordó que muchos de los manifestantes llevan varios años en Trinidad y Tobago, y que hay que tratar cada caso individualmente, sin generalizar, a la vez que insistió en que "las cosas no son tan fáciles como parece". El funcionario explicó que los cubanos han violado leyes nacionales con sus manifestaciones frente a la ONU, y que Trinidad y Tobago trabaja para cumplir sus leyes y sus obligaciones internacionales.
Cubanos que están protestando frente a la ONU dijeron a Radio Martí que son más de 180 manifestantes. El diario local Guardian informó el martes en la mañana que eran unos 100.
La cubana Jacqueline Vera Morfa dijo a nuestro colega Luis Felipe Rojas que permanecen en la calle “bajo sol y sereno”, en reclamo de un reasentamiento.
Vera Morfa también subrayó que un grave problema es que Trinidad y Tobago no tiene legislación para refugiados, y no les permite trabajar.
Una cubana llamada Gretel comentó a Radio Martí que trabajar ilegalmente puede conllevar una multa de 750 dólares estadounidenses, y quien no la pague puede ser condenado a un año de prisión.
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En septiembre, ocho solicitantes de asilo cubanos que fueron arrestados por acampar ilegalmente ante el local de la ONU fueron liberados después de que su caso fuera desestimado.
Entretanto, la ACNUR informa en su página en internet que su papel en Trinidad y Tobago es realizar y coordinar intervenciones y actividades para la protección de personas que piden asilo y refugiados, y hallar soluciones duraderas para esas personas.
La entidad precisa que para cumplir su misión, la ACNUR en Trinidad y Tobago trabaja con la ONG Living Water Community. Sin embargo, dicha organización ha informado en un mensaje a la entrada de sus oficinas que tiene recursos limitados y debe concentrarse en dar asistencia a las personas más vulnerables.
[A partir de entrevistas realizadas por Luis Felipe Rojas, Ricardo Quintana, el diario Guardian de Trinidad y Tobago y EFE]