Siete personas, entre ecuatorianos y cubanos, fueron acusadas formalmente el lunes por la Fiscalía General de Ecuador de pertenecer a una presunta red dedicada al tráfico ilegal de migrantes.
Según reporta el diario El Comercio de Quito, lo hacían supuestamente mediante la emisión de cartas de invitación fraudulentas por las que cobraban entre $1.000 y $1.500.
El caso se descubrió en diciembre de 2013, pero llegó a la fase de juzgamiento el lunes 4 de mayo de 2015. Según la Fiscalía General de Ecuador, esta mañana se reinstaló la audiencia luego que en noviembre del 2014 quedara suspendida, ya que dos procesados recibieron una sentencia tras acogerse a un procedimiento abreviado.
En el juicio hay una exnotaria vinculada a la red, además de una abogada cubana y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según la fiscal Tania Moreno, los sospechosos se encargaban de captar ciudadanos de Cuba, a quienes hasta enero del 2014 se les exigía una carta de invitación de un residente ecuatoriano solvente.
Así lograban regularizar su estancia en el país. En este caso, las personas que extendían la invitación eran ecuatorianos a los que se les entregaban $40 por prestar su número de cédula, sin revelarles para qué iban a ser usados sus datos personales. A los cubanos se les facilitaba el transporte, alojamiento y documentos falsificados. La red también obtenía supuestos 'anfitriones' a partir de datos del Servicio de Rentas Internas.
Se incautaron documentos de viaje, pasaportes, sellos de una notaria y $500.000 en efectivo, que estaban en el despacho de la funcionaria. Se presume que allí se legalizaban las cartas fraudulentas a cambio de dinero.