Cuba y la Unión Europea (UE) celebraron el lunes en La Habana su segunda reunión sobre derechos humanos, en la que ambas partes reafirmaron su interés de propiciar el intercambio de opiniones y explorar posibilidades de cooperación bilateral, informó hoy en un comunicado la Cancillería cubana.
Las dos partes constataron "profundas diferencias" de posiciones sobre derechos humanos, pero continuarán debatiendo ese tema en aras de mejorar sus relaciones, dice el reporte del MINREX.
El encuentro, del que no se había tenido noticias hasta el momento, estuvo presidido por el representante especial de la UE para Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, y el jefe para Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Exteriores de Cuba, Pedro Núñez.
"Ambas delegaciones participaron en el diálogo guiadas por el interés de propiciar espacios para el intercambio de opiniones, ampliar el conocimiento de las realidades respectivas y explorar posibilidades de cooperación bilateral y en escenarios multilaterales, en aquellos temas en los que existen puntos de coincidencia", indica la nota.
El intercambio se produjo en un "clima respetuoso y constructivo" y en él se discutieron "cuestiones específicas sobre derechos humanos definidas previamente entre ambas partes, tanto del ámbito de los derechos civiles y políticos como del de los derechos económicos, sociales y culturales".
“La parte cubana reiteró el interés de que este diálogo contribuya a un tratamiento eficaz, constructivo y no discriminatorio del tema de los derechos humanos, y al avance en el proceso de construcción de mejores relaciones entre la Unión Europea y Cuba", añade el comunicado.
Esta reunión da continuidad a un primer encuentro, celebrado en junio de 2015 en Bruselas, donde ambas partes iniciaron el diálogo sobre derechos humanos, uno de los temas más sensibles en la relación bilateral.
Ahora, este segundo intercambio se produce en un nuevo contexto, luego de que la isla y la UE firmaran un acuerdo en marzo pasado que puso final a la restrictiva política de "posición común", que condicionaba las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.