Autoridades estatales practicaron durante 2016 en la provincia de Villa Clara 239 decomisos, retiraron 183 licencias a trabajadores por cuenta propia y aplicaron más de 9.100 multas, que suman millones de pesos, según cifras reveladas por medios de prensa oficialistas que citan al Consejo de la Administración Provincial.
La confiscación de artículos y la aplicación del Decreto Ley 315, que impone multas de hasta 1.500 pesos en moneda nacional a los transgresores, fueron dos de las medidas que más nos afectaron, dijo a Martí Noticias Yoel Espinosa Medrano, vendedor por cuenta propia en Santa Clara.
Como en Cuba no existe una red mayorista en la que los dueños de pequeños negocios puedan comprar los artículos, la mayoría de los cuentapropistas se ven obligados a buscar alternativas que incluyen comprar legalmente en las tiendas algunos artículos y adquirir otros en el mercado negro, un área donde "se corren grandes riesgos", dijo Espinosa.
Para mantener el negocio hay que exponerse a tener pérdidas, porque “cuando las autoridades estatales realizan los decomisos se llevan todo, aunque tengamos documentos que acrediten algunas compras”, explicó.
Ventas de cuentapropistas en Placetas
A las confiscaciones le siguen siempre las multas, y las acusaciones de enriquecimiento ilícito, aseguró el pequeño emprendedor, quien califica de irónico que a un vendedor de refrescos lo acusen por tener un saco de azúcar en su almacén.
Las etapas de redadas son muy fuertes y nadie escapa, aseguró.
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Declaraciones de Yoel Espinosa
“Tengo un amigo que es fumador y en un viaje a La Habana donde venden la marca de cigarro que él prefiere compró 150 cajetillas para su consumo, y lo tuvieron preso una semana, además de imponerle una multa por enriquecimiento ilícito”, relató.
En noviembre del pasado año, el diario provincial de Villa Clara informó que el Ministerio del Interior (Minint) neutralizó a 53 reincidentes dedicados a la venta ilegal de productos alimenticios e insumos industriales en los municipios de Santa Clara, Remedios, Placetas, Encrucijada, Manicaragua, Sagua la Grande, Corralillo y Santo Domingo.
El diario precisó que la redada incluyó ocho casas almacén, otras seis dedicadas a la elaboración de renglones ilícitos y cuatro puntos de expendio que supuestamente «nadie» había detectado con anterioridad, y la lista de lo ocupado incluyó desde leche en polvo, pastas alimenticias, dulces finos, bebidas gaseadas hasta cemento, y piezas y accesorios de motos.
Lo confiscado en esas redadas fue trasladado a los almacenes estatales "de donde vuelve a salir más tarde para el mercado negro", aseguró el cuentapropista.
Para nadie en Cuba es un secreto que la “cadena de ilegalidades nace en los predios estatales, y en ella participan funcionarios, jefes de tiendas y almacenes del gobierno que se las venden al cuentapropista, al que no le queda otra opción que mantenerse en silencio y no detallar donde consiguió los artículos, destacó.
Tres meses después del anuncio la población, no hay noticias de las medidas tomadas por el gobierno con los infractores.
En el programa Cuba al Día, de Radio Martí, Guillermo del Sol, trabajador por cuenta propia del sector de la construcción, advirtió que en las calles la gente está muy descontenta.
Insistió en que" el código penal cubano solo existe para perjudicar cada vez más a la población" y señaló como único responsable de lo que ocurre al Estado, que se manifiesta como "dueño de todo".
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Declaraciones de Guillermo del Sol
A juicio de Del Sol, las instituciones estatales, lejos de facilitarle a las personas las vías para que mejoren sus condiciones de vida y sus viviendas, lo que hacen es confiscar, multar y "decir que todo es una ilegalidad", concluyó.