El aparato estatal tiene engranajes de mil demonios. Ni funcionarios envalentonados ni ordenanzas desde los ministerios pueden deshacer las madejas de la burocracia en Cuba.
Cuando los ciudadanos se cansan de ser ‘peloteados’ de un lado al otro, en muchos casos recurren a la prensa independiente o a los activistas de derechos humanos.
José Ernesto Morales recién había comenzado un curso básico de periodismo para reporteros independientes y ya tenía un caso para denunciar y empujar para que las autoridades en Pinar del Río reaccionaran a favor de los afectados: “Una niña de quince años, discapacitada, con parálisis cerebral. Llevaba varios años viviendo en un bohío ‘vara en tierra’. Fuimos a hacer la denuncia al gobierno. Los directivos del Poder Popular pusieron mil excusas y achacaron la situación a que el padre de la niña “no se movía”. Pero insistimos y la policía política detectó la visita de los disidentes a la familia afectada. El gobierno publicó el caso en el periódico El Guerrillero, diciendo que los niños discapacitados en Cuba tenían posibilidades. Le hicieron una ‘facilidad temporal’ con piso y baño, para demostrar que sí les estaban ayudando".
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"Con el periodismo se puede ayudar a la gente, afirma José E. Morales
Aunque Suleidis Pérez Velázquez no es reportera alternativa, como presidenta de Cuba Independiente y Democrática se hace cargo de publicar los casos sociales en que interviene. Muchos residentes de las afueras de la ciudad de Holguín se han ido metiendo de manera apretada en los barrios marginales, y después de vivir amenazados con ser desalojados por irregularidades en el tendido eléctrico, pusieron cara a las autoridades para apoyar a los que viven en el barrio La Fornet: “Hicimos reclamaciones directas al gobierno, mediante un proyecto que se llama Defensoría del Pueblo y les indicamos cómo hacer las cartas y recoger firmas, apoyamos las manifestaciones que hicieron ellos mismos con niños, ancianos y mujeres que se presentaron ante la Empresa Eléctrica”.
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"Electrificaron un barrio después de nuestras denuncias"
"Ante la recogida de firma y la asesoría que les brindaron a los vecinos, un día vinieron y solucionaron los problemas, sucedió en agosto pasado. Hoy tienen metrocontadores, uno por cada diez casas, porque ellos mismos (los electricistas) explicaron que no tienen los postes para el tendido, pero ya pagan electricidad y les llega con mejor calidad”, relató a martinoticias.com desde la ciudad de Holguín.
A principios de septiembre de este año Geordanis Muñoz, activista de UNPACU en Palma Soriano, se presentó en el barrio Melilla en Santiago de Cuba, porque hacía días a los niños no les vendían leche. Los vecinos le dijeron que denunciara la queja y que ellos, por su parte, también iban a protestar.
“Rápidamente el gobierno tomó como iniciativa llevarles leche en polvo allí. Ellos (los vecinos) contaron con nosotros y vieron que pudieron resolver esa situación allí”, relató Muñoz al programa Contacto Cuba, de Radio Martí.
También el periodista independiente Guillermo del Sol, fue punta de lanza denunciando un círculo infantil en Villa Clara en mal estado constructivo. Tomó las quejas de los padres de los menores y las hizo públicas en medios de prensa internacionales que abordan el tema cubano: “Enseguida el Estado tomó cartas en el asunto, prepararon una brigada y rápidamente resolvieron la situación”.
Presionar a la burocracia
Los cubanos saben que las instituciones no funcionan y que los responsables no atienden las quejas de los ciudadanos. Entrar en la noria de las gestiones legales puede ser un viaje largo y sin regreso. Aun así abogados independientes y otros activistas sociales aconsejan agotar primero estos escalones y luego recurrir a la denuncia pública.
El abogado Wilfredo Vallín por años ha emprendido una lucha porque la entidad que preside, la Asociación Jurídica Cubana, sea inscrita en el registro cubano de asociaciones. Desde allí brinda asesoría legal gratuita y acompaña a quienes se sienten burlados por las autoridades ante la inercia que se vive en el país.
Vallín considera que hay dos problemas fundamentales en estos casos: “Muchas personas no saben cuáles son los derechos que la Ley les brinda y la policía no cumple con lo que está establecido en la ley hecha por el propio gobierno ‘revolucionario’, que se considera que ellos mismos representen, y por eso la gente no cree en esa legalidad”.
Igualmente imposibilitada de ejercer la abogacía, Laritza Diversent ha apoyado a familiares de presos por motivos de opinión a quienes les insiste en que agoten todas las posibilidades legales hasta llegar al Tribunal Supremo. Uno de sus casos más cercanos es el de la comunicadora Juliet Michelena.
“En la ley de Procedimiento Penal está ausente la orden de detención y las autoridades tienen luz verde para detener a las personas que ellos consideren. En este caso, como somos los disidentes, sin ningún derecho que nos pueda proteger”, señaló Diversent.
Los familiares de Michelena deben esperar por una respuesta del Tribunal Supremo para un cambio de medida. Desde que empezó a desmontar el caso, Diversent ha marcado las irregularidades. “Fue una detención arbitraria porque Cuba es firmante de la declaración Universal DD.HH. y los Pactos de Derechos Humanos, aunque no han sido ratificados por el gobierno cubano, tiene el compromiso de hacerlos cumplir", finalizó.
Odelín Alfonso es periodista independiente y recibe en la Asociación Pro Libertad de Prensa, como si fuera un buró de quejas, a familiares atribulados por la dejadez de los funcionarios: “Vienen a nosotros con este tipo de quejas, pero siempre sugerimos que utilicen primero los canales legales y después muchos retornan porque las respuestas son insuficientes o no ha habido respuesta alguna, y retornan a la prensa independiente.”
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Odelín Alfonso aconseja que las personas utilicen primero las instituciones y luego publicar las denuncia
Alfonso recuerda cuando el periodista independiente José A. Fornaris, con quien comparte el trabajo de la Asociación Pro Libertad de Prensa, denunció que los trabajadores de una fábrica para el mejoramiento de pieles en el poblado de Managua, La Habana, iban a quedar desempleados porque la misma estaba cerrando ya. Cuando publicó la nota “y la protesta de los trabajadores llegó a instancias superiores, el centro retornó a su trabajo normal y muchos trabajadores volvieron a sus puestos”, dijo finalmente.