El Instituto Patmos, organización de la sociedad civil cubana que tiene entre sus objetivos el monitoreo y defensa de las libertades religiosas, envió un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que sea tenido en cuenta como parte del Examen de Revisión Periódica Universal al que deberá someterse Cuba en mayo de 2018.
El informe valora casos en la isla desde 2014 al 2017, pero hace enfasis en las de expulsiones de estudiantes y profesores de universidades por motivos ideológicos de índole política o religiosa, que tuvieron un incremento en 2017, y que están relacionados con el Instituto Patmos o sus familiares, dijo a Martí Noticias Raudel García Bringa, Coordinador de Patmos en Miami.
García Bringa explicó que aunque presentaron las notificaciones de los casos de expulsiones de universidades de la Habana, Villa Clara y del Oriente del país, hicieron énfasis en la Universidad Central de Las Villas Martha Abreu (UCLV), "por ser el lugar donde más situaciones se dieron recientemente".
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Declaraciones de Raudel García Bringas
En este año, los hermanos Dalila y Leonardo Rodríguez González, ambos profesores, fueron apartados de ejercer la docencia en la UCLV por ser cristianos activos en su iglesia local, e hijos de Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador del Instituto Patmos en la región central de la isla.
Leonardo Rodríguez durante participación en curso del Instituto Interamericano de DDHH (2016)
El informe menciona el caso de la estudiante Karla Pérez González, a la que expulsaron de la carrera de Periodismo por razones de discriminación política.
En 2016, las autoridades docentes de la UCLV privaron del derecho a repetir año en la carrera de Agronomía a Víctor Manuel López Sánchez y el proferor adjunto Luis Pérez de Castro decidió abandonar el centro "por voluntad propia".
Al profesor adjunto le "sugirieron" que pidiera la baja, y le explicaron que no podía trabajar allí por haber salido en fotos con "elementos contrarios a la revolución", en franca alusión a intelectuales relacionados con actividades del Instituto Patmos.
En otras Universidades
El informe presentó también el caso de Félix Yuniel Llerena López como víctima de discriminación religiosa e ideológica, a quien impidieron continuar estudios en la carrera de Historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana (en 2017).
Félix Llerena
Al momento de la separación de los estudios, Llerena López era Coordinador Occidental del Instituto Patmos y había realizado denuncias de violaciones a la libertad religiosa ante entidades internacionales.
Garcia destacó que "son casos de profesores y alumnos que han tenido una conducta excelente desde todos los aspectos y se ha actuado de forma arbitraria contra ellos”.
Los victimarios
En el informe ante la ONU, el Instituto Patmos también llamó la atención sobre los victimarios, que han actuado “deliberadamente” contra personas que tienen derecho a la libertad de pensamiento y religión.
Señalan el caso del rector Andrés Castro Alegría, “uno de los principales responsables de estas serias violaciones, quien reconoció en reuniones en que convocaba al claustro de cada una de las facultades de la UCLV la expulsión de 16 personas entre profesores y estudiantes de esa universidad.
El funcionario admitió que en las resoluciones emitidas contra los casos de Dalila Rodriguez y Karla María Pérez no se declararon con claridad los motivos de la separación, pues esto generaría aún mayor revuelo del que ya existía en las redes sociales.
El rector dio órdenes a los decanos de cada facultad de seleccionar a 15 profesores para refutar por encargo todo cuanto apareciese en las redes denunciando sus violaciones, y para que lo defendieran "a él y a la universidad", agregó el informe de Patmos, que también señala los casos de Marilín Guadalupe Herguera Veiga, profesora de Español para extranjeros en la Facultad de humanidades, y Guillermo León Mena, profesor de Inglés, ambos en la UCLV.
A criterio de Patmos, los victimarios han sido cómplices no solo del rector Andrés Castro, sino directamente de los agentes de la Seguridad del Estado que, interfiriendo en la vida académica de la universidad, la han convertido en otro cuartel al servicio de sus represiones, lo mismo contra sus compañeros profesores como contra los estudiantes.