Con tres votos a favor y dos en contra, los magistrados también dictaminaron que un tribunal inferior estude las pruebas presentadas por una fiscal especial.
El fallo también se aplica a Mario Moya, secretario de Gobernación durante el mandato de Echeverría, pero no a otros nueve acusados por la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Echeverría, quien estuvo en el poder entre 1970 y 1976, es acusado de haber ordenado la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, en la que murieron al menos 12 personas.
El procurador Ignacio Carrillo calificó el veredicto como un gran paso. El abogado defensor de Echeverría y Moya, Juan Velázquez, dijo que los ex funcionarios están en sus domicilios en México con la tranquilidad de que no existen pruebas para acusarlos de genocidio.
El fallo está basado en una reforma a la Carta Magna en 1982, que establece que el conteo para la prescripción de un delito queda suspendido si los presuntos responsables gozaban de fuero constitucional.