En una comunicación enviada al Dr. Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los congresistas norteamericanos Mark Green, María Elvira Salazar y Carlos Giménez emplazan a dicha organización para que les sea enviada “una copia del informe independiente” sobre el “tráfico de médicos cubanos".
En el encabezamiento de dicha requisitoria, los firmantes confiesan sentirse “consternados por las tácticas utilizadas” por dicha organización “para evitar rendir cuentas por permitir que Cuba trafique con miles de sus médicos y otros profesionales de la salud a Brasil entre 2013 y 2018”.
En 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo anunció que la OPS “llevaría a cabo una investigación independiente sobre su papel en el programa Mais Médicos para responder a las preguntas de los funcionarios estadounidenses”, lo cual, al no ocurrir, ha motivado el reclamo de los congresistas.
En el documento dirigido al presidente de OPS, los representantes estadounidenses critican al Dr. Barbosa por obstruir el curso de las investigaciones, tanto “al impedir la divulgación completa de su conducta, como al retrasar y negar constantemente a los médicos cuyos salarios fueron confiscados por la OPS y Cuba”.
“¿Se están utilizando fondos de los contribuyentes estadounidenses para pagar a abogados que niegan al gobierno información básica sobre las acciones de la OPS, y para negar a los médicos su día en los tribunales?”, cuestionan los políticos norteamericanos recalcando que dicha organización, con sede en Washington, DC, “recibe cada año decenas de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses”.
El escándalo de las Brigadas Médicas cubanas en Brasil se destapó en 2018 tras asumir el poder el presidente Jair Bolsonaro, que sacó a la luz la contratación por su antecesor de más de 10 mil médicos cubanos para cubrir la campaña bautizada como Mais Médicos.
Estas brigadas, que generan miles de millones de dólares para el régimen, han sido critidas en varias instancias por violar la ley. Por ejemplo, destaca el vínculo contractual de los representantes cubanos y la Organización Panamericana de Salud que de acuerdo con expertos legales viola “las leyes brasileñas, estadounidenses e internacionales" y es calificado como “tráfico de mano de obra esclava”.
Solamente en este caso, el régimen cubano se benefició con cientos de millones de dólares y la OPS obtuvo unos 75 millones por su labor de “mediador”. Asimismo, se denunció que los galenos cubanos no recibieron salarios normales en Brasil, porque eran confiscados y entregados en gran parte al gobierno cubano. Unido a esto, se ha denunciado que la calidad de rehenes en la que debían desarrollar su labor los doctores cubanos quedó de manifiesto ante el mundo cuando salió a la luz el decomiso de pasaportes al llegar a su destino.
La solicitud enviada por los congresistas subraya como algo “sorprendente” el que la OPS no niegue ninguna de estas acusaciones y acuda sólo a la “impunidad” porque “su intermediación financiera carece de nexo con Estados Unidos porque recibió todo el dinero, y pagó a Cuba, en Brasil”.
“Se trata de un abuso escandaloso del proceso legal y de un esfuerzo por ocultar información crítica al público”, señalaron los tres congresistas de Estados Unidos.